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“Me tomó bronca”: la explicación de la abogada procesada por “entregar” el secuestro de un vecino del country donde vivía

Ayer cumplió 43 años. Su festejo fue tras las rejas. El viernes pasado fue procesada con prisión preventiva por su “participación necesaria” en un secuestro extorsivo. La víctima, el dueño de 16 locales de venta de ropa, estuvo cautiva hasta que su familia pagó un rescate de 10.000 dólares, 1.200.000 pesos y joyas. Ella es abogada y hasta su detención vivía en el mismo country donde reside el comerciante, en Los Abedules I, en Los Polvorines, en Malvinas Argentinas.

“Cabe aclarar que conforme los elementos de prueba, la intervención de Yanina P. [la abogada detenida] en el hecho se sitúa en una participación necesaria, dado que si bien no puede ubicársela en el lugar del hecho ni en las tareas de logística y seguimiento que realizaron los otros integrantes de la banda, sí puede concluirse que, aprovechándose del vínculo de amistad que la unía a Gisela G. [la mujer del comerciante] y sus contactos en ocasión al asesoramiento legal brindado a la víctima, aportó información vital a los autores materiales del ilícito que permitió llevar a cabo el secuestro extorsivo de Lucas B.”, sostuvo el juez federal Juan Manuel Culotta al fundamentar el procesamiento de la “vecina entregadora”.

El magistrado, además, procesó con prisión preventiva a otros seis sospechosos que estuvieron detrás del plan criminal. Entre ellos a Alejandro S., el amante de la “abogada entregadora”.

Como informó LA NACION, el secuestro de Lucas B. ocurrió el 24 de agosto a las 22.48. La víctima fue interceptada por sus captores cuando estaba por llegar a los Abedules I. La secuencia quedó grababa por una cámara de seguridad instalada en la zona.

Después de dos meses de investigación, que incluyó el análisis de la activación de las antenas de los teléfonos celulares usados en el secuestro y la visualización de imágenes captadas por cámaras de seguridad, el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc, y detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín, a cargo del comisario mayor Pablo Machicote, identificaron y detuvieron a siete integrantes de la banda, entre ellos a la “vecina entregadora”. Como se dijo, el viernes pasado los integrantes de la banda fueron procesados con prisión preventiva.

Yanina P. [la ‘entregadora’] evidentemente era quien contaba con información esencial de la víctima (tal como días, horarios y recorridos en los que buscaba la recaudación de sus locales) y tuvo para con Lucas B. y su pareja, días previos al secuestro, conductas sumamente sugestivas, por cuanto tendían a la búsqueda de información respecto de sus movimientos, con lo que entiende esta representación del Ministerio Público Fiscal que, con el fin de que el hecho se concretara del modo en que se materializó, brindó a la banda tales detalles esenciales”, explicó el fiscal Starc cuando solicitó la detención de la abogada y de los demás sospechosos.

El fiscal Paul Starc estuvo a cargo de la investigación del secuestro

Según pudo determinar el fiscal Starc sobre la base del testimonio de la víctima, la información que la abogada le entregó a la banda de captores la obtuvo cuando asesoró a Lucas B. por un problema contractual con un empleado.

Justamente lo secuestraron un sábado, cuando terminaba de hacer su recorrida semanal para buscar la recaudación de sus locales de venta de ropa.

Cuando fue indagada, la abogada dio una explicación que no convenció a los detectives judiciales. Yanina P. contó cómo se hizo amiga de Gisela G., la pareja del comerciante. También sostuvo que a Alejandro S. lo conoció en un gimnasio.

“Dijo que, según le comentó la propia Gisela, ella no tenía independencia económica porque tiene dos hijos de otro matrimonio y quien solventa todos sus gastos es Lucas B.; incluso, le hizo saber que el hijo de ella de nombre Gonzalo trabajó mucho tiempo con Sebastián, como empleado en uno sus locales, y sabe que recibió mucho maltrato psicológico. También refirió que Gisela no podía hacer ninguna actividad sola porque Lucas B. no la dejaba y que la buscaba a cualquier lado donde ella estuviese y que tenía conocimiento de conflictos familiares y agresiones físicas de Sebastián para con ella. Todas estas circunstancias relatadas, le generaron un sentimiento de lástima, por lo que decidió presentarle varias amigas para que sociabilice, lo que provocó que Sebastián le ‘tome bronca’”, según el expediente judicial.

Además, para conocer el recorrido que la víctima hacía todos los sábados para juntar el dinero de la recaudación “la entregadora” le habría dicho a su amiga que Lucas B. la engañaba con una empleada y que lo iba a seguir para “juntar pruebas”. 

La abogada, en su indagatoria, reconoció haberle ofrecido a Gisela G. seguirlo a Lucas B., “pero eso fue en modo de broma, pero que jamás lo hizo”.

“También dijo que en el marco de la relación de confianza que tiene con Alejandro S., en más de una ocasión al pasar le comentó que Gisela la estaba pasando mal por culpa de su marido y que solo los días sábados podían charlar libremente, dado que Lucas B. se dirigía a sus locales. Aclaró que la intención de saber cuánta plata se había pagado por el rescate era de ‘chusma’, que Gisela era su amiga y lo único que quería era ayudarla. Que por ese mismo motivo le pidió consejos sobre la investigación a un fiscal, y no para obtener información sobre la causa o para averiguar si ella estaba implicada, que solo quería ayudarla. Afirmó que todo lo que hizo fue siempre para colaborar con su amiga Gisela y, no, por Lucas B. al que considera que es una mala persona. Finalmente, refirió que Alejandro S. ingresó en varias oportunidades en el barrio privado Los Abedules I, por lo que sabía donde residía Gisela y Lucas B., y concluyó que pensaba que Alejandro era una buena persona, pero si es real que está involucrado en el secuestro ‘la recagó porque confió en él’”, sostuvo la abogada en su declaración indagatoria.

“Poderosamente la atención”

Cuando declaró, Lucas B. recordó ante los investigadores que su vecina había dicho que Alejandro S. se dedicaba a los robos y secuestros. “A la víctima le llamó poderosamente la atención que, mientras estaba cautivo, uno de los secuestradores le preguntó dónde vivía. El comerciante respondió que residía en el barrio Los Olivares, generando así que otro de los secuestradores le pegase reiteradamente en la espalda, al tiempo que le refirió ‘no mientas’. Lo que le da la pauta de que sabían perfectamente cuál era su domicilio”.

Según pudo reconstruir el fiscal Starc, una semana antes del secuestro, Alejandro S. y otro integrante de la banda siguieron a la víctima por San Fernando para conocer “en vivo y en directo” el recorrido que hacía para retirar el dinero de la recaudación. El recorrido se confirmó a partir del análisis de la ubicación geográfica y la geolocalización de las líneas telefónicas utilizadas por los sospechosos.

Otros tres secuestradores realizaron tareas de inteligencia en las inmediaciones del barrio cerrado Los Abedules en el mismo horario en el que se produjo la captura de la víctima, la semana siguiente.

“El sábado 24 de agosto de 2024, Alejandro S. y los hermanos Leonardo y Facundo E. no solo siguieron a la víctima desde la localidad de San Fernando casi hasta las inmediaciones de su domicilio, sino que también, una vez privada de la libertad, efectuaron los tres encartados lo que comúnmente se conoce como ‘punta’, es decir, controlar que el vehículo en el que viajaba el comerciante no fuera sorprendido por un operativo policial; todo, evidentemente, conforme al plan trazado previamente”, sostuvo el fiscal Starc en su dictamen.

El representante del Ministerio Público explicó en esa presentación que hay pruebas del rol que cumplió cada uno de los siete detenidos en el plan criminal.

“Los hechos resultan prima facie constitutivos de los delitos de secuestro extorsivo agravado por haber cobrado el rescate, por la intervención de tres o más personas y por su comisión con arma de fuego, ello en concurso ideal con el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con la utilización de armas de fuego, como así también en despoblado y en banda”, sostuvo el fiscal Starc al pedir la detención de los siete sospechosos apresados por la policía bonaerense.

LA NACION

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