Ficha Sucia: la política argentina, un mercado laboral abierto para condenados

Finalmente, el Congreso lo hizo un 28 de noviembre: en vez de la “ficha limpia” consagró la “ficha sucia”. De esta manera, con solo mantenerse parado cuando había que sentarse, el parlamento argentino consagró una de las mayores paradojas del mercado laboral.

La situación es la siguiente. Cristina Elisabet Fernández, como se la nombra en las carátulas de los expedientes judiciales, tiene una doble condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por haber direccionado licitaciones de obras en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez. Esa condición de condenada, con sentencia confirmada y rubricada por dos tribunales conformados por tres miembros cada uno –no por un juez que podría ser más parcial en su apreciación–, es un gran impedimento para postular a algunos trabajos.

Sin embargo, pese a tener semejante renglón en el curriculum vitae, no impide la posibilidad de ilusionarse con otros empleos, quizá, hasta mejor remunerados. A los ejemplos. Las dos veces presidenta no podría ni siquiera hacer el intento para ser empleada pública. Pero, no tendría impedimento para ser la jefa suprema de todos.

Existen diversas condiciones exigidas para el ingreso a la Administración Pública Nacional que están detalladas en la ley 25.164 que establece el Marco de Regulación de Empleo Público y el decreto reglamentario. La norma exige ser argentino nativo, por opción o naturalizado, más allá de que “el Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa”.

Luego, hay que tener “condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública”. El convenio colectivo de trabajo también dice que se “deberán prever los mecanismos de participación y de control de las asociaciones sindicales en el cumplimiento de los criterios de selección y evaluación a fin de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades. Además, aptitud psicofísica para el cargo.

Pero, inmediatamente después, habla de los impedimentos. “No podrá ingresar a la administración pública: el que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena”. Por si alguna duda queda, hay algo más, ya que tampoco podrá el “condenado por delito en perjuicio de la administración pública nacional, provincial o municipal o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Tampoco podrá ilusionarse con el trabajo en el Estado “el que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos” de administración fraudulenta contra el Estado o por un delito doloso y el que esté “inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos”.

Dicho esto, vale preguntarse: ¿Qué burócrata de la administración o qué director de recursos humanos de una empresa pública podría firmar una vinculación bajo relación de dependencia de alguien que tenga dos penas por haber defraudado al contratante y empleador? Posiblemente, ninguno. Pero como se dijo, la polític decidió que un argentino nativo nacionalizado no pueda ser empleado, pero sí el jefe de todos ellos.

En caso de que la jubilación de privilegio no le sea devuelta y que Cristina Kirchner tenga algún apuro económico, no podría ser policía ya que para llevar uniforme de la Federal hay que tener la ficha limpia. Es decir, no hay que tener antecedentes penales. Y si en el supuesto caso que la necesidad continúe y pida trabajo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente tampoco podrá pertenecer a la bonaerense. En la página oficial del gobierno dice que los efectivos “no pueden registrar antecedentes penales”. Tampoco puede ser militar por razones similares. Eso sí, podrá ser la superior de las fuerzas de seguridad y también Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El sector privado, seguramente haría valer esos requisitos que impiden el acceso a un empleo, aunque sí lo debería hacer cuando la condena esté cumplida.

Así las cosas, un condenado tiene pocas opciones de inserción laboral. Pero le queda un incentivo: ir por cargos públicos o incluso pensar en ser Presidente de la Nación, donde no hay ningún impedimento. Ahí rige la ficha sucia. La política argentina, un mercado laboral abierto a condenados.

LA NACION