“Es una estafa”: Maqueda cuestiona el proyecto para regular trapitos y limpiavidrios en córdoba

En medio del debate en la Legislatura de Córdoba por la regulación de trapitos y limpiavidrios, el legislador Gregorio Hernández Maqueda se posicionó con un fuerte rechazo al proyecto impulsado por el oficialismo y advirtió que, lejos de resolver el problema, podría perpetuarlo.

“Es una estafa, una mentira más”, lanzó el dirigente al referirse a la iniciativa que, según se anticipa, sería aprobada.

Para Hernández Maqueda, la propuesta oficial no modifica el esquema actual, sino que mantiene una división entre trabajadores “legales” e “ilegales” basada en autorizaciones municipales, algo que —según planteó— genera desigualdad y conflictos en el espacio público.

En ese sentido, cuestionó que el control de la actividad quede en manos de los municipios o de organizaciones, y advirtió que el sistema actual habilita situaciones de violencia y cobros que, en muchos casos, los vecinos realizan por temor.

Frente a ese escenario, el legislador recordó que presentó su propio proyecto, que propone la prohibición total de la actividad de trapitos y limpiavidrios en toda la provincia.

La iniciativa contempla un período de transición para quienes dependen de esta actividad como ingreso, con programas de reconversión laboral. Además, incluye la intervención del sistema de salud para abordar situaciones de consumo problemático.

“Es un medio de vida, pero no es un trabajo. Hay que dar una salida real, digna y con oportunidades”, sostuvo.

Hernández Maqueda también planteó que el eje del problema está en la ocupación del espacio público y la seguridad, y consideró que esas funciones deben estar exclusivamente en manos del Estado.

Según argumentó, permitir que particulares ejerzan control sobre la vía pública genera un sistema que, a su entender, puede derivar en extorsión y afectar la libertad de circulación.

Además, vinculó la problemática con el impacto en la actividad económica, al señalar que situaciones de este tipo pueden desalentar el movimiento en zonas comerciales, gastronómicas y turísticas.

Mientras el oficialismo avanza con un esquema de regulación, la postura de prohibición total marca una diferencia de fondo sobre cómo abordar una problemática que se repite en distintas ciudades de la provincia.

El debate no solo expone visiones contrapuestas sobre seguridad y orden público, sino también sobre el rol del Estado frente a una actividad que, para algunos, representa un sustento y, para otros, una práctica que debe erradicarse.