La regularización extraordinaria de extranjeros sin papeles en España, que comenzó hace poco más de un mes, podría suspenderse. Es la medida cautelar que el Tribunal Supremo estudiaba este viernes a partir de los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y por el partido Vox, entre otras asociaciones que intentan frenar los permisos de residencia para inmigrantes.

La decisión, que el gobierno de Pedro Sánchez adoptó a través de un real decreto -para evitar tener que contar con la aprobación de todos los partidos con representación en el Congreso-, permitirá conceder autorizaciones de residencia y trabajo a quienes hayan llegado a España antes del 1 de enero y puedan demostrar que llevaban, como mínimo, cinco meses residiendo en el país.

Según las estimaciones del gobierno español, este proceso, que comenzó el 16 de abril y estará vigente hasta el 30 de junio, permitiría dar papeles a medio millón de extranjeros.

Pero para Funcas, una organización de análisis e investigación económica y social, la cantidad de inmigrantes en situación irregular en España, en 2025, era de 840.000.

Inmigrantes esperan su turno ante la oficina de extranjeros en Alicante. Foto: EFE/ archivo

Este viernes, ante el Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado señaló que, en los primeros 36 días habilitados para solicitar la regularización, se habían recibido 549.596 peticiones, unas 50 mil más de las que el gobierno pensaba conceder.

De ese total de solicitudes, 91.505 ya fueron admitidas. El resto permanecen en revisión.

Por qué quieren frenarlo

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo deliberaba este viernes acerca de los pedidos para frenar el proceso de regularización presentados por el gobierno regional madrileño de Isabel Díaz Ayuso, por Vox, por la organización Hazte Oír, por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y por la Asociación Libertad y Justicia.

Desde la Comunidad de Madrid argumentan que la regularización de extranjeros “afecta gravemente” a la prestación de servicios públicos.

Para Vox, conceder permisos de residencia y trabajo a inmigrantes aumentará la inseguridad en las calles españolas, complicará aún más el ya desbordado acceso a la vivienda y colapsará la asistencia de los servicios públicos.

Vista de una oficina de Extranjería en Valladolid. Foto: EFE

"La medida supone un incremento brutal y no cuantificado del gasto social", sostuvo el eurodiputado de Vox, Jorge Buxade, este viernes frente al Tribunal Supremo.

La posición del gobierno

El gobierno de coalición progresista de Sánchez defiende la medida.

“Hoy tenemos dos caminos. El de quienes quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión. O el de quienes entendemos que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida”, dijo Sánchez en abril, cuando el proceso estaba por comenzar.

Sus ministros argumentan, además, que las personas a regularizar ya son usuarias de los servicios públicos españoles.

Pedro Sánchez. Foto: EFE

“Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas, que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles y que podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, cuando presentó la medida.

“Hay una demanda real en nuestra economía. De todo el trabajo que se ha creado, el 42,9 por ciento ha sido ocupado por trabajadores extranjeros”, aseguraron a Clarín desde el Ministerio que dirige Saiz.

Se basaron, además, en un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia para justificar las bondades de la regularización de extranjeros: según ese informe, si España redujera el 30 por cierto de los inmigrantes que la habitan, para 2075, el Producto Bruto Interno se reduciría un 22 por ciento, “más de 90 mil bares cerrarían y perderíamos 15 millones de habitantes”.

Antecedentes

En el Ministerio de Migraciones recordaron los antecedentes: “Las regularizaciones extraordinarias son una práctica consolidada de gestión migratoria”. Y subrayaron las iniciativas de este tipo que hubo en presidencias anteriores, tanto del PSOE como del PP.

Entre 1991 y 1992, Felipe González (PSOE) regularizó a 114.423 extranjeros. En el 2000, José María Aznar (PP), hizo lo mismo con 264.153 migrantes sin papeles. Aznar volvió a dar permisos de residencia, un año después, a otros 239.174 extranjeros. Y en 2005 ,José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) regularizó a 576.506 personas.

Hoy, siete de cada diez extranjeros que se establecen en suelo español y viven en situación irregular provienen de América del Sur.

Argentina ocupa el quinto lugar entre estos extranjeros sin papeles en España. El podio lo lidera Colombia, seguido de Honduras, de Venezuela y de Paraguay.