Las empresas Geo Group y CoreCivic, principales administradoras de centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés), experimentan un crecimiento impulsado por la política migratoria de Donald Trump. Tras la victoria electoral del republicano en noviembre pasado, las acciones de estas compañías aumentaron un 76% y un 75%, respectivamente. Además, las expectativas de negocio se dispararon, según Forbes.

La expansión del negocio carcelario en la era de Trump

Geo Group y CoreCivic controlan la mayoría de las instalaciones utilizadas por el ICE, lo que representa el 80% de los detenidos en centros privados. En 2023, ambas empresas reportaron ingresos cercanos a los US$2000 millones cada una, con la agencia federal de inmigración como su principal cliente. Con la promesa de Trump de llevar a cabo la mayor deportación masiva en la historia de Estados Unidos, la demanda de estos servicios podría crecer aún más, informa Forbes.

El CEO de Geo Group, George Zoley, calificó la nueva administración como una “oportunidad sin precedentes” para la expansión del negocio. En enero, el ICE firmó contratos por US$20 millones con Geo y por US$6 millones con CoreCivic, como preparación para el incremento de detenciones.

Las denuncias por negligencia y violaciones a los derechos humanos en los centros privados de detención de EE.UU.

El crecimiento de estas empresas está marcado por denuncias de malas condiciones en sus centros de detención. Un informe de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) reveló que entre 2017 y 2021 murieron 52 inmigrantes en centros del ICE, de los cuales 31 fallecieron en instalaciones de Geo y CoreCivic. En el documento concluyen que el 95% de estas muertes era evitable.

Forbes revisó 20 demandas contra ambas empresas presentadas en el último año, que incluyen acusaciones de mala gestión, falta de personal y condiciones peligrosas. Entre los casos más impactantes se encuentra el de Dulce Atahuaman Carhuancho, una inmigrante peruana detenida en el South Louisiana ICE Processing Center (SLIPC), operado por Geo Group. La mujer fue hospitalizada con una hemorragia cerebral y signos de abuso tras un mes en detención.

Aunque sobrevivió, sufrió daño cerebral y sigue en proceso de recuperación. Su familia demandó a la empresa por negligencia y encubrimiento. Los abogados de Carhuancho aseguran que el ICE no ha solicitado su deportación, pero su estatus legal sigue sin resolverse, lo que la deja en una situación de incertidumbre.

Problemas de infraestructura y seguridad en las prisiones privadas de Estados Unidos

Las inspecciones también han evidenciado graves deficiencias en los centros de detención privados. En 2022, una evaluación al SLIPC citada por Forbes, detectó falta de personal médico, mala planificación ante emergencias y plagas de insectos. En el Centro de Detención de Aurora, en Colorado, Geo Group recibió sanciones por deficiencias en la atención sanitaria, tras la muerte de un detenido que no recibió su medicación.

Por su parte, CoreCivic también enfrenta acusaciones de mala gestión. En su Centro Correccional del Condado de Cibola (CCCC), en Nuevo México, una investigación del FBI descubrió un alto volumen de tráfico de drogas dentro de la prisión. Además, en una demanda por homicidio culposo, un guardia del CCCC admitió haber dormido durante los turnos de trabajo por la falta de personal. CoreCivic negó las acusaciones, pero la demanda se resolvió extrajudicialmente.

LA NACION