Desde hace décadas, la educación en la Argentina ha venido mostrando un deterioro tan visible como la desigualdad social de sus resultados y su ineficacia como base para acceder a empleos formales de calidad o carreras terciarias afines a los avances tecnológicos de escala global.

La dirigencia política sigue sin saldar esta cuenta pendiente, que suma además el incumplimiento total o parcial de leyes sancionadas durante la etapa inicial del kirchnerismo, como el piso de 180 días de clases por año lectivo, la jornada extendida en el nivel primario y la obligatoriedad de la educación secundaria, que 4 de cada 10 alumnos no terminan en tiempo y forma, principalmente en el conurbano bonaerense y otras zonas pobres del interior. En muchos casos, con la anuencia de gremialistas docentes más ocupados en cuidar sus propios intereses que en mejorar el sistema educativo.

Una prueba del deterioro es el decepcionante desempeño en las pruebas PISA, que organiza la OCDE para medir y comparar los conocimientos de los alumnos de 15 años entre 81 países participantes. En la última edición (2022), la Argentina ocupó el puesto 66° en matemáticas, 58° en lectura y 60° en ciencias, por debajo de países de la región como Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, México y Perú, que durante buena parte del siglo XX admiraban su nivel educativo.

Solo superó a El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Paraguay, aunque todos quedaron muy lejos de los asiáticos; principalmente de Singapur, que ocupó el primer puesto en las tres áreas abarcadas por la muestra, que se realiza desde hace más de 20 años. Imposible un mayor contraste con la euforia provocada a fin de ese mismo año por la selección argentina de futbol al obtener la tercera Copa Mundial en Qatar.

Otra quedó registrada a mediados de 2021, cuando el entonces presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, hizo pública la imposibilidad de la compañía automotriz de incorporar a su planta de Zárate a 200 jóvenes por no tener estudios secundarios completos.

“La intención fue entonces visibilizar que los chicos empezaron a perder la percepción de valor del colegio secundario. Hoy también salen con falencias en matemáticas y tienen más interés en TikTok. Además, son pocas las escuelas que buscan acuerdos con empresas para mejorar los conocimientos sobre bases reales”, afirma el ejecutivo, que ahora preside la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

En cambio, Herrero rescata la tarea de Ricardo Pignanelli, titular del Sindicato de Mecánicos (Smata), para mejorar la formación laboral con la colaboración de terminales y concesionarias automotrices. “De la mecánica se pasó a la tecnología”, dice, al explicar que ya no se capacita en la alineación de un tren delantero, sino en conocimientos tecnológicos como los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y motores híbridos. Incluso en las fábricas, como Toyota, los operarios son asistidos por cobots (robots colaborativos) en trabajos riesgosos o de alta precisión. “Con todo el avance tecnológico no te quedás sin trabajo, pero hay que estudiar”, enfatiza. Según afirma, “con un sindicalista como Pignanelli no hace falta la reforma laboral, porque él entiende lo que significa instruir y crecer”.

El titular del Smata explica que desde la pandemia el gremio –de 90.000 afiliados– se preparó para atender motores híbridos a través de cursos presenciales dictados por dos profesores de la Universidad del Salvador y virtuales con tecnología de hologramas.

“Hay además cursos para lo urgente y lo importante”, añade. En el primer caso, para una salida laboral rápida (mecánica ligera, carpintería, herrería, soldadura, chapa y pintura). Y en el segundo, de nuevas tecnologías y robótica en las fábricas para los afiliados, con profesores y títulos aprobados por los ministerios de Educación y de Trabajo que validan materias para el ingreso a universidades en carreras de ingeniería. Esos conocimientos pueden aplicarse también en las industrias petrolera y minera.

El gremio cuenta actualmente con 42 centros de formación y capacitación en edificios propios, colegios secundarios y universidades, donde cursan unas 6000 personas por año. Una auditoría externa encargada en 2023 a la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos, dedicada a la educación, la ciencia y la tecnología) reveló que 70% de los participantes obtuvieron trabajo en el oficio (54% en relación de dependencia y 16% por cuenta propia). “También se dictan cursos abiertos a la sociedad, por lo general en lugares para la recuperación de chicos que necesitan un oficio porque si no se los lleva la droga”, advierte Pignanelli.

Por el lado de las empresas, el Grupo Techint fue pionero en ofrecer programas de jóvenes profesionales para estudiantes avanzados o recién graduados en carreras de ingeniería, sistemas y ciencias económicas, y de prácticas educativas de verano, con una primera experiencia laboral, que lleva 40 años.

El deterioro en números

Más allá de estas iniciativas, el deterioro educativo pasó a ser la regla en vez de la excepción en las últimas cinco décadas y fue extendiéndose a la oferta laboral, donde acentuó la desigualdad social.

Un trabajo publicado por Alieto Guadagni –director del Centro de Estudios de Educación Argentina de la Universidad de Belgrano (Ceaub)– explica que si bien la tasa de empleo medida por el Indec alcanzó a mediados de 2024 a 44,8% en los 31 principales aglomerados urbanos del país, ese promedio encubre grandes diferencias. La CABA lidera el listado, con 50,9%, seguida por Jujuy-Palpalá (47,5%) y el Gran Rosario (47,2%). Pero en el otro extremo se ubican Formosa, San Nicolás-Villa Constitución y Concordia, con valores inferiores a 40 %. Para Guadagni, “mientras más educación haya, menos desempleo tendremos”.

Otro informe –de la ONG Argentinos por la Educación– revela que a nivel nacional el 26% de los jóvenes de 19 a 25 años no tiene secundario completo, y dentro del 74% que logró terminar, 38% trabaja y otro 36% no. En el decil más pobre de ingreso per cápita familiar, solo 21% estudia luego de terminar la secundaria, mientras en el más rico se eleva a 51%. En cuanto a la inserción laboral, el 38% de los jóvenes trabaja después del secundario, pero en proporciones de 14% en el decil más bajo y de 68% en el más alto. En 2023, el 33% de los empleos eran de calidad entre quienes terminaron el secundario y solo 13% en aquellos con estudios incompletos.

Jorge Colina –director de Idesa, con sede en Córdoba– aporta otro enfoque al señalar que la educación es responsabilidad de las provincias y, al ser federal, no resulta igualitaria. Cita el caso de Canadá, que no tiene Ministerio de Educación a nivel nacional, pero sí el mejor sistema educativo. Y lo contrasta con la Argentina, donde la cartera nacional no publica los resultados de las pruebas Aprender (último año de secundaria) desagregados por provincias y municipios, que servirían “para que gobernadores e intendentes se pongan en onda. La clave es que haya competencia hacia arriba en calidad y no hacia abajo, como ocurre con los paros docentes que dejan a los chicos sin clases”, afirma.

También propone replantear los contenidos de la educación técnica, al señalar que las escuelas industriales no solo están divorciadas del aparato productivo y el avance tecnológico, sino que deben definir su perfil. “A la mañana preparan ingenieros y a la tarde albañiles. Hay estudiantes que no van a la universidad, pero quieren trabajar como mecánicos o maestros mayores de obra y no hace falta que les enseñen física cuántica”, ejemplifica.

Colina sugiere que, a través de mediadores, las empresas podrían dictar materias abiertas para las escuelas técnicas, aunque las visitas interactivas ya serían un buen comienzo. En el mismo sentido, Herrero, de FIEL, destaca las visitas a plantas fabriles como factor que puede cambiar la vida de los alumnos, al igual que algunas pasantías formativas donde más de la mitad de los participantes suelen ser incorporados al plantel.

Las pasantías de estudiantes secundarios pasaron a ser un tabú para el grueso del sindicalismo y la izquierda, que las rotularon como precarización laboral, cuando en 2018 el entonces ministro, Jorge Triaca, fracasó en su intento de sancionar una ley para fomentar una primera experiencia laboral y desarrollar nuevos oficios.

Otro tanto ocurrió este año con el capítulo educativo de la Ley Bases, que quedó fuera de la versión reducida sancionada por el Congreso y ahora no fue incluida en extraordinarias. Guadagni destaca que el texto original incorporaba medidas positivas como evaluar a los docentes cada cinco años y declarar a la educación como servicio esencial, para evitar el cierre de escuelas públicas con paros que otorgan al reclamo un sesgo antisocial, ya que afectan a las familias más necesitadas. También incluía una evaluación final al terminar el ciclo secundario, aunque sin obligar a las universidades a utilizarlo pese a la falta de un examen formal de ingreso como ocurre en la mayoría de los países.

En este contexto, el dato oficial más reciente y doloroso es el éxodo de 1.800.000 argentinos con educación secundaria y/o graduación terciaria, que en los últimos años emigraron a diferentes países –principalmente europeos– para buscar una salida laboral acorde con los conocimientos adquiridos, que no encuentran en su propio país.

LA NACION