Santa Catalina advirtió por una millonaria deuda del PAMI y alertó por la presión sobre la salud pública local

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Desde la Casa Rosada, el intendente Maximiliano Rossetto, expuso la deuda que el PAMI mantiene con municipios y comunas por prestaciones realizadas en centros de salud públicos. Advirtió que la situación golpea de lleno a las localidades del interior, que siguen atendiendo a los adultos mayores sin recibir los fondos que corresponden.



El intendente de Santa Catalina, Maximiliano Rossetto, advirtió desde la Casa Rosada sobre la deuda que el PAMI mantiene con municipios y comunas de Córdoba por atenciones médicas realizadas en centros de salud públicos. Según planteó, los servicios se siguen prestando todos los días, pero sin que lleguen los recursos necesarios para sostener ese esquema en el tiempo.


El jefe comunal puso el foco en una situación que, aseguró, ya se volvió crítica en muchas localidades del interior. En Santa Catalina, precisó, la deuda supera los 10 millones de pesos. A nivel provincial, en tanto, el pasivo con municipios y comunas ya excede los 400 millones de pesos, una cifra que expone la magnitud del problema y el esfuerzo financiero que hoy están absorbiendo los gobiernos locales.


Rossetto remarcó que detrás de esos números hay una red de atención que no se detiene. “Estamos hablando de la salud pública, sostenida por el esfuerzo de cada comunidad, de cada equipo de trabajo, que no deja de atender a nuestros adultos mayores. Pero así no se puede sostener en el tiempo”, expresó.


Y añadió un mensaje directo al Gobierno nacional: “Necesitamos que se regularicen los pagos de manera urgente. Porque cuando no llegan los recursos, se pone en riesgo la atención. Y con la salud de nuestros jubilados, no se juega”.

El reclamo vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: hasta dónde pueden seguir absorbiendo los municipios responsabilidades que no les corresponden por completo. En los pueblos y ciudades del interior, los centros de salud públicos terminan funcionando como el último sostén del sistema, incluso frente a prestaciones que deberían contar con financiamiento nacional. La consecuencia es conocida: las provincias y los municipios cubren con fondos propios lo que otros niveles del Estado no transfieren.


La advertencia también tiene un fuerte contenido federal. Mientras en Buenos Aires se definen partidas, pagos y prioridades, en el interior son las comunidades las que terminan poniendo el cuerpo, los recursos y la infraestructura para que la atención no se corte.

El problema ya no es sólo administrativo: impacta de manera directa en la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios locales, especialmente en localidades más chicas, donde cada peso cuenta y donde el margen financiero es mucho menor.


En ese contexto, el planteo de Rossetto busca escalar un conflicto que excede a Holmberg y a Santa Catalina. Lo que está en discusión es si los municipios van a seguir financiando de hecho prestaciones que deberían ser cubiertas por Nación, o si finalmente habrá una regularización de pagos que alivie a los sistemas de salud de los pueblos.


Por ahora, el interior sigue atendiendo. La pregunta es hasta cuándo podrá hacerlo sin respaldo.