PARÍS.– En uno de los acontecimientos políticos y judiciales más espectaculares de la historia reciente de Francia, el ex presidente conservador Nicolas Sarkozy fue condenado este jueves a cinco años de prisión, con orden de detención con efecto diferido, acompañado de una multa de 100.000 euros y la privación de derechos civiles y cívicos

Por primera vez en la historia de la Quinta República, fundada en 1958, un expresidente irá a la cárcel.

Sarkozy recibió esa durísima sentencia tras ser declarado culpable de conspiración criminal en un caso relacionado con millones de euros de fondos ilícitos del fallecido líder libio, el coronel Muammar Khadafy. El tribunal correccional de París lo absolvió de todos los demás cargos, incluyendo corrupción pasiva y financiación ilegal de campaña. Pero el fallo significa que el ex presidente de 70 años pasará un tiempo en la cárcel, incluso en caso de apelación, lo cual Sarkozy afirmó que tiene la intención de hacer.

Ante la prensa, visiblemente afectado por la condena, el influyente político, que fue presidente de 2007 a 2012, calificó el veredicto de “extremadamente serio para el Estado de derecho”.

Con tono grave y decidido, afirmó: “Pido a los franceses que valoren lo que acaba de suceder. El odio definitivamente no tiene límites Si quieren absolutamente que duerma en prisión, dormiré en prisión. Pero con la cabeza en alto”, dijo, quien siempre clamó su inocencia y se define como un “perseguido político”.

Sarkozy fue acusado de usar los fondos de Khadafy para financiar su campaña electoral de 2007. Según el Tribunal Nacional Financiero (PNF, por sus siglas en francés), Muamar Khaddafi habría aceptado financiar la campaña de Nicolas Sarkozy principalmente por dos razones. El dictador deseaba que, una vez elegido, el presidente francés favoreciera la rehabilitación de Libia en la escena internacional.

Khadafy también esperaba que Nicolas Sarkozy hiciera levantar una orden de arresto internacional emitida contra su cuñado, Abdallah Senoussi, jefe de los servicios secretos libios. Esta controvertida figura está sospechada de haber jugado un papel clave en el atentado de 1989 contra un avión DC-10 de la compañía UTA, que causó 170 muertos, entre ellos 54 franceses. Por estos hechos, Abdallah Senoussi fue condenado, en ausencia, en 1999 a cadena perpetua por la justicia francesa.

En las audiencias, Sarkozy afirmó no haber intervenido nunca a favor de este último. No solo porque nunca tuvo la intención, sino también, explicó, porque un presidente de la República no tiene el poder de influir en la justicia para que retire una orden de arresto internacional. En el estrado, Sarkozy también afirmó no haber hecho nunca nada para favorecer el regreso de Libia a la escena internacional. Al contrario, sostuvo, Francia, bajo su impulso, fue uno de los primeros países en apoyar en 2011 la rebelión libia que terminaría con la salida del poder de Khadafy, muerto en octubre de 2011.

No hay “ninguna prueba”, “nada”, “ni un céntimo libio”, “ni el principio de un comienzo de financiación”, afirmó, estimando que fue por venganza que Khadafy, al ver que Francia le retiraba su apoyo, habría lanzado estas acusaciones sobre la financiación de su campaña.

En su argumentación de este jueves, la jueza Nathalie Gavarino afirmó que Sarkozy había permitido que sus colaboradores cercanos contactaran a funcionarios libios con el fin de obtener apoyo financiero para su campaña. Al mismo tiempo, el tribunal dictaminó que no había pruebas suficientes para considerar que Sarkozy fue beneficiario personal de esa financiación ilegal. También se le ordenó pagar una multa de 100.000 euros y se lo inhibió de sus derechos civiles y cívicos.

Una extrema tensión reinaba en la sala de audiencias mientras la presidenta del tribunal enumeraba los hechos reprochados a Nicolas Sarkozy y su “gravedad excepcional”. Una tensión que se transformó en exclamación general de sorpresa, cuando se leyó la pena y Gavarino pronunció la frase “orden de detención” con efecto diferido.

En efecto, el expresidente de la República recibirá pronto una citación antes de conocer la fecha de su encarcelamiento. Un acontecimiento inédito para un expresidente francés y una auténtica humillación para un hombre que siempre ha protestado su inocencia en este juicio y en otros casos legales en su contra.

El caso

La investigación se abrió en 2013, dos años después de que Saif al-Islam, hijo del entonces líder libio, acusara por primera vez a Sarkozy de haber recibido millones del dinero de su padre para financiar su campaña.

Al año siguiente, el empresario franco-libanés Ziad Takieddine, que durante mucho tiempo actuó como intermediario entre Francia y Medio Oriente, dijo que tenía pruebas escritas de que la candidatura de Sarkozy fue “abundantemente” financiada por Trípoli, y que los pagos por valor de 50 millones de euros continuaron después de que se convirtiera en presidente.

A dos días del juicio, el martes 23 de septiembre, se anunció la muerte de Takieddine en el Líbano, contra quien la fiscalía había solicitado seis años de prisión.

Entre los otros acusados en el juicio estaban los exministros del Interior Claude Guéant y Brice Hortefeux. El tribunal encontró a Guéant culpable de corrupción, entre otros cargos, y a Hortefeux culpable de conspiración criminal.

La esposa de Sarkozy, la exsupermodelo y cantante italiana Carla Bruni-Sarkozy, fue acusada el año pasado de ocultar pruebas relacionadas con el caso Khaddafi y de asociarse con delincuentes para cometer fraude, cargos que ella niega.

Desde que perdió su intento de reelección en 2012, Sarkozy ha sido objeto de varias investigaciones penales. También apeló contra una sentencia de febrero de 2024 que lo declaró culpable de gastar en exceso en su campaña de reelección de 2012 y luego contratar a una empresa de relaciones públicas para encubrirlo. Se le impuso una condena de un año, de los cuales seis meses fueron suspendidos.

En 2021, fue declarado culpable de intentar sobornar a un juez en 2014 y se convirtió en el primer ex presidente francés en recibir una condena privativa de libertad. En diciembre, el tribunal de apelaciones de París dictaminó que podría cumplir su condena en casa con una tobillera electrónica en lugar de ir a la cárcel.

Este jueves, Sarkozy asistió a la audiencia junto a su mujer, Carla Bruni, sus tres hijos y sin la tobillera: pudo retirar ese ignominioso artefacto en mayo pasado después de haberla llevado durante un poco más de tres meses.

Inmediatamente después de conocida la sentencia, las reacciones del mundo político no se hicieron esperar. Los representantes de la derecha se manifestaron, casi sin excepción, “escandalizados”; los de izquierda consideraron que la justicia hizo su trabajo, demostrando que nadie está por encima de ley.

​Es por el caso de financiación ilegal con dinero del régimen libio de Muammar Khadafy, aunque fue absuelto de otros delitos; “Esta injusticia es un escándalo”, dijo  LA NACION