Caso Ángel: habló la abogada de la familia de Lucio Dupuy y marcó fuertes similitudes

La muerte de Ángel, el nene de 4 años en Comodoro Rivadavia, dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un caso que interpela de lleno al sistema judicial. Lo que inicialmente fue presentado como un paro cardiorrespiratorio empezó a ser revisado tras las primeras pericias, que detectaron lesiones internas —principalmente en la cabeza— incompatibles, en principio, con una muerte natural.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 5 de abril. Según el relato de la madre, el niño estaba durmiendo cuando advirtieron que no respiraba. Fue trasladado al hospital, donde murió poco después. Sin embargo, con el avance de la autopsia y las medidas ordenadas por la Justicia —allanamientos, secuestro de celulares y reconstrucción de las horas previas— la causa dio un giro que hoy mantiene abiertas múltiples hipótesis.

En paralelo, el conflicto entre los padres expuso un escenario previo de tensiones. El padre del niño fue contundente: “Lo mataron”, sostuvo públicamente, y apuntó contra decisiones judiciales vinculadas a la tenencia. La madre, en tanto, negó cualquier responsabilidad y pidió que se esclarezca lo ocurrido.

Pero más allá de la investigación en curso, el caso abrió una discusión más profunda. En diálogo con Telediario, la abogada Fátima Silva, representante de la familia de Lucio Dupuy, trazó un paralelismo directo que encendió alarmas.

“No puede ser más parecido”, afirmó, al comparar ambos casos y describir un patrón que, según advirtió, se repite en distintas jurisdicciones del país.

Silva cuestionó con dureza el accionar de la justicia de familia y puso el foco en decisiones que, lejos de contemplar el entorno real de los niños, terminan generando situaciones de riesgo.

“Los toman como un paquete”, expresó, al referirse a traslados de menores a entornos desconocidos sin una evaluación integral de su historia, vínculos y contexto afectivo.

La abogada también remarcó un punto crítico: la falta de contacto directo de los jueces con los chicos. Según señaló, en muchos casos las decisiones se toman sin escuchar a los menores ni verificar en persona sus condiciones de vida, lo que —advirtió— puede derivar en consecuencias graves.

En ese marco, la llamada “Ley Lucio”, sancionada tras el crimen ocurrido en La Pampa, volvió a estar en el centro del debate. La normativa busca fortalecer los mecanismos de protección de la infancia, pero su implementación, según Silva, aún es parcial.

“Hay avances, pero son mínimos”, aseguró, y advirtió sobre la falta de controles efectivos.

El planteo fue aún más allá. La letrada habló de una problemática estructural y sostuvo que situaciones similares “están pasando en todo el país”, con una justicia que describió como “sorda, ciega y muda” frente a señales de alerta.