Tras la prohibición, qué pasará en Río Cuarto con los trapitos

La reciente aprobación de la ley provincial conocida como “anti-trapitos” abrió un nuevo escenario en Córdoba: los municipios tendrán 30 días para definir si adhieren y cómo implementan la normativa en sus territorios.

En Río Cuarto, sin embargo, no se esperan cambios de fondo. Desde el oficialismo local sostienen que la ciudad ya cuenta con una ordenanza vigente que aborda esta problemática y que viene aplicándose desde hace varios meses.

El concejal Ignacio Biga explicó que el Municipio analizará en detalle los alcances de la ley provincial, aunque remarcó que el eje local seguirá siendo el mismo: evitar el cobro compulsivo en la vía pública y reducir los conflictos en las zonas más concurridas.

“En Río Cuarto ya tenemos una normativa que nos ha permitido pacificar la zona”, señaló.

En ese sentido, destacó que el trabajo se viene realizando de manera articulada, incluso con las personas que desarrollan esta actividad.

A diferencia de lo que plantea la nueva ley provincial, la ordenanza local no prohíbe la actividad de los cuidacoches o limpiavidrios, sino que regula su accionar. El foco está puesto en impedir situaciones de presión o exigencia de dinero a los ciudadanos.

Mientras tanto, la normativa provincial incorpora herramientas como la identificación de las personas que realizan estas tareas y la posibilidad de capacitaciones. Sobre este punto, Biga indicó que el Municipio ya viene avanzando en un relevamiento para conocer quiénes trabajan en la ciudad y en qué zonas.

“Tenemos un control de quiénes están en actividad, pero eso no implica formalizar la tarea”, aclaró.

Otro de los aspectos que atraviesa el debate es el crecimiento de la informalidad. El concejal vinculó esta problemática con la situación económica actual, al señalar que cada vez más personas recurren a actividades informales para generar ingresos.

“El aumento de la actividad informal es generalizado. No se da solamente en este rubro, sino en muchos otros. Lo vemos también en la mayor demanda social”, afirmó.

De este modo, la implementación de la ley provincial en Río Cuarto aparece más como una instancia de análisis y posible complemento que como un cambio estructural. La clave estará en cómo se articulan ambas normativas y si surgen nuevas herramientas para reforzar los controles ya existentes.