Adorni quedó más complicado: las jubiladas prestamistas ratificaron que aún les debe US$70.000

Se trata de Graciela Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes confirmaron el préstamo por US$100.000 utilizado en la compra de un inmueble y ratificaron que parte de ese monto sigue impago.

Las testigos se presentaron este lunes en Comodoro Py ante el fiscal Gerardo Pollicita, que investiga la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. Según trascendió de sus declaraciones, Adorni ya habría cancelado US$30.000 del capital, pero el saldo pendiente continúa vigente y debería abonarse antes de noviembre de 2026.

También se indicó que el préstamo fue pactado con una tasa del 11% anual y que el funcionario venía realizando pagos mensuales por intereses.

El dato no es menor porque refuerza una de las líneas centrales del expediente: la necesidad de reconstruir cómo se financiaron distintas operaciones inmobiliarias realizadas en un corto lapso y bajo qué condiciones se concretaron. La fiscalía no sólo mira el monto adeudado, sino también la trazabilidad del dinero, el respaldo documental y la consistencia entre esos movimientos y el patrimonio declarado por un funcionario de primera línea del Gobierno nacional.

En paralelo, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión política más profunda: el estándar de transparencia que se les exige a quienes ocupan cargos clave en la administración nacional.

No se trata solamente de una deuda entre privados. El foco está puesto en si las operatorias fueron claras, informadas y compatibles con las obligaciones que pesan sobre un funcionario públicamente expuesto. En ese marco, desde el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires recordaron que las operaciones de personas políticamente expuestas deben reportarse obligatoriamente a la UIF.

El impacto político excede a Comodoro Py. Mientras el Gobierno mantiene un discurso de ajuste, control y exigencia sobre el conjunto de la sociedad, la causa erosiona una de las banderas más sensibles de cualquier gestión: la credibilidad.

Y ahí aparece una postal incómoda para la Casa Rosada: en un país donde millones de jubilados vienen perdiendo poder adquisitivo, una investigación patrimonial vuelve a cruzar al poder con deudas en dólares, hipotecas privadas y operaciones bajo sospecha.

Este miércoles deberán declarar otras dos jubiladas vinculadas a otra de las operaciones inmobiliarias bajo análisis. La expectativa judicial está puesta en saber si esos testimonios terminan de cerrar la versión del entorno de Adorni o, por el contrario, profundizan las dudas sobre el origen real de los fondos y el mecanismo utilizado para adquirir los inmuebles.

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