Caso $LIBRA: los impulsores de la demanda colectiva en Estados Unidos buscan reactivar el embargo preventivo

La demanda colectiva por el “caso $LIBRA” que tramita en Nueva York volvió a moverse. Los demandantes de la “class action” adelantaron que apelarán el levantamiento del embargo preventivo y, para eso, solicitaron a la Justicia que deje asentada la existencia de 110 millones de dólares generadas por la operación que nadie asume como propios en billeteras virtuales, y que pueden desaparecer en cualquier momento.

La petición del letrado Max Burwick llegó cuatro semanas después de que la jueza federal Jennifer Rochon decidiera revocar el congelamiento de decenas de millones de dólares tras concluir que los demandantes no habían demostrado afrontaran el riesgo de un “daño irreparable”. Por el contrario, la jueza remarcó que los fondos permanecían inmóviles y que el demandado, Hayden Davis, no se había profugado, ni mostraba indicios de insolventarse.

Ahora, sin embargo, el letrado de la “class action” se presentó ante la jueza Rochon con la esperanza de fortalecer ante la Cámara de Apelaciones, que deberá evaluar si confirma o revoca el levantamiento del embargo, o dispone otro, más acotado.

“En el expediente se identifican entre 110 y 111 millones de dólares en activos digitales (las llamadas ‘billeteras virtuales’) depositados en cinco direcciones creadas minutos antes del lanzamiento de $LIBRA, con entradas [de dinero] exclusivamente de $LIBRA y sin transferencias desde entonces”, remarcó Burwick. “Estos saldos son el producto directo del mecanismo de lanzamiento de $LIBRA y no constituyen una tesorería combinada”. En otras palabras, que esas billeteras no recibieron fondos generados por otras operaciones.

“Los controladores de esas ‘billeteras virtuales’ son actualmente anónimos y no se ha confirmado que sean ningún demandado compareciente”, abundó el letrado. “Los demandados comparecientes [por Davis, su hermano y su padre, entre otros] no han aportado pruebas que afirmen la posesión, custodia o control de esas ‘billeteras’ ni de la cuenta del programa correspondiente”.

En ese contexto, planteó Burwick en nombre de sus clientes, “dado el anonimato de los controladores [de las billeteras virtuales’] y la velocidad con la que se realizan las transacciones salientes, los intercambios o los puentes, una sola transferencia saliente, en la práctica, anularía la identificación continua de los mismos saldos. Una vez que estos saldos salen de las billeteras de destino y se combinan, el fondo específico necesario para una restitución equitativa ya no está prácticamente disponible”.

En su presentación, cabe aclarar, Burwick indicó de manera explícita que no buscaba que la jueza Rochon revocara su decisión del mes pasado, sino que incluyera algunas precisiones en su resolución que la harían más ajustada a las pruebas disponibles en el expediente, por un lado, y podrían al mismo tiempo fortalecer su posición ante el tribunal superior.

Burwick busca, además, revitalizar la “class action” tras el traspié que sufrió durante la audiencia del 19 de agosto, cuando la jueza admitió los planteos de las defensas, revocó la llamada “orden de restricción temporal” sobre los fondos vinculados a $LIBRA que había dispuesto meses atrás y llegó, incluso, a cuestionar la “probabilidad de éxito” de los demandantes “en cuanto al fondo del asunto”.

Durante la audiencia, Burwick afirmó que representaba a “más de 370 clientes” de todo el mundo que habían perdido más de 10 millones de dólares durante el lanzamiento y colapso del criptoactivo tras el posteo del presidente Javier Milei que aludió al “Viva La Libertad Project”, el 14 de febrero pasado.

Los abogados defensores replicaron, no obstante, que en el expediente de la “class action” sólo constaba que un cliente de Burwick, Omar Hurlock, había perdido 60 dólares en total, por lo que resultaba un despropósito embargar decenas de millones de dólares.

“El demandante principal perdió 60 dólares, y ahora quieren que usted [por la jueza] inmovilice 111 millones de dólares en activos, no para el demandante, sino para una clase de daños no identificados, no certificados y no determinables que se extiende por todo el mundo”, argumentó uno de los abogados de Davis, Hazim Sbaiti. “No han demostrado ningún tipo de daño irreparable”.

Según Sbaiti, el objetivo del CEO de Kelsier Ventures era y todavía es apoyar la economía argentina. “Su objetivo era beneficiar a las empresas argentinas, tal como se prometió. Es un objetivo loable, y es lo que mi cliente pretendía lograr. Por eso el dinero no se ha desperdiciado. Sigue pensando en usarlo para eso si puede”.

Ahora, la jueza Rochon deberá definir si admite el pedido del abogado de los demandantes, en la antesala de la apelación.

​Los abogados que promueven la “class action” plantean que hay 110 millones de dólares generados por la criptomoneda que nadie reclama en cinco billeteras virtuales  LA NACION