Donald Trump prometió venganza a opositores y está cumpliendo su palabra

Donald Trump volvió al poder con una promesa que había repetido en campaña: usar los resortes del Gobierno para vengarse de quienes lo habían perjudicado. Hoy, en los hechos, está cumpliendo esa advertencia mientras amenaza con expandir su autoridad más allá de los límites tradicionales de Washington. La radiografía más acabada de este fenómeno la ofrece Nicholas Riccardi en Associated Press, quien señala que la “presidencia de la retribución” ya no es un eslogan, sino una práctica política en marcha.

El viernes último, el FBI registró la vivienda de John Bolton, exasesor de seguridad nacional y uno de los críticos más punzantes de Trump durante su primer mandato. Bolton, quien en una entrevista reciente describió a la actual administración como “la presidencia de la retribución”, ocupa un lugar especial en la lista de enemigos del inquilino de la Casa Blanca. No solo fue despedido de manera pública, sino que su libro de memorias fue objeto de intentos de censura judicial.

Pero el caso de Bolton no es aislado. El equipo de Trump reabrió investigaciones contra Letitia James, la fiscal general de Nueva York que demandó a la Organización Trump por fraude; contra Adam Schiff, el demócrata que lideró su primer proceso de destitución en el Congreso; y contra Andrew Cuomo, exgobernador neoyorquino. Incluso han sido alcanzados exfuncionarios republicanos como Miles Taylor y Chris Krebs, ambos acusados de deslealtad en los años en que Trump perdió las elecciones frente a Joe Biden.

El desquite como política

El patrón, advierte Riccardi en su análisis para AP, es claro: todos los perseguidos comparten un punto en común, haber investigado o cuestionado a Trump en algún momento. Para Stephen Saltzburg, profesor de derecho en la Universidad George Washington y exfuncionario del Departamento de Justicia, la magnitud de la ofensiva es inédita: “Me sorprende la cantidad de personas que la administración Trump persigue, todas identificadas por haber criticado al presidente”.

Las medidas también alcanzan a instituciones. El actual Gobierno republicano prohibió a estudios jurídicos vinculados con litigios contra el mandatario contratar con el Estado federal y condicionó fondos universitarios al alineamiento con las directivas oficiales. Incluso se promovieron quejas por “mala conducta judicial” contra jueces que fallaron en su contra.

A ello se suma una política militar sin precedentes: despliegue de tropas en ciudades estadounidenses para combatir el crimen o reforzar arrestos migratorios. Por caso, soldados de la Guardia Nacional patrullan desde la semana pasada la capital y los Marines fueron enviados a Los Ángeles a comienzos de año. Para Brendan Nyhan, politólogo del Dartmouth College, la ecuación es alarmante: “Si combinas la amenaza de enjuiciamiento con tropas armadas en las calles, la imagen es bastante clara para cualquiera que haya leído un libro de historia”.

Botones de muestra

El segundo mandato de Trump se inauguró con un gesto simbólico y perturbador: el indulto a más de 1.500 personas condenadas por delitos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En paralelo, fiscales federales que habían trabajado en esos procesos fueron desplazados.

El Departamento de Justicia también abrió una investigación sobre Jack Smith, el fiscal especial que indagó tanto la insurrección de 2021 como los documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago. No es un hecho aislado: el gobierno investiga los orígenes de la pesquisa sobre la injerencia rusa en la campaña de 2016 y hasta puso bajo la lupa al expresidente Barack Obama.

Para Riccardi, se trata de una reinterpretación extrema de la doctrina de inmunidad presidencial que la Corte Suprema refrendó en un fallo reciente. Esa decisión, que blinda a los mandatarios de ciertas acciones oficiales, es entendida por Trump como un cheque en blanco para avanzar sobre sus rivales.

Trump no oculta su visión. “Podría ser yo quien inicie los procesos. En realidad, soy el jefe de las fuerzas del orden”, dijo ante periodistas al ser consultado sobre el registro a la casa de Bolton. Su vicepresidente, James David Vance, intentó suavizar el episodio asegurando que las investigaciones se originan en supuestos delitos, no en represalias políticas. Pero las declaraciones del presidente bastan para sembrar dudas.

El círculo de poder también ha tocado al establishment militar. Pete Hegseth, secretario de Defensa, desplazó a varios altos mandos acusados de tibieza o deslealtad, y esta semana se retiraron las credenciales de seguridad a unas tres docenas de funcionarios de inteligencia actuales y pasados.

Poder sin límites

El intento de intervenir en la Reserva Federal es otro capítulo del estilo Trump. Tras acusaciones de fraude contra un titular del banco central, el presidente exigió su renuncia. Aunque no logró desplazarlo, el episodio encendió alarmas sobre su voluntad de erosionar la independencia de instituciones clave.

La pregunta que sobrevuela es hasta dónde llegará esta lógica de poder. El analista de AP recuerda que Trump considera que lo que hace es “restaurar la ley y el orden”, en contraposición a lo que describe como la “persecución política” de los demócratas. Sus críticos, en cambio, advierten que el país está frente a un modelo autoritario en construcción.

Justin Levitt, profesor de la Universidad Loyola Marymount y exmiembro del Departamento de Justicia, lo resume de manera contundente: “Es lo que prometió. Es lo que hacen los acosadores cuando nadie les dice ‘no’”.

En definitiva, la segunda presidencia de Donald Trump está confirmando que la venganza ya no es solo un recurso retórico, sino una estrategia de gobierno. Como señala Nicholas Riccardi en su análisis para Associated Press, Estados Unidos enfrenta un desafío inédito: cómo preservar el equilibrio democrático cuando la primera potencia del mundo es conducida bajo la lógica del desquite.

​Donald Trump volvió al poder con una promesa que había repetido en campaña: usar los resortes del Gobierno para vengarse de quienes lo habían perjudicado. Hoy, en los hechos, está cumpliendo esa advertencia mientras amenaza con expandir su autoridad más allá de los límites tradicionales de Washington. La radiografía más acabada de este fenómeno la ofrece Nicholas Riccardi en Associated Press, quien señala que la “presidencia de la retribución” ya no es un eslogan, sino una práctica política en marcha.El viernes último, el FBI registró la vivienda de John Bolton, exasesor de seguridad nacional y uno de los críticos más punzantes de Trump durante su primer mandato. Bolton, quien en una entrevista reciente describió a la actual administración como “la presidencia de la retribución”, ocupa un lugar especial en la lista de enemigos del inquilino de la Casa Blanca. No solo fue despedido de manera pública, sino que su libro de memorias fue objeto de intentos de censura judicial.Pero el caso de Bolton no es aislado. El equipo de Trump reabrió investigaciones contra Letitia James, la fiscal general de Nueva York que demandó a la Organización Trump por fraude; contra Adam Schiff, el demócrata que lideró su primer proceso de destitución en el Congreso; y contra Andrew Cuomo, exgobernador neoyorquino. Incluso han sido alcanzados exfuncionarios republicanos como Miles Taylor y Chris Krebs, ambos acusados de deslealtad en los años en que Trump perdió las elecciones frente a Joe Biden.El desquite como políticaEl patrón, advierte Riccardi en su análisis para AP, es claro: todos los perseguidos comparten un punto en común, haber investigado o cuestionado a Trump en algún momento. Para Stephen Saltzburg, profesor de derecho en la Universidad George Washington y exfuncionario del Departamento de Justicia, la magnitud de la ofensiva es inédita: “Me sorprende la cantidad de personas que la administración Trump persigue, todas identificadas por haber criticado al presidente”.Las medidas también alcanzan a instituciones. El actual Gobierno republicano prohibió a estudios jurídicos vinculados con litigios contra el mandatario contratar con el Estado federal y condicionó fondos universitarios al alineamiento con las directivas oficiales. Incluso se promovieron quejas por “mala conducta judicial” contra jueces que fallaron en su contra.A ello se suma una política militar sin precedentes: despliegue de tropas en ciudades estadounidenses para combatir el crimen o reforzar arrestos migratorios. Por caso, soldados de la Guardia Nacional patrullan desde la semana pasada la capital y los Marines fueron enviados a Los Ángeles a comienzos de año. Para Brendan Nyhan, politólogo del Dartmouth College, la ecuación es alarmante: “Si combinas la amenaza de enjuiciamiento con tropas armadas en las calles, la imagen es bastante clara para cualquiera que haya leído un libro de historia”.Botones de muestraEl segundo mandato de Trump se inauguró con un gesto simbólico y perturbador: el indulto a más de 1.500 personas condenadas por delitos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En paralelo, fiscales federales que habían trabajado en esos procesos fueron desplazados.El Departamento de Justicia también abrió una investigación sobre Jack Smith, el fiscal especial que indagó tanto la insurrección de 2021 como los documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago. No es un hecho aislado: el gobierno investiga los orígenes de la pesquisa sobre la injerencia rusa en la campaña de 2016 y hasta puso bajo la lupa al expresidente Barack Obama.Para Riccardi, se trata de una reinterpretación extrema de la doctrina de inmunidad presidencial que la Corte Suprema refrendó en un fallo reciente. Esa decisión, que blinda a los mandatarios de ciertas acciones oficiales, es entendida por Trump como un cheque en blanco para avanzar sobre sus rivales.Trump no oculta su visión. “Podría ser yo quien inicie los procesos. En realidad, soy el jefe de las fuerzas del orden”, dijo ante periodistas al ser consultado sobre el registro a la casa de Bolton. Su vicepresidente, James David Vance, intentó suavizar el episodio asegurando que las investigaciones se originan en supuestos delitos, no en represalias políticas. Pero las declaraciones del presidente bastan para sembrar dudas.El círculo de poder también ha tocado al establishment militar. Pete Hegseth, secretario de Defensa, desplazó a varios altos mandos acusados de tibieza o deslealtad, y esta semana se retiraron las credenciales de seguridad a unas tres docenas de funcionarios de inteligencia actuales y pasados.Poder sin límitesEl intento de intervenir en la Reserva Federal es otro capítulo del estilo Trump. Tras acusaciones de fraude contra un titular del banco central, el presidente exigió su renuncia. Aunque no logró desplazarlo, el episodio encendió alarmas sobre su voluntad de erosionar la independencia de instituciones clave.La pregunta que sobrevuela es hasta dónde llegará esta lógica de poder. El analista de AP recuerda que Trump considera que lo que hace es “restaurar la ley y el orden”, en contraposición a lo que describe como la “persecución política” de los demócratas. Sus críticos, en cambio, advierten que el país está frente a un modelo autoritario en construcción.Justin Levitt, profesor de la Universidad Loyola Marymount y exmiembro del Departamento de Justicia, lo resume de manera contundente: “Es lo que prometió. Es lo que hacen los acosadores cuando nadie les dice ‘no’”.En definitiva, la segunda presidencia de Donald Trump está confirmando que la venganza ya no es solo un recurso retórico, sino una estrategia de gobierno. Como señala Nicholas Riccardi en su análisis para Associated Press, Estados Unidos enfrenta un desafío inédito: cómo preservar el equilibrio democrático cuando la primera potencia del mundo es conducida bajo la lógica del desquite.  La Voz