Habrá una nueva marcha federal universitaria: reclamo por fondos y tensión con el gobierno

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas suma un nuevo capítulo: el Consejo Interuniversitario Nacional confirmó una marcha federal para el 12 de mayo en Plaza de Mayo, con réplicas en distintas provincias. La convocatoria apunta directamente al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una disputa judicial que escala.

La decisión llega luego de que la Casa Rosada presentara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar la ejecución de la norma.

Desde el Ejecutivo sostienen que la ley “es de imposible aplicación” porque no cuenta con partidas presupuestarias definidas, repitiendo una estrategia similar a la utilizada en otras reformas clave.

Mientras tanto, la Justicia ya había ordenado aplicar artículos centrales de la ley, vinculados al financiamiento y a la recomposición salarial docente. Aun con la apelación en curso, el Gobierno está obligado a continuar con los giros establecidos, algo que —según se indicó— comenzó a cumplirse en marzo.

El conflicto no es solo institucional: golpea de lleno a las universidades del interior, que dependen en gran medida de los fondos nacionales para sostener su funcionamiento. En provincias como Córdoba, donde el sistema universitario tiene fuerte presencia territorial, ya anticipan movilizaciones paralelas.

La tensión también expone una discusión más profunda sobre el modelo de financiamiento educativo en Argentina. Rectores y autoridades advierten que sin previsibilidad presupuestaria se pone en riesgo no solo el dictado de clases, sino también la investigación, la extensión y el desarrollo regional que dependen de estas instituciones.

Esta será la tercera gran marcha universitaria desde el veto presidencial a la ley, consolidando un escenario de creciente confrontación entre el Gobierno y el sistema educativo.

Con un calendario político cargado y un conflicto que suma actores —docentes, estudiantes, rectores—, el 12 de mayo aparece como una fecha clave para medir el alcance del reclamo y el costo político de una disputa que ya trasciende lo presupuestario.