El gobierno de Trump quiere echar a una funcionaria por denunciar el uso ilegal de obras protegidas
El gobierno de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos permiso para destituir a Shira Perlmutter, directora de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, pese a que un fallo de un tribunal inferior había determinado que la funcionaria de la Biblioteca del Congreso depende del Poder Legislativo y no de la Casa Blanca, y que no podía ser despedida unilateralmente.
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El despido de hecho de Perlmutter, de 69 años, se produjo tras un informe publicado en mayo en el que la funcionaria sugería que algunas obras protegidas por derechos de autor utilizadas para entrenar modelos generativos de inteligencia artificial (IA) requerirían licencias y que las empresas tecnológicas tendrían que pagar para usar ese material. Según la demanda de Perlmutter, Trump “supuestamente no estuvo de acuerdo” con esa sugerencia y la echó.
El conflicto se da en simultáneo a las demandas judiciales que enfrentan las empresas de IA que utilizan material protegido por derechos de autor para entrenar sus modelos por parte de escritores y asociaciones de escritores estadounidenses. Algunas debieron llegar a un acuerdo y pagar sumas millonarias.
Agrupaciones de bibliotecarios estadounidenses denunciaron que el despido de Perlmutter es parte de un “plan de acción” con el que el gobierno estadounidense trata de “purgar a los expertos independientes y a los organismos de control que no se doblegan ante la presión política”, según expresa una solicitada publicada por EveryLibrary.
En este caso, el litigio con Perlmutter añadiría un nuevo giro, dado que los fallos de los tribunales inferiores indicaron que la funcionaria depende del Congreso.
Los abogados de Perlmutter argumentaron que es una experta en derechos de autor, que había sido nombrada para el cargo en octubre de 2020 por la entonces directora de la Biblioteca del Congreso Carla Hayden, a quien despidieron en mayo, por tener una “agenda progresista”. Hayden fue reemplazada por el subsecretario de Justicia Todd Blanche (uno de los antiguos abogados privados de Trump), mientras que otro funcionario del Departamento de Justicia, Paul Perkins, reemplazó a Perlmutter.
Pero Blanche y Perkins fueron destituidos de sus cargos en medio de una disputa sin resolver sobre la dirección de la Biblioteca. Actualmente, Robert Newlen oficia como director interino de la institución.
Según el fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC, la Oficina de Derechos de Autor es parte del Poder Legislativo y solo el director de la Biblioteca del Congreso (confirmado por el Senado) podría destituir a Perlmutter; no el presidente.
“La supuesta interferencia flagrante del Ejecutivo con el trabajo de una funcionaria del Poder Legislativo, mientras desempeña funciones autorizadas por ley para asesorar al Congreso, nos parece una violación de la separación de poderes que es significativamente diferente en tipo y grado de los casos anteriores”, sostuvo la jueza Florence Pan.
En su apelación del lunes ante la Corte Suprema, la administración Trump afirmó que la interpretación del tribunal contravenía “precedentes establecidos”. “Tratar al director de la Biblioteca y a la directora de la Oficina de Derechos de Autor como funcionarios legislativos pondría gran parte de la ley federal de derechos de autor en rumbo de colisión con el principio básico de que el Congreso no puede atribuirse a sí mismo ni a sus funcionarios el poder de ejecutar las leyes”, argumentó el procurador general D. John Sauer.
Tras despedir a la la directora de la Biblioteca del Congreso y sus reemplazantes, la presidencia de Estados Unidos ahora pidió autorización a la Corte Suprema para destituir a la responsable de derechos de autor LA NACION
