PODER REAL,  PODER JUDICIAL  Y EL…NO PODER

Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, más conocido como Monseñor Romero, fue el sacerdote católico salvadoreño que acuñó la frase “la Justicia es igual a las serpientes. Sólo muerden a los que están descalzos”.

El Papa Juan Pablo II se desentendió de las denuncias de corrupción que realizó su arzobispo y el 24 de marzo de 1980 fue asesinado durante la celebración de una misa en la catedral  de San Salvador. 15 años después el Papa Francisco lo beatificó y se transformó en el primer arzobispo mártir de América.

La comparación de lo ofidios con el Poder Judicial se ha instalado como una verdad irrefutable en todo el continente. Nadie que tenga PODER REAL paga sus deudas judiciales, como lo hacen los “descalzos”.

Los fiscales del caso Dalmasso destituidos  no carecen de cobertura plantar pero se cruzaron en el camino con otros mejor calzados.

Nada que sorprenda en el último medio siglo de Río Cuarto,  la capital alterna de la Provincia de Córdoba. Desde la Masacre del Banco Popular, pasando por el quiebre de empresas emblemáticas, la desaparición y muerte de Nicolás Sabena, los mayores costos de GAmSur y terminando con la impunidad consagrada del crimen de Nora Dalmasso.

Di Santo, Miralles y Pizarro, que en sus propias historias judiciales la mano del PODER REAL le fue acomodando los peldaños de la escalera para llegar o empezar a subir, hoy son víctimas de esa oculta pero no invisible demostración.

La que tienen unos pocos, de poner entre rejas a los débiles con sólo indicios o sacarse de encima a un tríptico de representantes del ministerio público sin elementos jurídicos sustentables, sólo porque desde la pirámide del poder político y económico así lo requieren.

Que casi dos décadas después del homicidio de Barrio Golf y no antes, recién se sancionen  los “errores forzados y no forzados” cometidos durante 20 años, es una las más claras demostraciones  que no les importa saber “¿quién mató a Nora?”. Sino que por alguna razón que intuimos los ciudadanos de a pie, pero que no podemos probar, la maquinaria que dibujó el laberinto para ocultar al verdadero asesino ha vuelto a trazar caminos para que nunca se salga de la maraña judicial. 

“Yo hasta acá llego”, le dijo el juez Eduardo César Bustamante a las organizaciones políticas, de derechos humanos y vecinos comunes  quienes se manifestaron tras la masacre del Banco Popular. Se habían movilizado para que la justicia cordobesa profundizara la búsqueda de las razones o el verdadero móvil que hizo que en septiembre de 1987 un cabo de la policía matará a seis trabajadores bancarios por un magro botín.

El magistrado instructor le puso límite a la indagatoria por las responsabilidades por el múltiple crimen,  en Salinas y sus cómplices. Y mandó la causa a juicio para que terminaran condenados en 1989.

Casi 4 décadas después, se sabe que Salinas era integrante de los grupos de tareas que empezaron a actuar antes del golpe de 1976 y hoy está imputado esperando un nuevo juicio en la denominada causa Gutiérrez. El Juez o sus mandantes nunca avanzaron en ese pasado próximo del más feroz asesino en 240 años de historia de la Villa de la Concepción del Río Cuarto.

En el comienzo de este nuevo siglo, el fiscal general de la Provincia de Córdoba era el abogado Marcelo Brito. Sí, el mismo que defendió y logró que absolvieran a Marcelo Macarrón en el juicio oral por la sospecha instalada que planificó la muerte de su esposa.

Brito fue el impulsor del Jury de Enjuiciamiento al Juez en lo civil y comercial Alberto Magnin Lavisse que tenía bajo su órbita las quiebra de dos empresas emblemáticas de Río Cuarto, Rumifer (cabinas para tractores) y Grandes Almacenes.

Para el Fiscal General de entonces,  Magnín Lavisse fue “absolutamente arbitrario en el manejo de su poder jurisdiccional”, ya que interpretó sin rigor la ley y tuvo soluciones diferentes para problemas similares que se planteaban en su tribunal.

En aquellos días, el Juez intentaba salvar a las empresas  con la modalidad de la “mejor oferta” para que no se vieran afectados los trabajadores. Pero dos estudios de abogacía muy conocidos de la ciudad le reclamaban la quiebra para que los trabajadores cobraran las indemnizaciones y sobre todo los letrados, sus millonarios honorarios.

 El Juez dilataba la decisión y eso fue motivo para considerarla como una “falta grave que ponía en peligro la seguridad jurídica”. En el Jury que se realizó en el Concejo Deliberante de Río Cuarto le imputaron 21 hechos y hasta “malos tratos” para con los empleados de su juzgado.

En diciembre del año 2.000 fue destituido por unanimidad. Uno de los estudios de abogados que se quejaba por las decisiones de Magnín Lavisse era del laboralista, Daniel Lacase. Nuevamente la larga mano del PODER REAL digitando decisiones en la política y la Justicia.

“GAmSur: 9 pruebas comprometen a los privados” tituló un periódico en septiembre de 2009 respecto de las irregularidades cometidas por empresarios riocuartenses que eran socios de la empresa mixta que se ocupaba de la higiene urbana de Río Cuarto.

Esos sobre costos eran investigados por la justicia provincial tras las denuncias presentadas Eduardo Scoppa y Enrique Novo, por entonces concejales opositores. “Excesos en horas extras, plus salariales inexistentes y un fondo de $ 1.1 millón que la empresa quiso cobrar dos veces. Todo recaía en el Estado”.

La investigación sobre los presuntos mayores costos fue conducida por el fiscal Walter Guzmán. Se centró en una maniobra de fraude en perjuicio de la administración pública (tentativa de estafa) perpetrada en el año 2008.

El fiscal pidió elevar a juicio la causa contra los empresarios Juan Carlos Masoero y Alcides Capello, quienes eran directores privados de la empresa mixta GAmSur. El Intendente era Benigno Antonio Rins y el Secretario de Economía, Marcelo Terzo.

El caso estuvo paralizado (“frizado”) por varios años debido a pedidos de control de pericias por parte de las defensas. GAmSur, con mayoría accionaria municipal, terminó en la quiebra tras  la deficiente gestión y con una deuda millonaria.

Lo que empezó siendo un “escándalo político” terminó en un fiasco judicial donde el PODER REAL volvió a ganar la partida. Los mayores costos lo cobraron los privados y las deudas le quedaron al Estado.

No resultó extraño entonces que el Fiscal actuante fuera sometido a Jury de Enjuiciamiento por un caso diferente pero que también terminó con estrépito social. 

En noviembre de 2016 Walter Guzmán fue absuelto por unanimidad de las acusaciones en su contra realizadas por su actuación en la desaparición de Nicolás Sabena ocurrida en septiembre de 2008.

 Alegaban que el representante del ministerio público avisaba a los sospechosos del secuestro del joven antes de producirse los allanamientos en busca de pruebas. En ese Jury,  el Fiscal General Alejandro Moyano pidió su absolución al considerar que la acusación se derrumbó tras los testimonios.

En el proceso presidido por el legislador oficialista Walter Saiegh todas las voces fueron críticas para el Fiscal. Sin embargo,  lo absolvieron.

 La representante del Tribunal Superior de Justicia también fue Aída Tarditti, como en el Jury de los fiscales del caso Dalmasso.

La prestigiosa jurista, con pruebas de cargo,  votó a favor de Guzmán. Y en estos días, sin pruebas, contra Di Santo, Miralles y Pizarro.

Poco tiempo después,  al Fiscal motivo del reproche lo ascendieron a Fiscal de Cámara en la jurisdicción de Laboulaye. Walter Claudio Guzmán es la clara muestra que meterse contra el poder real sino es a fondo te puede devenir en recompensa.

La impunidad consagrada tras el crimen de Nora Dalmasso es mácula mayor para el Poder Judicial de Córdoba. El pedido de Jury que había realizado en su momento el Gobernador De la Sota para los fiscales actuantes tras el crimen de Nora fue desestimado en 2011 y la denuncia contra Di Santo por supuesta “parálisis de la causa”, archivada en 2015.

En ese mismo tribunal estaban el legislador radical Miguel Nicolás y otra vez, la vocal del TSJ Aída Tarditti. Las impericias fiscales iniciales que fueron descartadas, 20 años después fueron consideradas causales de remoción. En lugar de salir del fango, el Poder Judicial y el político se hundieron aún más en la ciénaga que habitan.

El periodista Luis Zegarra,  de los SRT de Córdoba,  dijo a una radio riocuartense el martes por la mañana, “en el PANAL (casa de gobierno provincial) quieren que haya un fallo ejemplar, que se los destituya para intentar un mea culpa; pedimos disculpas y tomamos las medidas del caso. No quieren que se convierta en un problema político. Todo indica que la suerte de los fiscales está echada. Sería lo más fácil para la institucionalidad, intentar lavar las culpas (…) que se deje un mensaje claro destituyéndolos”.

36 horas antes de conocerse la decisión del Jury en los pasillos del poder político ya se dejaba trascender la decisión.

La inusual movilización de los funcionarios y empleados judiciales en defensa de los fiscales tanto en Río Cuarto como en Río Tercero; más la virtual paralización de los procesos de investigación judicial por la remoción de dos de los 4 fiscales riocuartenses, son las primeras reacciones tras el descontento que provocó la decisión adoptada.

Al Fiscal que emitió la resolución que desencadenó en el proceso de enjuiciamiento se le reprocha en privado y públicamente su accionar. Hasta el Colegio de Abogados de Río Cuarto hizo un crítico planteo por la sorpresiva decisión del Jury de Enjuiciamiento.

Mientras el Poder Judicial no logra asomar la cabeza de la desacreditación que acusa cada sondeo público realizado entre los argentinos en general y los cordobeses en particular, “los comunes” padecen las carencias que la ausencia de Justicia provoca a las mayorías de una debilitada Democracia.

El NO PODER tener jueces y fiscales que equilibren la balanza en favor de los desfavorecidos es tan o más gravoso que las políticas económicas que profundizan la desigualdad. De unas y otras se aprovecha e impone el PODER REAL.

.Así son las Cosas