En lo que supondrá otro revés parlamentario para el Gobierno, el Senado se encamina hoy a sancionar definitivamente una recomposición jubilatoria que contiene una nueva fórmula de movilidad de los haberes. La iniciativa, que desafía el equilibrio fiscal de Javier Milei, cuenta con media sanción de Diputados y podría lograr un considerable apoyo en la Cámara alta. Si bien el Presidente anticipó que podría vetar este proyecto, la posibilidad de que sea acompañada por una holgada mayoría implicará un significativo costo político y condicionará los planes de la administración libertaria.

Con 21 oradores anotados, se esperan más de cinco horas de debate, por lo que se estima que la votación en general se concrete pasadas las 18.

El quorum se logró pasadas las 11 con el aporte de todos los bloques políticos. En labor parlamentaria los bloques acordaron evitar la utilización de cuestiones de privilegio por parte de los senadores.

Poco después de iniciada la sesión, y en una jugada inesperada del radicalismo, el senador catamarqueño Flavio Fama (UCR) logró aprobar una moción de preferencia para incluir en la próxima sesión el proyecto que busca garantizar el financiamiento universitario, que cuenta con media sanción de Diputados. Esta iniciativa encomienda al Poder Ejecutivo a actualizar –cada dos meses y por inflación– los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios, además de reconocer la inflación acumulada desde enero.

Con 67 avales y ningún rechazo ni abstenciones se le dio luz verde al proyecto de la senadora santafecina Carolina Losada (UCR) mediante el que se busca ampliar la cantidad de implicados en el delito por la venta o sustracción de menores así como aumentar las penas con una escala que va de los 5 a los 15 años de prisión. La iniciativa seguirá su curso en la Cámara de Diputados.

Jubilaciones

Tras un cuarto intermedio para definir quien sería el miembro informante del despacho de mayoría, el senado retomó el debate de la recomposición jubilatoria. La cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro), presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, no quiso asumir el costo de defender un proyecto que afecta las cuentas de la administración libertaria.

Para sorpresa de todos, ese rol lo asumió el kirchnerista Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires), quien explicó los fundamentos de una iniciativa que impulsó el radicalismo en la Cámara de Diputados y Unión por la Patria acompañó.

De aprobarse, será la segunda derrota del oficialismo en el Congreso, un día después de que la Cámara de Diputados rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/2024 por el que Milei incrementó $100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Resta el pronunciamiento del Senado para dejarlo sin efecto. Se le suma al hecho de que el Gobierno también perdió el control y la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que quedó en manos del senador Martín Lousteau y los representantes del kirchnerismo.

El incremento de los haberes jubilatorios tuvo dictamen del plenario de comisiones del Senado a principios de agosto y está en condiciones de ser discutido en el recinto. Fue acompañado por radicales, kirchneristas y referentes de fuerzas provinciales. El oficialismo y el Pro, en tanto, se opusieron.

Poco antes de iniciada la sesión, el Presidente reprodujo un mensaje en X de Javier Lanari, subsecretario de Prensa, quien anticipó que “todo lo que ataque” el equilibrio fiscal será vetado. Arremetió nuevamente contra los “degenerados fiscales”.

El equilibrio fiscal es la columna vertebral del plan económico. Todo lo que ataque eso se va a vetar. El «costo político» no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar. Lo van a pagar los degenerados fiscales…

— Javier Lanari (@javierlanari) August 22, 2024

Esta iniciativa fija una recomposición del 8,1% de inflación correspondiente al mes de enero que no fue incluida en la actualización que el Presidente determinó por decreto, en abril. Sumado a esto, define al Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual como la variable de la movilidad para las jubilaciones, que deberán estar por encima del valor de la canasta básica de alimentos. Además, crea una cláusula gatillo anual que se aplicará automáticamente siempre que los salarios hayan subido más que la inflación y será del 50% de esta diferencia. Por último, exige que en un plazo de seis meses el Poder Ejecutivo salde las deudas con las 13 provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional y cumpla las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados.

Para este año, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) –dirigida por Gabriel Esterelles– estimó que estas modificaciones representarían un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de alrededor del 0,44% del PBI. En tanto, el mismo organismo estimó que las deudas con las cajas provinciales asciende a un valor corriente de $703.353 millones, monto equivalente a 0,13% del producto.

Para la diputada de Pro Daiana Fernández Molero, el impacto que calculó la OPC solo podría aplicarse para este año, dado que no contempla el refuerzo por RIPTE. La legisladora indicó a LA NACION que, con la incorporación de la variable salarial en la fórmula, el costo fiscal anual contando un período de cinco años se dispararía a 1,9% del PBI. Por eso, calificó la fórmula como “explosiva”: “Este agregado es asimétrico ya que solo se aplica en los años que el salario real sube y no lo corrige cuando baja”, enfatizó la economista.

A pesar de que el Gobierno trató de incorporar modificaciones al proyecto para morigerar el costo fiscal y dilatar su sanción definitiva, la oposición está dispuesta a apoyar la sanción y evitar más postergaciones.

Aumento de sueldo

Los senadores también discutirán dos proyectos que versan sobre las dietas que perciben. Se da después de la repercusión política y mediática que generó la noticia del nuevo aumento de sus sueldos, que rondarán los $9 millones en bruto.

Tras las críticas del Presidente al Senado, que fueron leídas como una nueva afrenta hacia su titular, Victoria Villarruel decidió tomar la iniciativa y obligar a los legisladores a discutir la suspensión del incremento en el recinto del Senado.

Se discutirá una iniciativa para desengancharse del último aumento otorgado a los trabajadores legislativos y un congelamiento de sus dietas hasta el 31 de diciembre. También se abordará un proyecto del kirchnerismo que propone equiparar los sueldos de los tres poderes del Estado y fijar un techo de de 20 salarios mínimos.

Si bien la primera propuesta de desenganche fue incluido en la sesión ordinaria, el segundo, de autoría de José Mayans (Unión por la Patria) es parte del temario de la sesión especial, convocada posteriormente. Es posible que ésta última no logre el quorum necesario dado que toca un tema espinoso: los haberes del Poder Judicial.

LA NACION