La justicia bajo la lupa: comienza el jury contra los fiscales del caso Dalmasso

El jury de enjuiciamiento contra tres fiscales que intervinieron en el caso Nora Dalmasso ya tiene fecha de inicio: será el próximo 21 de abril en Río Cuarto.

En el banquillo estarán Daniel Miralles, Javier Di Santo y Luis Pizarro, quienes deberán responder por presunto mal desempeño de sus funciones y negligencia durante la investigación.

El proceso no será breve. Según lo previsto, podría extenderse hasta el 28 de mayo, con un esquema de audiencias que todavía no fue completamente definido. Se espera la declaración de entre 40 y 45 testigos, lo que anticipa un juicio extenso y de alto impacto institucional.

La acusación se centra, principalmente, en el manejo de una prueba clave: un ADN hallado en el cinto de la bata utilizado en el crimen. De acuerdo a lo planteado, durante años no se avanzó sobre ese elemento. Recién con la intervención de un nuevo fiscal se ordenaron medidas que permitieron identificar ese perfil genético, lo que reavivó cuestionamientos sobre la investigación original.

Para los acusadores, esa falta de acción habría contribuido a dilatar el esclarecimiento del caso, en un expediente atravesado por el paso del tiempo y la complejidad judicial.

El tribunal que llevará adelante el jury estará integrado por la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, junto a cuatro legisladores provinciales: dos por el oficialismo y dos por la oposición. En tanto, la acusación será sostenida por la fiscal adjunta de la provincia.

Cada uno de los fiscales contará con defensa legal y tendrá la posibilidad de responder a los cargos durante el proceso.

No se registran antecedentes recientes en Río Cuarto de un jury de enjuiciamiento contra tres fiscales en simultáneo. Por eso, el resultado de este proceso no solo definirá la situación de los funcionarios judiciales, sino que también podría marcar un punto de inflexión para la justicia local.

Si el tribunal determina responsabilidades, los fiscales podrían ser destituidos de sus cargos. Un desenlace de ese tipo implicaría un fuerte impacto en la estructura judicial de la ciudad.