Cinco países europeos (Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos) anunciaron este lunes en Viena un paso más en la externalización de las políticas migratorias europeas y en su endurecimiento hasta un nivel inimaginable hace unos pocos años. Los cinco países han acordado con Ruanda la construcción de un campo de concentración (ellos lo llaman “centro de retorno”) al que deportarían a los migrantes y solicitantes de asilo que consideren que no pueden quedarse en Europa y cuyos países no los aceptan de vuelta o ni siquiera se sabe a ciencia cierta su nacionalidad.

El centro lo consideran de prueba y el primero de una red que debería ir creciendo en los próximos años. Empezará a funcionar en 2027 y al principio sólo aceptará a 100 personas, 20 por cada país en el acuerdo.

El anuncio lo hicieron el primer ministro conservador austríaco Christian Stocker y la primera ministra danesa, la supuestamente socialdemócrata Mette Frederiksen. Su gobierno es el único de izquierdas entre los cinco que pactaron con Ruanda. La iniciativa, en la que sorprendentemente no participa Italia cuando su primera ministra Giorgia Meloni fue la primera que empezó a hablar en Europa de estos centros, lleva meses negociándose.

Los gobiernos tras el acuerdo creen que servirán desincentivar los viajes de inmigrantes sin papeles hacia Europa, que temerán acabar en esos campos de concentración. Los expertos dudan de ese razonamiento teniendo en cuenta que tanto por el Mediterráneo hacia España, Malta, Italia o Grecia, como por el Atlántico hacia las Islas Canarias, siguen llegando migrantes sin documentación en regla a pesar de que cada año mueren en esas rutas marítimas miles de personas.

Un migrante consuela a otro que se desplomó tras no lograr subir a una embarcación de traficantes de personas, en un intento por cruzar el canal de la Mancha, en la playa de Gravelines, cerca de Dunkerque, en el norte de Francia. Foto AFP

En la práctica, el mecanismo permitiría embarcar en aviones desde Europa hacia Ruanda a quien tiene una orden de expulsión del territorio europeo pero su deportación resulta en la práctica imposible. El precedente es un acuerdo del gobierno británico, de 2022, también con Ruanda, y que el Tribunal Supremo del Reino Unido declaró ilegal y suspendió en 2023.

No se conocen todavía todos los detalles del acuerdo, pero las informaciones disponibles hablan de un centro para 100 personas que abriría la próxima primavera europea y que serían un ensayo reducido de futuros centros mucho mayores. El Archipiélago Gulag de la migración europea. Fuentes diplomáticas europeas de países que no participan del acuerdo aseguran que dudan de la legalidad del mismo y que todavía necesitan confirmar que los centros serán cerrados, como prisiones.

Eso los haría de muy dudosa legalidad porque la legislación europea no permite encerrar a un migrante o solicitante de asilo con orden de expulsión más de 60 días. Si en ese tiempo no ha sido deportado tiene que ser puesto en libertad.

Los centros se presentan como lugares de tránsito hacia una segunda deportación a los países de las personas en ellos encerradas, cuando esos países los admitan. Pero también podrían convertirse en su destino definitivo. Los gobiernos implicados aseguran que el centro y los posteriores respetará toda la legislación internacional y europea en materia de derechos humanos, pero algunos detalles conocidos hasta ahora, como esa posibilidad de un encierro indefinido, chocan de frente con esa legislación.

Un proyecto piloto para 100 personas

Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch rechazan el modelo y aseguran que se pueden crear centros en los que se violen sistemáticamente los derechos humanos de las personas en ellos encerradas y permitiendo que los gobiernos europeos miren hacia otro lado como si no fueran responsables, lo que sucede ahora cuando milicias libias armadas y entrenadas por Europa atacan y en algunos casos hunden e incluso disparan contra barcazas de madera de migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo.

Esta fotografía, facilitada por la Prefectura Marítima del Norte y del Canal de la Mancha, muestra a migrantes continuando su travesía hacia Gran Bretaña frente a la costa del norte de Francia. Foto AP

La Comisión Europea asegura cada vez que se le pregunta que desconoce esos crímenes, aunque medios europeos como Der Spiegel o EuObserver han publicado pruebas de que aviones de vigilancia aérea de Frontex, la agencia europea de fronteras, fueron testigos de esos acontecimientos sin mover un dedo.

Amnistía Internacional asegura en un comunicado que entre los riesgos a que se exponen esas personas figuran la detención arbitraria, la tortura, los malos tratos y expulsiones posteriores a países peligrosos. También cuestiona que Europa se desentienda de sus responsabilidades y las traspase, a cambio de un pago, a países mucho más pobres y con historias de graves abusos de derechos humanos.

Human Rights Watch, por su parte, asegura que pagar a Ruanda para recibir deportados proporciona dinero y capacidad de presión a Europa a un gobierno acusado de detenciones arbitrarias, torturas a presos y de apoyar al grupo armado M23 en la República Democrática del Congo, culpable de graves violaciones de derechos humanos.

La Agencia Europea de Derechos Humanos advierte que los gobiernos en el acuerdo no pierden la responsabilidad sobre los eventuales deportados y exige que las decisiones sobre ellos sean individuales, las condiciones de vida en Ruanda respeten los derechos humanos y que haya una supervisión independiente de los centros y de las personas deportadas.

PB