NACIONALES

Patentes faltantes o adulteradas: el reino del engaño

La adulteración de chapas patentes no constituye, como muchísimos contraventores quieren hacer ver, una simple omisión vial. Se trata de la manifestación visible de la normalización del engaño como herramienta para eludir las normas. Borrar un número; raspar, limar o cubrir una letra con cinta, o desplazar la chapa intencionalmente de la sujeción habitual hasta hacerla ilegible para las cámaras de control o los agentes de tránsito, no son actos espontáneos ni casuales. Son acciones deliberadas e inaceptables.

Un reciente testimonio extractado de una carta de lectores publicada en LA NACION daba cuenta de una escena reveladora, pues en un estacionamiento de un club privado de San Isidro 14 vehículos ostentaban placas manipuladas. ¿Qué otra cosa es eso sino enseñorearse en la trampa, creerse por encima de la ley y, más grave aún, atentar contra la seguridad del prójimo?. Llegado el caso de producirse un accidente y que el culpable se fugara, esa patente apócrifa podría impedir su ubicación para que se haga cargo del daño producido. En otros términos, no estamos frente a otro capítulo del abrumador volumen de la viveza criolla, sino ante la desfachatez de eludir las normas.

Muchos de quienes se proclaman víctimas del sistema de fotomultas intentan justificar las adulteraciones de patentes en la voracidad fiscal de numerosos municipios que, tanto en ciudades como en rutas, colocan lectores que ofician como verdaderos “cazabobos”. Entre otras exigencias, disponen, por ejemplo, bajar la velocidad de manera abrupta en tramos cortos, lo que resulta imposible. Otros de esos aparatos están dispuestos en lugares escondidos donde ni siquiera se avisa sobre el límite máximo permitido de velocidad. Que esos lectores de infracciones respondan a objetivos meramente recaudatorios, totalmente alejados del fin principal de contribuir a la seguridad vial, no habilita que a una trapisonda se le responda con otra. En un Estado de Derecho, los abusos se reclaman por los canales adecuados, no se combaten violando la ley.

A esto se suma un escenario tan injusto como inadmisible: el prolongado faltante de chapas patentes que, desde 2023, derivó en la entrega masiva de identificaciones provisorias en papel que no todos los automóviles exhiben como deberían.

El cierre de la Casa de Moneda dispuesto por el actual gobierno, sumado a la ineficiencia estructural de los registros automotores y a las trabas a la importación de insumos durante la gestión de Alberto Fernández, provocaron un terreno fértil para que muchos circularan –y aún circulen- con papeles pintados difíciles de ser leídos a la distancia o, incluso, con documentos vencidos. Saber quiénes lo hacían porque realmente no les entregaban las chapas de metal y quiénes demoraban su colocación simplemente para dificultar los controles no era fácil de dilucidar. Ahora, el Gobierno asegura que la situación se regularizó tras licitaciones que permitieron destrabar los faltantes.

Según informaron las autoridades, tanto los usuarios como las fuerzas de seguridad encargadas de verificar la documentación pueden comprobar si una patente se encuentra disponible para retirar a través de la página web de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor. Quienes no las retiren serán multados con sanciones que, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, rondan los 800.000 pesos.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial ha abierto canales para denunciar estas ilegales maniobras. Solo en la ciudad de Buenos Aires se estima que se realizan unas 16.000 multas anuales por manipulación de patentes. Pero este número podría ser apenas la punta de un inmenso iceberg. Basta observar el tránsito urbano para advertir que pululan centenares de vehículos con chapas alteradas.

No necesitamos más radares fantasmales ni multas millonarias que no se ven volcadas ni en mejor ni en mayor infraestructura. Necesitamos reconstruir la legalidad. Ningún país puede aspirar al respeto y al crecimiento si sus ciudadanos creen que cumplir la ley es una ingenuidad. Una nación es el reflejo del comportamiento de quienes la habitamos.

​Ningún país puede aspirar al respeto y al crecimiento si sus ciudadanos creen que cumplir la ley es una ingenuidad  LA NACION