Casi toda la cuadra de la calle Bartolomé Mitre entre Ecuador y Jean Jaures son persianas bajas. Detrás, están los inmuebles en los que funcionó el boliche República Cromañón, donde en la trágica noche del 30 de diciembre de 2004 fallecieron 194 jóvenes. “Espacio de memoria. Cromañón nos late”, dice en una de ellas. “Sin memoria, no hay futuro”, se puede leer en un poste de luz. “No olvidamos, no perdonamos, no se abre”, se expresa en otro. Y en otra de las persianas fueron escritos los nombres de las víctimas.

Cuando falta poco más de un mes para los 20 años del mortal incendio, aún no se concretó la expropiación de esos inmuebles, aprobada por una ley sancionada en el Congreso a fines de 2022. El plazo para iniciar el correspondiente juicio eran dos años, que se cumplieron ayer. La administración de Alberto Fernández, pese a que dispuso que el Ministerio de Justicia sería el encargado de llevar adelante el proceso, no lo inició. Ahora, a punto de vencerse el plazo, la gestión libertaria empezó el juicio y solicitó que, a modo de excepción, se permita el anticipo de la toma de posición de los inmuebles para poder avanzar con los pasos restantes, según explicaron representantes de las ocho organizaciones de víctimas. Ante la consulta de LA NACION, la Secretaría de Derechos Humanos, que depende de aquel ministerio, solicitó más tiempo para contestar.

“Se inició el juicio expropiatorio sin la tasación porque no fue posible hacerla. No se pudo notificar a la empresa propietaria del inmueble porque ‘se mudó’ del domicilio legal y la Justicia no hizo lugar a entrar por la fuerza. Frente a la posibilidad de caída de la ley, la Secretaría de Derechos Humanos inicia el juicio pidiendo la posesión. Por un lado, preventivamente, hasta tanto se pueda tasar y el juez fije el monto indemnizatorio. Por otro lado, pide una medida de constatación de los inmuebles, que sería entrar por la fuerza y permitir tasar”, explicaron fuentes de las organizaciones.

En paralelo, en el Congreso hay tres iniciativas que buscan la prórroga de la expropiación. El senador Sergio Uñac (San Juan) presentó un proyecto para que se extienda el plazo por dos años más; ese mismo plazo solicita el proyecto de sus pares cristinistas Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) e Inés Pilatti Vergara (Chaco). En Diputados, la propuesta que cuenta con la firma de Paula Penacca, Vanina Biasi, Ana Carrizo, Christian Castillo, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Margarita Stolbizer solicita que se prorrogue por cuatro años; las organizaciones están en comunicación con los firmantes para que soliciten una sesión especial para su tratamiento.

La ley N°27.695, aprobada por ambas cámaras del Congreso, declara en su artículo 1 “de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la ley 21.499″ los inmuebles situados en Bartolomé Mitre 3038/78, predios popularmente conocidos como “República Cromañón”. Plantea en el siguiente artículo que serán destinados a la “creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004″ y que se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, a la vez que se organizarán actividades culturales e informativas. Además, dispone que la “edificación existente en los inmuebles expropiados deberá conservar los elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar. Asimismo, se deberán garantizar las acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio”.

Además, la ley explicita que “se tendrá por abandonada la expropiación –salvo disposición expresa de ley especial– si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley que la autorice“. Los dos años se cumplieron ayer.

“El gobierno nacional no estaba dispuesto a firmar un decreto en el que las organizaciones de víctimas tengan potestad y mayoría para decidir qué se iba a contar y cómo se iba a contar lo que sucedió en Cromañón, una vez construido el espacio de memoria”, consideró Nicolás Pappolla, sobreviviente de Cromañón e integrante de El Camino es Cultural.

Y agregó: “Para acercarse a la realidad y contribuir a que Cromañón no suceda nunca más, es la mejor forma que encontramos de honrar la memoria y trascendernos. Convertir esos inmuebles en un espacio de memoria nos permite trascendernos, poner en tensión la construcción mediática, resguardar nuestros testimonios con la certeza de que cuando dejemos de estar en este plano ese espacio seguirá existiendo como una oportunidad a las nuevas generaciones de conocer el pasado reciente de nuestro país, no olvidarnos de lo que pasó y ayudarnos a interpretar mejor el presente para proyectar un futuro mejor”.

Pese a que, según relatan las organizaciones de víctimas no se reunieron con la nueva Secretaría de Derechos Humanos, como sujeto expropiante inició los trámites para terminar el proceso de tasación de los inmuebles y avanzar con la expropiación.

“Vuelven a quedar expuestos ante la falta de resolución, por acción, omisión o negligencia del Poder Ejecutivo. Una ley votada por unanimidad y de forma transversal en el Congreso de la Nación termina convirtiéndose en un papel vacío. Ojala lleguemos a los 20 años con la tranquilidad de que tenemos una prórroga que garantice la construcción de un espacio de memoria para que en Cromañón, donde hubo tanta muerte joven, donde quedamos a oscuras, pueda volver a entrar luz, se pueda honrar la vida. Para que eso suceda, el Estado nacional debe ser quien tenga las llaves del lugar”, agregó.

En la Legislatura

A la vez, las víctimas reclaman una modificación de la ley N°4786 de la Legislatura porteña, tendiente a cambiar el paradigma desde el que aborda la problemática. “Proponemos modificar el objeto de la ley 4786, para dejar de hablar de una ‘asistencia integral’ y pasar a hablar de una ‘reparación integral’. Que deje de citarse Cromañón como una ‘tragedia’ y en consecuencia como algo inevitable, para nombrarlo como una ‘masacre’, un hecho evitable en el que la responsabilidad estatal ocupa un lugar central en la semántica de la palabra”, explicó Pappolla.

“También incorporar nuevos artículos como ser el cuidado y mantenimiento del santuario, la capacitación obligatoria para funcionarios y empleados de la ciudad; acompañamiento a víctimas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho a la inclusión de las víctimas”, señaló sobre el proyecto que presentaron con las ocho organizaciones: El Camino es Cultural, No Nos Cuenten Cromañón, Movimiento Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Ni Olvido Ni Perdón, Plaza los pibes de Cromañón Presentes, Sin Derechos No Hay Justicia y Que No se Repitan.

LA NACION