Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, fue enviada a juicio con jurado popular por presuntos delitos de corrupción, en los que habría utilizado su posición de primera dama en beneficio de su propia carrera profesional. Además le aplicaron como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse de forma quincenal en el juzgado.

El magistrado Juan Carlos Peinado tomó esta decisión en un auto judicial difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares encabezadas por la organización ultraconservadora Hazte Oír solicitaron medidas cautelares por considerar que existe riesgo de fuga de Gómez, algo a lo que la Fiscalía se había opuesto.

Peinado procesó a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Su asesora, Cristina Álvarez, también fue procesada por los mismos delitos.

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez (EFE/Daniel González)

También mandó a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Estas decisiones de Peinado sobre Begoña Gómez "constatan la persecución, la obsesión y la desproporción de este magistrado", según indicaron fuentes del gobierno español a la agencia EFE.

Para el Palacio de la Moncloa, la instrucción del caso por el juez Juan Carlos Peinado "carece de todo sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos".

"Indicios racionales de criminalidad" y "tentación" de fuga

El juez abrió la causa contra Gómez en abril de 2024 para investigar una serie de delitos vinculados a negocios que pudo hacer gracias a su rol como Primera Dama.

Peinado le atribuye a la mujer del presidente presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y la supuesta apropiación indebida de un software utilizado en la cátedra que Gómez co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

En el auto conocido hoy, Peinado adopta la petición de medidas cautelares de las acusaciones populares que encabeza la organización ultraconservadora Hazte Oír.

Archivo: Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, ante la comisión de investigación sobre su cátedra en la Asamblea de Madrid. (EFE/Javier Lizón)

Tanto la Fiscalía como los abogados de las defensas se oponían a ellas con el argumento reiterado de que "no hay motivos" para continuar con esta causa judicial, que siempre han rebatido.

Sin embargo, el juez asegura que se deduce de las diligencias practicadas la existencia de "indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo".

Y aduce que, "a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia".

El magistrado incluso apuntó contra la fuerzas de seguridad, al argumentar que los agentes que forman parte de la custodia de la Primera Dama podrían colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar" una "fuga" de la acusada.

"Lo que no cabe duda -escribe en el auto- es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Desde el Gobierno creen que estas palabras acusando a la Policía y diciendo que los agentes podrían colaborar en una supuesta fuga son "otro ejemplo del despropósito" del magistrado.

Las acusaciones populares piden una pena de 24 años de prisión para la esposa del presidente Sánchez

Con información de EFE