La Justicia ordenó cerrar el “Alcatraz de los caimanes” en Florida: ¿y ahora?

ORLANDO, Florida. Una jueza federal de Estados Unidos detuvo la expansión del centro de detención de inmigrantes construido en los Everglades de Florida, apodado » Alcatraz de los caimanes “, ordenando que reduzca gradualmente sus operaciones en un plazo de dos meses.

La jueza de distrito Kathleen Williams, en Miami, escribió en su orden de 82 páginas el jueves por la noche que las autoridades de Florida nunca explicaron suficientemente por qué era necesario ubicar un centro de detención de inmigrantes en medio de humedales delicados, apreciados por ambientalistas y personas que disfrutan de la vida al aire libre.

Indicó también que las autoridades estatales y federales nunca realizaron una revisión ambiental —según lo requiere la ley federal— antes de que los funcionarios de Florida construyeran apresuradamente el campamento de detención, el cual promovieron como un modelo de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Ese incumplimiento afectó negativamente los “intereses recreativos, de conservación y estéticos” de los grupos ambientalistas y de la tribu mikasuki que interpusieron la demanda, señaló.

El gobernador republicano Ron DeSantis criticó el fallo el viernes, y advirtió que no permitirá que “una jueza activista” lo desaliente.

“Sabíamos que esto era algo que probablemente sucedería”, declaró DeSantis en una conferencia de prensa en Panama City. “Responderemos como corresponde. Se tiene un país o no se tiene”.

Esto es lo que conviene saber sobre la situación y lo que podría suceder después:

¿Qué dijo la jueza?

Williams indicó que espera que la población en las instalaciones disminuya en 60 días, a través del traslado de los detenidos a otras instalaciones. Una vez que eso suceda, se deben retirar del sitio las cercas, la iluminación, el gas, los desechos, los generadores y otros equipos. No se pueden enviar más detenidos a la instalación, ni se le pueden agregar más iluminación, cercas, pavimentación, edificios ni tiendas de campaña. Las únicas reparaciones que se pueden hacer a las instalaciones existentes son por motivos de seguridad. Sin embargo, la jueza sí permitió que los dormitorios y albergues existentes permanezcan donde están, siempre y cuando reciban el mantenimiento necesario para prevenir deterioros o daños.

Aquí es donde podrían ir a dar los detenidos

Durante las audiencias judiciales, los abogados dijeron que en un momento dado había menos de 1.000 detenidos en las instalaciones, que originalmente los funcionarios estatales habían planeado para albergar hasta a 3.000 personas. Aunque los detenidos podrían ser enviados a otras instalaciones fuera del estado, Florida tiene otros centros de detención de inmigrantes, incluidos el Centro de Procesamiento Krome North en Miami, el Centro de Transición de Broward en Pompano Beach, y el Centro de Detención del Condado Baker, administrado por la policía local. Este mes, DeSantis anunció planes para una segunda instalación de detención de inmigrantes iniciada por el estado, apodada “Depósito de deportación”, en una cárcel estatal a 69 kilómetros (unas 43 millas) al oeste del centro de Jacksonville. Funcionarios estatales dicen que se prevé que tenga 1.300 camas, aunque esa capacidad podría expandirse a 2.000 camas.

¿Cómo afecta esta decisión a la otra demanda contra “Alcatraz de los caimanes”?

Abogados de derechos civiles habían presentado una segunda demanda contra las prácticas en “Alcatraz de los caimanes”, alegando que los detenidos no podían reunirse con sus abogados en privado y se les negaba el acceso a los tribunales de inmigración. Otro juez federal en Miami desestimó parte de la demanda esta semana, luego de que el gobierno de Trump designara al Centro de Procesamiento Krome North para que sea el tribunal donde se escuchen sus casos. El juez trasladó los cargos restantes del caso del distrito sur de Florida al distrito medio. Eunice Cho, la principal abogada de los detenidos, señaló el viernes que la decisión en la demanda ambiental no tendrá un impacto sobre el caso de derechos civiles, ya que podría haber detenidos en la instalación durante los próximos dos meses.

“Nuestro caso aborda la falta de acceso a un abogado para las personas detenidas en ‘Alcatraz de los caimanes’, y todavía hay personas detenidas allí”, apuntó Cho.

Nadie ha dicho públicamente qué sucederá con los cientos de millones de dólares en contratos involucrados en la instalación. El gobierno de DeSantis firmó contratos con proveedores privados en julio para pagar al menos 245 millones de dólares con el fin de establecer y operar el centro, según una base de datos pública. Esa cantidad —que estará a cargo de los contribuyentes de Florida— va en línea con los 450 millones de dólares al año que las autoridades han calculado que costaría la instalación. La oficina del gobernador y la División de Manejo de Emergencias de Florida no respondieron el viernes a preguntas sobre si el pago de los contratos seguirá estando a cargo de los contribuyentes del estado si la instalación se cierra.

¿Es esta una decisión final?

No. Este caso continuará siendo litigado. El estado de Florida presentó un aviso de apelación el jueves por la noche, poco después de que se emitiera el fallo. Según deja entrever su nombre, una orden judicial preliminar es sólo una acción inicial tomada por un juez para prevenir daños mientras se resuelve una demanda, y cuando parece que una de las partes tiene una buena posibilidad de alcanzar el éxito con base en los méritos del caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

​ORLANDO, Florida. Una jueza federal de Estados Unidos detuvo la expansión del centro de detención de inmigrantes construido en los Everglades de Florida, apodado » Alcatraz de los caimanes “, ordenando que reduzca gradualmente sus operaciones en un plazo de dos meses.La jueza de distrito Kathleen Williams, en Miami, escribió en su orden de 82 páginas el jueves por la noche que las autoridades de Florida nunca explicaron suficientemente por qué era necesario ubicar un centro de detención de inmigrantes en medio de humedales delicados, apreciados por ambientalistas y personas que disfrutan de la vida al aire libre.Indicó también que las autoridades estatales y federales nunca realizaron una revisión ambiental —según lo requiere la ley federal— antes de que los funcionarios de Florida construyeran apresuradamente el campamento de detención, el cual promovieron como un modelo de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Ese incumplimiento afectó negativamente los “intereses recreativos, de conservación y estéticos” de los grupos ambientalistas y de la tribu mikasuki que interpusieron la demanda, señaló.El gobernador republicano Ron DeSantis criticó el fallo el viernes, y advirtió que no permitirá que “una jueza activista” lo desaliente.“Sabíamos que esto era algo que probablemente sucedería”, declaró DeSantis en una conferencia de prensa en Panama City. “Responderemos como corresponde. Se tiene un país o no se tiene”.Esto es lo que conviene saber sobre la situación y lo que podría suceder después:¿Qué dijo la jueza?Williams indicó que espera que la población en las instalaciones disminuya en 60 días, a través del traslado de los detenidos a otras instalaciones. Una vez que eso suceda, se deben retirar del sitio las cercas, la iluminación, el gas, los desechos, los generadores y otros equipos. No se pueden enviar más detenidos a la instalación, ni se le pueden agregar más iluminación, cercas, pavimentación, edificios ni tiendas de campaña. Las únicas reparaciones que se pueden hacer a las instalaciones existentes son por motivos de seguridad. Sin embargo, la jueza sí permitió que los dormitorios y albergues existentes permanezcan donde están, siempre y cuando reciban el mantenimiento necesario para prevenir deterioros o daños.Aquí es donde podrían ir a dar los detenidosDurante las audiencias judiciales, los abogados dijeron que en un momento dado había menos de 1.000 detenidos en las instalaciones, que originalmente los funcionarios estatales habían planeado para albergar hasta a 3.000 personas. Aunque los detenidos podrían ser enviados a otras instalaciones fuera del estado, Florida tiene otros centros de detención de inmigrantes, incluidos el Centro de Procesamiento Krome North en Miami, el Centro de Transición de Broward en Pompano Beach, y el Centro de Detención del Condado Baker, administrado por la policía local. Este mes, DeSantis anunció planes para una segunda instalación de detención de inmigrantes iniciada por el estado, apodada “Depósito de deportación”, en una cárcel estatal a 69 kilómetros (unas 43 millas) al oeste del centro de Jacksonville. Funcionarios estatales dicen que se prevé que tenga 1.300 camas, aunque esa capacidad podría expandirse a 2.000 camas.¿Cómo afecta esta decisión a la otra demanda contra “Alcatraz de los caimanes”?Abogados de derechos civiles habían presentado una segunda demanda contra las prácticas en “Alcatraz de los caimanes”, alegando que los detenidos no podían reunirse con sus abogados en privado y se les negaba el acceso a los tribunales de inmigración. Otro juez federal en Miami desestimó parte de la demanda esta semana, luego de que el gobierno de Trump designara al Centro de Procesamiento Krome North para que sea el tribunal donde se escuchen sus casos. El juez trasladó los cargos restantes del caso del distrito sur de Florida al distrito medio. Eunice Cho, la principal abogada de los detenidos, señaló el viernes que la decisión en la demanda ambiental no tendrá un impacto sobre el caso de derechos civiles, ya que podría haber detenidos en la instalación durante los próximos dos meses.“Nuestro caso aborda la falta de acceso a un abogado para las personas detenidas en ‘Alcatraz de los caimanes’, y todavía hay personas detenidas allí”, apuntó Cho.Nadie ha dicho públicamente qué sucederá con los cientos de millones de dólares en contratos involucrados en la instalación. El gobierno de DeSantis firmó contratos con proveedores privados en julio para pagar al menos 245 millones de dólares con el fin de establecer y operar el centro, según una base de datos pública. Esa cantidad —que estará a cargo de los contribuyentes de Florida— va en línea con los 450 millones de dólares al año que las autoridades han calculado que costaría la instalación. La oficina del gobernador y la División de Manejo de Emergencias de Florida no respondieron el viernes a preguntas sobre si el pago de los contratos seguirá estando a cargo de los contribuyentes del estado si la instalación se cierra.¿Es esta una decisión final?No. Este caso continuará siendo litigado. El estado de Florida presentó un aviso de apelación el jueves por la noche, poco después de que se emitiera el fallo. Según deja entrever su nombre, una orden judicial preliminar es sólo una acción inicial tomada por un juez para prevenir daños mientras se resuelve una demanda, y cuando parece que una de las partes tiene una buena posibilidad de alcanzar el éxito con base en los méritos del caso.___Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.  La Voz