Polémica: un senador nacional de Formosa incita a no cumplir las leyes aprobadas por el congreso
- Telediario Digital
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El senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, cuestionó leyes sancionadas por el Congreso y sostuvo que no deben aplicarse si no tienen financiamiento. El planteo impacta de lleno en el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario.
El senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, volvió a encender la polémica al afirmar en un fuerte cruce con Telediario Feerl que “no se pueden aprobar leyes sin financiamiento” y que avanzar en ese sentido “viola la responsabilidad fiscal”. Sus declaraciones no solo apuntaron al Congreso, sino que también abrieron un debate sobre la aplicación de leyes ya sancionadas.
Durante la entrevista, el legislador fue más allá y vinculó directamente esas decisiones con la crisis económica: “Eso te lleva al déficit, a la inflación y a la pobreza”, sostuvo. En ese marco, cuestionó el accionar del Poder Legislativo al aprobar normas que implican gasto sin detallar recursos, lo que, según su mirada, termina generando desequilibrios estructurales en la economía argentina

Sus dichos cobran especial relevancia en medio del conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), una norma sancionada por el Congreso en 2025 que declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario y obliga al Ejecutivo a actualizar partidas afectadas por la inflación. La ley establece, además, criterios de distribución de fondos, destinando el 85% a salarios y el resto al funcionamiento de las universidades.
Una ley vigente que el Gobierno Nacional no quiere cumplir
El caso de la ley universitaria expone con claridad la tensión de fondo. Tras ser vetada por el Poder Ejecutivo, el Congreso rechazó ese veto, lo que dejó la norma plenamente vigente. Sin embargo, el Gobierno nacional no avanzó en su implementación y llevó la discusión a la Justicia.
En abril de 2026, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al presidente Javier Milei aplicar la ley de manera inmediata, incluyendo la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles. A pesar de ese fallo, el Ejecutivo presentó un recurso ante la Corte Suprema argumentando un impacto fiscal cercano a los $2,5 billones.
En ese contexto, las declaraciones de Paoltroni se alinean con una postura más amplia dentro del oficialismo: priorizar el equilibrio fiscal incluso frente a leyes ya sancionadas. El punto crítico es que esa mirada choca con el principio básico del sistema republicano, donde las leyes aprobadas por el Congreso deben ser cumplidas.
Las declaraciones del senador y el conflicto por la ley universitaria reflejan una discusión más profunda: hasta dónde puede llegar el ajuste fiscal y qué lugar ocupan las decisiones del Congreso en ese proceso.
Mientras el Gobierno insiste en priorizar el equilibrio de las cuentas públicas, desde distintos sectores advierten que desconocer o postergar leyes vigentes puede abrir un precedente institucional delicado. En el fondo, la discusión no es solo económica: es sobre cómo se ejerce el poder en la Argentina y cuáles son los límites del sistema democrático.
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