Consignas de alto impacto que parecen buscar más votos que soluciones

“Porque como decimos siempre en la Argentina, el que las hace, las paga” es el eslogan con que el Gobierno encara todas las medidas relacionadas con el área de seguridad. Suena bien, es lo justo, pero está lejos de serlo al menos equitativamente. Con un video cargado de datos exagerados y con un discurso de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, prácticamente calcado -fiel al estilo del gobierno libertario- de las palabras que suele utilizar la polémica Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos -que amenaza en cada aparición a los inmigrantes ilegales en ese país con palabras como “si no te vas, te cazamos”– el gobierno argentino anunció la expulsión o no admisión de casi 5000 inmigrantes, supuestamente con antecedentes penales. Todo el acto apunta a parecerse a la dura política inmigratoria del gobierno republicano, sobre todo por la actuación del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), severamente cuestionado tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de sus agentes y por las diarias denuncias por violaciones a los DDHH y civiles, que ponen a Estados Unidos al borde de una crisis institucional. Se espera que el parecido sea solo propagandístico y como otra muestra de devoción de Milei a Trump y no se termine con los mismos resultados.

Toda medida que tiende a garantizar la seguridad de los ciudadanos es bienvenida, lo que cuesta entender es cierta sobreactuación, acentuada por la actitud xenófoba de algunos colaboradores del Presidente, como es el caso Iñaki Gutiérrez, joven influencer libertario cercano a Javier Milei y de acceso asiduo a la Casa Rosada, que aseguró en Instagram que “el 70% de los habitantes de las villas argentinas son extranjeros que entraron de forma ilegal al país”. Y agregó: “hay que echarlos inmediatamente. Hay que apoyar el plan del gobierno del presidente Milei que echa a todos los inmigrantes ilegales que estén hoy en el suelo argentino”. El dato que aporta no es real, está basado en una publicación de 2010 que hablaba de la Villa 31 y que señalaba que el 51% de los habitantes eran inmigrantes. No citó ningún organismo público como fuente de dicho indicador, y amplió: “La Argentina no puede seguir siendo el patio trasero para abusadores, violadores, delincuentes y homicidas”, como si todos los inmigrantes fuesen delincuentes con esas características. Nadie del gobierno lo desmintió.

Gutiérrez no es alguien relevante en el equipo libertario, ni siquiera parece ser convincente con su público -que suele mofarse de sus posturas fanáticas-, solo se destaca su cercanía con Milei, a quien maneja su cuenta de TikTok. Pero como casi todos los libertarios adoptaron el “estilo Milei”, se cuestiona con dureza a inmigrantes, empresarios, dirigentes políticos y sociales, periodistas o personajes de la cultura que cometen el “oprobio” de criticar o no coincidir con el gobierno. Las redes sociales son apenas el escenario donde se presenta esa batalla, pero luego suceden cosas que pueden resultar intimidatorias. El abuso de posición hostigando, por ejemplo, a una excelente periodista como Sofía Diamante, solo por informar sobre un evento que seguramente preocupa al gobierno, es un ejemplo. Todo el enojo estuvo basado en una noticia: que el holding liderado por Paolo Rocca analizaba hacer una denuncia por dumping. Esto generó la ira del Presidente que posteó en X: “DESENMASCARANDO OPERADORES. ¡Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS… VLLC! (sic)”.

Cabe la pregunta, ¿qué derecho cree tener el presidente Javier Milei para insultar a una periodista por informar?”, ¿o esto también forma parte del espejo trumpista al que se mira para reflejar toda su gestión? Milei parece no comprender lo que significa la asimetría de poder.

Pero volviendo al discurso “antiinmigrante” que adoptó el gobierno en los últimos días, conviene reparar en algunos datos. Según el Censo 2022, en cuanto a la inmigración, se registraron 1.933.463 personas nacidas en otro país, constituyendo el 4,2% de la población. Algunas estadísticas privadas elevan ese número al 4,8% en 2025. En Chile la cantidad de inmigrantes alcanzó aproximadamente 1,6 millones de personas según datos de principios de 2025 (censo 2024), representando alrededor del 8,8% del total nacional. En Uruguay residen más de 100.000 extranjeros, representando aproximadamente el 3% de la población total según datos de 2025. En países desarrollados, y por otras situaciones, el porcentaje es mayor. En España tiene aproximadamente 9.380.000 inmigrantes, representando alrededor del 18% de la población. En Francia se registra una población extranjera de aproximadamente entre 6 y 6,8 millones de personas, representando alrededor del 10% al 13% de la población total. Y en Estados Unidos existen 51,9 millones de inmigrantes, lo que representaba el 15,4 % de la población nacional. Toda la comparación sirve para mostrar que estamos en los niveles de cualquier país de la región, pero muy lejos de las naciones desarrolladas.

Los indicadores reales sobre delincuencia e inmigrantes que exponen los voceros libertarios, también son mentirosos. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) de 2023, los extranjeros presos representan alrededor del 6,17% del total, una cifra que se ha mantenido estable o incluso con una tendencia decreciente en los últimos años y es proporcional a la cantidad de habitantes extranjeros, por lo que no se puede hablar de una tendencia creciente de modo tan irresponsable.

El ensayista y escritor italiano Giuliano da Empoli, en su último libro La hora de los depredadores, describe una nueva élite autoritaria que combina velocidad, provocación y tecnología para desmantelar las conocidas, y respetadas- en muchos países con esa tradición- reglas del juego democrático. Allí entran desde Trump y Milei hasta Elon Musk, son los conquistadores de la política del presente, alimentados por algoritmos y redes sociales, según Da Empoli. Es que son tiempos donde la inmediatez puede más que el análisis y los datos estadísticos. Un eslogan, un reel o un posteo engañoso en redes sociales puede más que un debate serio sobre problemas reales.

El gobierno dice que detuvieron en sus pasos fronterizos a 5000 inmigrantes con antecedentes delictivos porque “el que las hace las paga” – con eso dan por sentado su verdad-pero curiosamente al gobierno se le filtraron 61 brasileños acusados y, algunos de ellos condenados, por el intento de golpe de estado que intentaron dar partidarios de Jair Bolsonaro el día de la asunción de Lula da Silva. Intentar interrumpir el orden institucional y democrático es un delito grave, de hecho una investigación de la publicación de investigación estadounidense The Intercept indica que los ciudadanos brasileños ya condenados (Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, todos ellos con condenas de entre 13 y 17 años de cárcel confirmadas) no solo ingresaron como “turistas” al país, sino que aún no fueron deportados a pesar del pedido de extradición. Es decir que los cinco bolsonaristas condenados por el último intento de golpe de Estado en Brasil, escaparon hacia la Argentina, salieron de la cárcel y empezaron a gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. En este caso, el que las hizo parece no haber pagado aún.

En febrero, el Congreso va a discutir cambios, necesarios, por cierto, en el Régimen Penal Juvenil, la idea es bajar la imputabilidad a partir de los 13 años. Un proyecto del oficialismo que ya tiene el rechazo de la Iglesia argentina, que señaló: “Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”. Pero también de Unicef y de varios organismos que trabajan sobre el tema infancia. La propuesta del gobierno se resume, otra vez, a una consigna: “Delito de adulto, pena de adulto”. La sociedad sufre desde hace ya mucho tiempo por la inseguridad, por lo cual el eslogan del oficialismo la hace sentir que gran parte de ese problema se resuelve con este proyecto. Sin embargo, alguien deberá explicar que, según datos oficiales que la Corte Suprema de Justicia informó el año pasado, se percibe una caída del 4,5% en las causas penales iniciadas contra menores en 2024, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En los distritos más poblados del país, sólo un 1,5% de los delitos graves fueron cometidos por niñas, niños o adolescentes. Las estadísticas muestran que solo el 0,06% de los delitos penales totales son cometidos por adolescentes, con una tendencia a la disminución. No habrá una solución al problema de inseguridad si se tratan estos proyectos con tanta liviandad, donde la propaganda y las consignas que generan desinformación le ganan al razonamiento basado en estadísticas reales.

Claro que es necesario fortalecer la seguridad en áreas como inmigración y minoridad, crear nuevas políticas y luego medir su eficiencia, pero los debates deben darse buscando caminos que otorguen soluciones de fondo y que no solo tengan el fin de conseguir votos con frases de alto impacto pero vacías de contenidos y sin números reales que las respalden.

​“Porque como decimos siempre en la Argentina, el que las hace, las paga” es el eslogan con que el Gobierno encara todas las medidas relacionadas con el área de seguridad. Suena bien, es lo justo, pero está lejos de serlo al menos equitativamente. Con un video cargado de datos exagerados y con un discurso de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, prácticamente calcado -fiel al estilo del gobierno libertario- de las palabras que suele utilizar la polémica Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos -que amenaza en cada aparición a los inmigrantes ilegales en ese país con palabras como “si no te vas, te cazamos”- el gobierno argentino anunció la expulsión o no admisión de casi 5000 inmigrantes, supuestamente con antecedentes penales. Todo el acto apunta a parecerse a la dura política inmigratoria del gobierno republicano, sobre todo por la actuación del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), severamente cuestionado tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de sus agentes y por las diarias denuncias por violaciones a los DDHH y civiles, que ponen a Estados Unidos al borde de una crisis institucional. Se espera que el parecido sea solo propagandístico y como otra muestra de devoción de Milei a Trump y no se termine con los mismos resultados.Toda medida que tiende a garantizar la seguridad de los ciudadanos es bienvenida, lo que cuesta entender es cierta sobreactuación, acentuada por la actitud xenófoba de algunos colaboradores del Presidente, como es el caso Iñaki Gutiérrez, joven influencer libertario cercano a Javier Milei y de acceso asiduo a la Casa Rosada, que aseguró en Instagram que “el 70% de los habitantes de las villas argentinas son extranjeros que entraron de forma ilegal al país”. Y agregó: “hay que echarlos inmediatamente. Hay que apoyar el plan del gobierno del presidente Milei que echa a todos los inmigrantes ilegales que estén hoy en el suelo argentino”. El dato que aporta no es real, está basado en una publicación de 2010 que hablaba de la Villa 31 y que señalaba que el 51% de los habitantes eran inmigrantes. No citó ningún organismo público como fuente de dicho indicador, y amplió: “La Argentina no puede seguir siendo el patio trasero para abusadores, violadores, delincuentes y homicidas”, como si todos los inmigrantes fuesen delincuentes con esas características. Nadie del gobierno lo desmintió.Gutiérrez no es alguien relevante en el equipo libertario, ni siquiera parece ser convincente con su público -que suele mofarse de sus posturas fanáticas-, solo se destaca su cercanía con Milei, a quien maneja su cuenta de TikTok. Pero como casi todos los libertarios adoptaron el “estilo Milei”, se cuestiona con dureza a inmigrantes, empresarios, dirigentes políticos y sociales, periodistas o personajes de la cultura que cometen el “oprobio” de criticar o no coincidir con el gobierno. Las redes sociales son apenas el escenario donde se presenta esa batalla, pero luego suceden cosas que pueden resultar intimidatorias. El abuso de posición hostigando, por ejemplo, a una excelente periodista como Sofía Diamante, solo por informar sobre un evento que seguramente preocupa al gobierno, es un ejemplo. Todo el enojo estuvo basado en una noticia: que el holding liderado por Paolo Rocca analizaba hacer una denuncia por dumping. Esto generó la ira del Presidente que posteó en X: “DESENMASCARANDO OPERADORES. ¡Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS… VLLC! (sic)”. Cabe la pregunta, ¿qué derecho cree tener el presidente Javier Milei para insultar a una periodista por informar?”, ¿o esto también forma parte del espejo trumpista al que se mira para reflejar toda su gestión? Milei parece no comprender lo que significa la asimetría de poder.Pero volviendo al discurso “antiinmigrante” que adoptó el gobierno en los últimos días, conviene reparar en algunos datos. Según el Censo 2022, en cuanto a la inmigración, se registraron 1.933.463 personas nacidas en otro país, constituyendo el 4,2% de la población. Algunas estadísticas privadas elevan ese número al 4,8% en 2025. En Chile la cantidad de inmigrantes alcanzó aproximadamente 1,6 millones de personas según datos de principios de 2025 (censo 2024), representando alrededor del 8,8% del total nacional. En Uruguay residen más de 100.000 extranjeros, representando aproximadamente el 3% de la población total según datos de 2025. En países desarrollados, y por otras situaciones, el porcentaje es mayor. En España tiene aproximadamente 9.380.000 inmigrantes, representando alrededor del 18% de la población. En Francia se registra una población extranjera de aproximadamente entre 6 y 6,8 millones de personas, representando alrededor del 10% al 13% de la población total. Y en Estados Unidos existen 51,9 millones de inmigrantes, lo que representaba el 15,4 % de la población nacional. Toda la comparación sirve para mostrar que estamos en los niveles de cualquier país de la región, pero muy lejos de las naciones desarrolladas.Los indicadores reales sobre delincuencia e inmigrantes que exponen los voceros libertarios, también son mentirosos. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) de 2023, los extranjeros presos representan alrededor del 6,17% del total, una cifra que se ha mantenido estable o incluso con una tendencia decreciente en los últimos años y es proporcional a la cantidad de habitantes extranjeros, por lo que no se puede hablar de una tendencia creciente de modo tan irresponsable.El ensayista y escritor italiano Giuliano da Empoli, en su último libro La hora de los depredadores, describe una nueva élite autoritaria que combina velocidad, provocación y tecnología para desmantelar las conocidas, y respetadas- en muchos países con esa tradición- reglas del juego democrático. Allí entran desde Trump y Milei hasta Elon Musk, son los conquistadores de la política del presente, alimentados por algoritmos y redes sociales, según Da Empoli. Es que son tiempos donde la inmediatez puede más que el análisis y los datos estadísticos. Un eslogan, un reel o un posteo engañoso en redes sociales puede más que un debate serio sobre problemas reales. El gobierno dice que detuvieron en sus pasos fronterizos a 5000 inmigrantes con antecedentes delictivos porque “el que las hace las paga” – con eso dan por sentado su verdad-pero curiosamente al gobierno se le filtraron 61 brasileños acusados y, algunos de ellos condenados, por el intento de golpe de estado que intentaron dar partidarios de Jair Bolsonaro el día de la asunción de Lula da Silva. Intentar interrumpir el orden institucional y democrático es un delito grave, de hecho una investigación de la publicación de investigación estadounidense The Intercept indica que los ciudadanos brasileños ya condenados (Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, todos ellos con condenas de entre 13 y 17 años de cárcel confirmadas) no solo ingresaron como “turistas” al país, sino que aún no fueron deportados a pesar del pedido de extradición. Es decir que los cinco bolsonaristas condenados por el último intento de golpe de Estado en Brasil, escaparon hacia la Argentina, salieron de la cárcel y empezaron a gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. En este caso, el que las hizo parece no haber pagado aún.En febrero, el Congreso va a discutir cambios, necesarios, por cierto, en el Régimen Penal Juvenil, la idea es bajar la imputabilidad a partir de los 13 años. Un proyecto del oficialismo que ya tiene el rechazo de la Iglesia argentina, que señaló: “Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”. Pero también de Unicef y de varios organismos que trabajan sobre el tema infancia. La propuesta del gobierno se resume, otra vez, a una consigna: “Delito de adulto, pena de adulto”. La sociedad sufre desde hace ya mucho tiempo por la inseguridad, por lo cual el eslogan del oficialismo la hace sentir que gran parte de ese problema se resuelve con este proyecto. Sin embargo, alguien deberá explicar que, según datos oficiales que la Corte Suprema de Justicia informó el año pasado, se percibe una caída del 4,5% en las causas penales iniciadas contra menores en 2024, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En los distritos más poblados del país, sólo un 1,5% de los delitos graves fueron cometidos por niñas, niños o adolescentes. Las estadísticas muestran que solo el 0,06% de los delitos penales totales son cometidos por adolescentes, con una tendencia a la disminución. No habrá una solución al problema de inseguridad si se tratan estos proyectos con tanta liviandad, donde la propaganda y las consignas que generan desinformación le ganan al razonamiento basado en estadísticas reales.Claro que es necesario fortalecer la seguridad en áreas como inmigración y minoridad, crear nuevas políticas y luego medir su eficiencia, pero los debates deben darse buscando caminos que otorguen soluciones de fondo y que no solo tengan el fin de conseguir votos con frases de alto impacto pero vacías de contenidos y sin números reales que las respalden.  LA NACION