Sin devolución de bienes no hay justicia completa

La causa Vialidad tuvo sentencia firme. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudar al Estado mediante el direccionamiento de obras viales en favor de su socio Lázaro Báez. La Justicia, además, ordenó el decomiso de bienes equivalentes al perjuicio inferido: casi 685.000 millones de pesos, unos 530 millones de dólares, a pagar entre todos los condenados. Sin embargo, ninguno de ellos hizo el depósito correspondiente al vencer el plazo judicial. El paso siguiente es el decomiso, pero si bien lo robado al Estado está debidamente probado, el regreso a él de la exacción no es tan rápido ni tan sencillo.

La cifra que se le reclama a Cristina Kirchner en la causa Vialidad representa apenas una fracción del saqueo estructural que diversos expedientes judiciales –Hotesur, Los Sauces y el inminente juicio oral en la causa denominada Cuadernos de las Coimas– han comenzado a documentar

Cristina Kirchner –al igual que el resto de los condenados– no depositó ni un solo peso. Por el contrario, hizo nuevas presentaciones judiciales claramente dilatorias. A lo largo de los últimos años, la expresidenta ha convertido cada instancia procesal en una oportunidad para evitar que las decisiones judiciales se cumplan. Su estrategia no apunta ya a la absolución, pues ha sido condenada, sino al desgaste del sistema judicial mediante planteos que nada tienen que ver con su inocencia. En este caso, sostuvo que el decomiso no debe ser ejecutado por el Tribunal Oral Federal Nº 2, sino por el fuero civil y comercial, donde acaba de caer un proceso en su contra por el cual el Estado reclamaba 22.300 millones de pesos. Ese pago ya no puede ser exigido en la Justicia Civil, que declaró su caducidad por vencimiento de los plazos en la demanda por daños y perjuicios iniciada durante el gobierno de Cambiemos. Pero el proceso penal corre por cuerda separada. Este fuero tiene plena competencia para ordenar decomisos como parte de la pena, y así lo ha hecho en este caso, tras una sentencia confirmada en todas las instancias. La pretensión de Cristina Kirchner de trasladar la ejecución al fuero civil se asemeja más a otra maniobra dilatoria que a un planteo jurídico serio. Es apenas una nueva línea en la larga saga de tácticas orientadas a estirar los tiempos y evitar lo inevitable: la restitución de lo robado.

No hay lugar para discusiones abstractas sobre cambios de fueros ni para teorías conspirativas de lawfare cuando los hechos han sido acreditados con pruebas, testimonios y sentencias

Para evitar que sus bienes sean ejecutados por la Justicia, Cristina Kirchner alega que ya fue sobreseída por enriquecimiento ilícito por el juez Norberto Oyarbide –hoy fallecido–, famoso por sus decisiones complacientes con el poder. Pero ese sobreseimiento, lejos de cerrar una discusión, fue denunciado como parte del encubrimiento de la estructura de corrupción que la Justicia analiza en varias causas. Por caso, el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares –hoy bajo la figura del arrepentido– reconoció públicamente cómo “dibujó” las declaraciones juradas de la familia Kirchner para simular incrementos patrimoniales que en realidad eran producto del desvío de fondos públicos.

La expresidenta asegura también que los bienes heredados anticipadamente por sus hijos no deben ser tocados y que todo su capital no es producto del delito. No es lo que tiene probado la Justicia, precisamente lo que la llevó a estar presa en su domicilio del barrio de Constitución.

Justicia es que quien robó pague, y no solo con penas privativas de la libertad, sino también con los bienes de los que se apropió indebidamente

Anteayer, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se ejecuten de manera inmediata los bienes de la exmandataria y del resto de los condenados en la causa Vialidad. Lo hicieron al rechazar las objeciones presentadas. “El decomiso de la suma que estableció el tribunal no es una opción. Es una obligación”, sostuvieron con firmeza en su dictamen de 21 páginas.

La cifra que se le reclama en ese expediente representa apenas una fracción del saqueo estructural que diversos trámites judiciales –Hotesur, Los Sauces y el inminente juicio oral en la causa denominada Cuadernos de las Coimas– han comenzado a documentar.

Esta semana se conoció un peritaje contable parcial incorporado a la causa Hotesur, en la que está acusada de lavado de dinero. En él se determinó que fue precisamente Lázaro Báez su principal cliente en las actividades hoteleras de su propiedad. Otro peritaje oficial confirmó la autenticidad de los textos manuscritos del chofer Oscar Centeno y la correspondencia con sus versiones digitales, derrumbando años de intentos del kirchnerismo de deslegitimar el caso que desnuda el mayor sistema de recaudación ilegal con dineros públicos del que se tenga registro en nuestro país. Se trató de un engranaje sistemático en el que altos funcionarios exigían sobornos a empresarios para garantizar sus contratos con el Estado. La expresidenta figura como la principal acusada en un juicio que comenzará el 6 de noviembre próximo y que involucra a más de 140 imputados.

Los delitos por los cuales hoy se la obliga a rendir cuentas no son producto de actos administrativos defectuosos, sino de una estrategia deliberada para saquear arcas públicas en beneficio privado. No hay lugar para discusiones abstractas sobre cambios de fueros ni para teorías conspirativas de lawfare cuando los hechos han sido acreditados con pruebas, testimonios y sentencias.

El decomiso es la restitución que corresponde aplicar. Es el mensaje que una sociedad hastiada por décadas de impunidad necesita para comenzar a reconstruir la confianza en sus instituciones. No alcanza con la prisión domiciliaria ni con la inhabilitación perpetua: los bienes mal habidos no pueden seguir en manos de quienes los obtuvieron mediante saqueo. Dejar que eso ocurra sería perpetuar la malsana idea de que hay quienes pueden vaciar al Estado y resultar impunes.

Que Cristina Kirchner se allane a perder su libertad, pero no a devolver el dinero robado, resulta toda una señal. ¿Estará esperando cumplir la pena para disfrutar de esos bienes mal habidos? Resulta escandaloso ver cómo los otrora exponentes del poder, incluso cuando caen, se resisten a rendir las cuentas que les exige la Justicia.

Es tiempo ya de que el proceso se concrete y que lo robado al Estado vuelva al patrimonio público. Justicia es que quien robó pague, y no solo con penas privativas de la libertad, sino también con los bienes de los que se apropió indebidamente.

​Es tiempo ya de que el proceso de decomiso se concrete sin más dilaciones legales y que lo robado al Estado vuelva definitivamente al patrimonio público  LA NACION