Venezuela: controversia por las cifras de presos políticos liberados

Venezuela atraviesa un momento de profunda incertidumbre tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, a principios de enero.

El gobierno interino, liderado por Delcy Rodríguez, ha buscado proyectar una imagen de apertura y pacificación mediante el anuncio de excarcelaciones masivas.

Sin embargo, lo que el oficialismo califica como un acto de “reconciliación nacional”, las organizaciones civiles y los familiares de los detenidos lo describen como una maniobra de desinformación cargada de irregularidades procesales.

¿800 o 200 liberados?

La disparidad en los datos oficiales frente a los registros independientes es el punto central de la controversia. El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, fue enfático al declarar que, bajo las directrices de la administración de Rodríguez, se concedieron 808 libertades desde finales del año pasado.

En sus declaraciones, Cabello rechazó la existencia de figuras disidentes tras las rejas y afirmó que en el país “no hay presos políticos”, sino individuos procesados por delitos comunes.

Esta narrativa es respaldada por Delcy Rodríguez, quien, por su parte, reportó la liberación de 626 personas como un paso hacia la estabilidad institucional.

En la vereda del frente, la ONG Foro Penal sostiene una realidad mucho más preocupante. Según su director, Alfredo Romero, hasta el 8 de enero solo se habían podido verificar y confirmar 266 excarcelaciones.

La organización advierte que la cifra oficial podría estar inflada o incluir a personas que no están categorizadas como presos políticos por las ONG . Además, Romero denunció que al menos 600 ciudadanos permanecen bajo custodia por motivos estrictamente políticos, incluidos dirigentes del partido Vente Venezuela y ciudadanos arrestados en el marco de las protestas poselectorales .

El calvario de Bohórquez Colina

Uno de los casos más representativos de esta crisis es el de Manuel Alejandro Bohórquez Colina, cuya situación ha sido ampliamente documentada por el diario venezolano El Nacional.

Bohórquez, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) desde el 14 de agosto de 2024, es un sobreviviente de cáncer de hueso (sarcoma epithelioide) y sufre de hernias discales crónicas que requieren atención médica urgente.

A pesar de su delicado estado de salud, que se deteriora cada día por la falta de un entorno higiénico y seguimiento oncológico, el sistema judicial ha mostrado una crueldad procedimental alarmante, según denuncian sus familiares.

Según consigna El Nacional, la madre del joven, Amadilis Colina Ruiz, denunció que a su hijo se le obligó a firmar su boleta de excarcelación, dándole la falsa esperanza de una pronta libertad.

Sin embargo, tras el acto administrativo, Bohórquez Colina fue enviado de regreso a su celda sin explicación alguna. Su padre, un adulto mayor con hipertensión, permanece en las afueras del penal en una espera agónica que refleja el drama de cientos de familias venezolanas que ven cómo los derechos fundamentales de sus seres queridos son vulnerados sistemáticamente.

Las vigilias de las madres

La desesperación ha trasladado el conflicto a las puertas de los centros de reclusión. En la sede del comando Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta, un grupo de madres ha instalado un campamento improvisado donde realizan vigilias permanentes.

Con camisas que llevan los rostros de sus hijos y pancartas que exigen “Libertad para todos”, estas mujeres desafían el silencio oficial. Entre ellas, se encuentra Reyes Flores, madre de Bruno Juárez, un joven condenado a 30 años de prisión bajo cargos de terrorismo, en lo que su familia califica como un “falso positivo” judicial.

Flores ha manifestado públicamente que no abandonará su puesto de protesta hasta que la libertad sea efectiva para todos los detenidos.

Estas vigilias no solo son un acto de fe, sino una respuesta directa a la opacidad del gobierno. Los familiares reportan que la falta de información es total. A menudo se enteran de las liberaciones por rumores o por la salida esporádica de algún detenido, mientras las autoridades mantienen una hermeticidad que aumenta la angustia de quienes esperan noticias de sus parientes.

Reacciones internacionales

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó las liberaciones del fin de semana como un “poderoso gesto humanitario” que podría facilitar la transición en Venezuela, las voces críticas internas mantienen la guardia alta.

La activista y defensora de derechos humanos Tamara Suju ha tildado el proceso de “macabro”. Según Suju, el Gobierno está utilizando a los presos como piezas de intercambio político, forzándolos a firmar documentos de libertad que no se ejecutan de inmediato, para así manipular las estadísticas ante la comunidad internacional y organismos como la Corte Penal Internacional.

Esta estrategia, denuncian las ONG, busca limpiar la imagen de la gestión de Delcy Rodríguez tras la detención de Maduro, intentando ocultar que el aparato de persecución sigue activo contra quienes todavía se oponen al régimen.

​Venezuela atraviesa un momento de profunda incertidumbre tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, a principios de enero. El gobierno interino, liderado por Delcy Rodríguez, ha buscado proyectar una imagen de apertura y pacificación mediante el anuncio de excarcelaciones masivas. Sin embargo, lo que el oficialismo califica como un acto de “reconciliación nacional”, las organizaciones civiles y los familiares de los detenidos lo describen como una maniobra de desinformación cargada de irregularidades procesales.¿800 o 200 liberados?La disparidad en los datos oficiales frente a los registros independientes es el punto central de la controversia. El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, fue enfático al declarar que, bajo las directrices de la administración de Rodríguez, se concedieron 808 libertades desde finales del año pasado. En sus declaraciones, Cabello rechazó la existencia de figuras disidentes tras las rejas y afirmó que en el país “no hay presos políticos”, sino individuos procesados por delitos comunes. Esta narrativa es respaldada por Delcy Rodríguez, quien, por su parte, reportó la liberación de 626 personas como un paso hacia la estabilidad institucional.En la vereda del frente, la ONG Foro Penal sostiene una realidad mucho más preocupante. Según su director, Alfredo Romero, hasta el 8 de enero solo se habían podido verificar y confirmar 266 excarcelaciones. La organización advierte que la cifra oficial podría estar inflada o incluir a personas que no están categorizadas como presos políticos por las ONG . Además, Romero denunció que al menos 600 ciudadanos permanecen bajo custodia por motivos estrictamente políticos, incluidos dirigentes del partido Vente Venezuela y ciudadanos arrestados en el marco de las protestas poselectorales .El calvario de Bohórquez ColinaUno de los casos más representativos de esta crisis es el de Manuel Alejandro Bohórquez Colina, cuya situación ha sido ampliamente documentada por el diario venezolano El Nacional. Bohórquez, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) desde el 14 de agosto de 2024, es un sobreviviente de cáncer de hueso (sarcoma epithelioide) y sufre de hernias discales crónicas que requieren atención médica urgente. A pesar de su delicado estado de salud, que se deteriora cada día por la falta de un entorno higiénico y seguimiento oncológico, el sistema judicial ha mostrado una crueldad procedimental alarmante, según denuncian sus familiares.Según consigna El Nacional, la madre del joven, Amadilis Colina Ruiz, denunció que a su hijo se le obligó a firmar su boleta de excarcelación, dándole la falsa esperanza de una pronta libertad. Sin embargo, tras el acto administrativo, Bohórquez Colina fue enviado de regreso a su celda sin explicación alguna. Su padre, un adulto mayor con hipertensión, permanece en las afueras del penal en una espera agónica que refleja el drama de cientos de familias venezolanas que ven cómo los derechos fundamentales de sus seres queridos son vulnerados sistemáticamente. Las vigilias de las madresLa desesperación ha trasladado el conflicto a las puertas de los centros de reclusión. En la sede del comando Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta, un grupo de madres ha instalado un campamento improvisado donde realizan vigilias permanentes. Con camisas que llevan los rostros de sus hijos y pancartas que exigen “Libertad para todos”, estas mujeres desafían el silencio oficial. Entre ellas, se encuentra Reyes Flores, madre de Bruno Juárez, un joven condenado a 30 años de prisión bajo cargos de terrorismo, en lo que su familia califica como un “falso positivo” judicial.Flores ha manifestado públicamente que no abandonará su puesto de protesta hasta que la libertad sea efectiva para todos los detenidos. Estas vigilias no solo son un acto de fe, sino una respuesta directa a la opacidad del gobierno. Los familiares reportan que la falta de información es total. A menudo se enteran de las liberaciones por rumores o por la salida esporádica de algún detenido, mientras las autoridades mantienen una hermeticidad que aumenta la angustia de quienes esperan noticias de sus parientes.Reacciones internacionales Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó las liberaciones del fin de semana como un “poderoso gesto humanitario” que podría facilitar la transición en Venezuela, las voces críticas internas mantienen la guardia alta.La activista y defensora de derechos humanos Tamara Suju ha tildado el proceso de “macabro”. Según Suju, el Gobierno está utilizando a los presos como piezas de intercambio político, forzándolos a firmar documentos de libertad que no se ejecutan de inmediato, para así manipular las estadísticas ante la comunidad internacional y organismos como la Corte Penal Internacional.Esta estrategia, denuncian las ONG, busca limpiar la imagen de la gestión de Delcy Rodríguez tras la detención de Maduro, intentando ocultar que el aparato de persecución sigue activo contra quienes todavía se oponen al régimen.  La Voz