La respuesta de Adorni cuando le preguntaron por los 20 asesores del senador Abdala
Los 20 asesores del senador libertario Bartolomé Abdala pegaron de lleno sobre el discurso de austeridad del Gobierno, sobre todo porque el legislador dijo que los utilizaba para su carrera hacia la gobernación de su provincia, San Luis. Este viernes llegó la respuesta formal de la Casa Rosada, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien criticó el accionar pero que a la vez se despegó y aseguró que este tema debe ser resuelto en el Congreso.
“Tenemos una posición muy firme, para nosotros los asesores legislativos son para analizar, diseñar, proponer y ayudar a que los legisladores propongan leyes y lleven adelante la tarea. Cualquier función por fuera de eso está mal y se debe modificar. Y esto excede al senador Abdala”, sostuvo Adorni después de que el senador contara que tiene 15 asesores (cinco menos de los reales) y justificara sobre el rol de su equipo: “Mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio”.
Según Adorni, las consideraciones de Balcarce 50 corren para todos los diputados y senadores, y no solo para el puntano, aunque dijo: “Por supuesto que si alguien quiere hacer política, la debe hacer de su bolsillo y no con plata que el destino no sea ese. El dinero es igual para todos y cada uno lo destina como mejor le parece, debe estar destinado a la mejora de las leyes y que el Poder Legislativo mejore”.
No obstante, el vocero evitó inmiscuirse, a pesar de que la semana pasada bajó la orden de Presidencia de que se apartara al senador Francisco Paoltroni del bloque oficialista por haber criticado al asesor Santiago Caputo cuando objetó la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema.
“Es un tema del Poder Legislativo y de hecho claramente el Congreso, ambas cámaras, están sujetas a los accesos a la información pública para el funcionamiento de los legisladores, incluso de Abdala, que deberá explicar cuáles eran las funciones de sus asesores”, indicó Adorni, luego del escándalo de estos días. La referente de Abdala en el Senado es la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
Justo en relación con los pedidos de acceso a la información pública, Adorni ratificó que no modificarán el decreto a través del cual Milei limitó este derecho, que despertó el enojo de la oposición. Así descartó lo que manifestó en la Cámara de Diputados el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien había abierto la ventana a un posible diálogo para introducirle cambios, pese a que evitó mostrar algún tipo de tensión con el ministro coordinador.
“Esto de las internas, peleas, discusiones entre funcionarios de alto rango, como Guillermo Francos, Santiago Caputo [en contra de ceder sobre el texto de la norma publicada en el Boletín Oficial], o cualquier persona cercana a Milei es falso. Nosotros siempre estamos dispuestos, bajo cualquier circunstancia, a modificar algo; no va a ser el caso este”, aclaró.
Pero para no elevar las rispideces, aseguró que “no hubo contradicción” en las palabras de Francos del miércoles, cuando fue a dar su informe de gestión. “Simplemente Francos entiendo que quiso expresar que estamos dispuestos a hacer cualquier modificación que vaya en contra de al ley, o que haya cosas que estén mal, pero no es este el caso en el que va a ocurrir”, insistió.
Para justificar esta postura inamovible de Milei y su séquito, Adorni expuso algunos requerimientos que llegaron al Ejecutivo. “Acá se trata de que el acceso a la información pública no sirva nada más que para eso y no destinar más recursos, para que toda la sociedad esté informada de lo que pasa en el Estado nacional, que es el espíritu de la ley, pero no que la información vaya en contra de la privacidad de los funcionarios”, dijo y fue ahí que alegó: “En esta gestión se multiplicaron por diez los pedidos. Por ejemplo: la marca de té que tomamos, la raza y el color de las mascotas, si son felices (esto creo que era en relación al perro de un funcionario), que no les tiene por qué importar. Nos preguntaron si Fernández cursó la Ley Micaela o qué materia dictaba en la UBA, cuántas quejas recibió el Registro de Brandsen en julio de 2010. Esto consume mucho recurso público y no hace a que la gente esté enterada de lo que pasa”.
Bajo la premisa de que este gobierno es el primero que va a “defender la transparencia y la honestidad”, el vocero detalló: “En 2020 hubo 57 pedidos de acceso a la información pública; en 2022 hubo 95; en 2023 hubo 65; y ahora, 558 hasta agosto. Esto no va en contra de la información, simplemente es tratar de ordenar cosas que no hacen al erario público o a la honestidad de los funcionarios, y que además concentra mucha utilización de recursos. No se ha recibido amparo y judicialización por las respuestas”.
LA NACION
