La Corte Suprema falló contra Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, en la causa de los Cuadernos
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo del exvicepresidente de Electroingeniería Gerardo Luis Ferreyra en la causa de los cuadernos de las coimas, donde su familia denunció al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli, que investigaron el caso.
La pareja e hijos de Ferreyra, quien por entonces estaba detenido, denunciaron a Bonadio y a Stornelli por apremios ilegales y privación ilegal de la libertad en la investigación de dicha causa.
El juez de primera instancia resolvió, de acuerdo con lo solicitado por el fiscal, desestimar la denuncia planteada por la defensa por inexistencia de delito. Los familiares apelaron esa decisión, que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones.
Eso motivó la presentación de un nuevo recurso, que fue rechazado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Así, los familiares plantearon un recurso extraordinario, cuya denegatoria derivó en la presentación de un recurso de queja ante la Corte. El máximo Tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó ese planteo porque no cumplió con los requisitos formales de presentación.
El caso de los cuadernos tiene 161 imputados. La principal acusada es Cristina Kirchner, como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un exchofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios kirchneristas de la cartera del exministerio de Planificación Federal para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. LA NACION hizo la investigación periodística que permitió destapar la maniobra.
La causa Cuadernos se trata, en realidad, de varias causas conectadas. La principal es la que contiene los escritos de Centeno, con tres tramos, y a ella se suman otros casos de fraude y de lavado en los que habría intervenido una organización criminal, sucedida entre 2003 y 2015, “en cuyo marco se canalizaron sobornos y pagos para la satisfacción de intereses espurios y con miras a la obtención de beneficios recíprocos -de empresarios y funcionarios- a razón de ese acuerdo ilícito previo”, según evaluó la Justicia.
LA NACION
