El escándalo por la visita de diputados libertarios a represores en Ezeiza finalizará sin investigación y con una posible sanción leve

Con el guiño de la UCR y de Pro, el oficialismo truncó la intención del kirchnerismo y la izquierda de someter a investigación el escándalo que desató la visita de seis diputados libertarios a represores detenidos por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza. El episodio, que escaló con la divulgación de chats privados que dan cuenta de presuntos proyectos para beneficiar a los condenados, se cerraría la semana próxima con una declaración de repudio o, a lo sumo, un apercibimiento.

Esta cuestión fue motivo de un acalorado debate de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja. El kirchnerismo denunció, en el arranque, que detrás de este episodio hay “un plan de impunidad con el objetivo de liberar genocidas” y que esto amerita una investigación por parte de los diputados que debería, al menos, incluir la citación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante las sospechas de que habría facilitado el ingreso de los seis libertarios al penal de Ezeiza.

“Lo único que pretenden es montar es un circo político”, enfatizó el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien leyó en voz alta la posición de su bloque.

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“No hay un plan secreto ni conspiración para garantizar impunidad, ya lo aclaró Javier Milei públicamente –enfatizó–. Se puede valorar una visita, se la puede repudiar. Pero imponer sanciones o expulsiones es otra cosa, sería crear antecedentes muy peligrosos. En esta Cámara hubo diputados que compartieron fotos con dictadores como Nicolás Maduro o Fidel Castro, con dictadores de otros países también condenados por delitos de lesa humanidad, fotos que también son reprochables. Imaginen diputados que sean expulsados por esas fotos”.

Desde el kirchnerismo, los diputados Vanesa Siley, Paula Penacca, Cecilia y Leopoldo Moreau y, por último, Germán Martínez, insistieron a coro que no basta una declaración de repudio o, como calificó Martínez, una “sanción light”. Martín Soria fue más allá e incluso advirtió que en la visita a Ezeiza habrían concurrido delitos como abuso de poder, tráfico de influencias, cohecho y, por si fuera poco, asociación ilícita.

“Esto no fue solo una visita, una visita aislada. Hubo otra anterior, el 11 de marzo. En los chats aparecen más nombres de diputados, además de los que fueron a Ezeiza. Uno de ellos [el entrerriano Beltrán Benedit, el organizador de la visita] comenta que le pidió a la ministra [Bullrich] que se eliminen los procedimientos habituales y legales para el ingreso al penal. ¿O habrá sido la ministra la que le propuso facilitarle el ingreso al diputado? ¿No les genera ninguna pregunta esto?”, acicateó la diputada Penacca.

“Por eso hay que investigar y no sancionar a la marchanta. Payasada es pretender cerrar el tema rapidito con un apercibimiento, un ´chas chas en la cola´ y sin investigar”, agregó Penacca. Cecilia Moreau asintió. “Sí hay un plan, un plan que confesaron los propios diputados con genocidas. No lo decimos nosotros: si esto llegó a los medios fue porque los propios diputados lo hicieron público”, aguijoneó.

Pese a la insistencia de los kirchneristas, tanto el oficialismo como los diputados de Pro y la UCR no mostraron entusiasmo alguno por iniciar una investigación. Todo lo contrario. La presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato, fue clara: su comisión no tiene facultades investigativas. “Solo la tiene la Comisión de Juicio Político”, enfatizó.

Lospennato agregó que si bien la Cámara baja puede crear una comisión investigadora, esta tiene que crearse por ley, es decir, con el aval del recinto. El kirchnerismo y la izquierda no tienen la mayoría para imponer este criterio, y el oficialismo como sus aliados lo saben.

De allí a que la intención del oficialismo sea cerrar el episodio la semana próxima. A propuesta del diputado radical Fernando Carbajal se acordó citar para la semana próxima a los seis diputados libertarios a que formulen su descargo antes de definir una eventual sanción, una facultad que sí tiene la Comisión de Asuntos Constitucionales.

“Siempre un organismo con potestad sancionatoria debe tener que garantizar el derecho a ser oído. Desde nuestro bloque queremos asegurar este derecho”, enfatizó Carbajal.

Habrá que ver si los seis libertarios concurrirán a dar su descargo; podrán hacerlo en persona o por escrito, sugirió Lospennato. Posteriormente se dictaminará, indicó. Esta instancia también promete desatar un fuerte debate: varias son las voces que creen que los legisladores involucrados no cometieron ninguna falta.

“Aquí no hubo delito, tampoco una falta de decoro. Nosotros no somos quiénes para decirle a un diputado qué proyecto puede presentar o no. Yo no votaría una amnistía para los represores, pero un diputado tiene todo el derecho a presentarlo como yo tengo todo el derecho a no votarlo. El que juzga es el voto popular”, enfatizó Alejandro Finocchiaro, de Pro.

LA NACION