Axel Kicillof, el dirigente de la oposición más insultado por Javier Milei, se pone al frente de la demanda de decenas de intendentes de todo el país. El gobernador bonaerense -al que el Presidente calificó como “inefable”, “pichón de Stalin”, “burro” y “monarca diminuto”, entre otros improperios- analiza seriamente la posibilidad de sumarse al reclamo que ejecutivos municipales llevarán el martes al ministerio de Economía para que Luis Caputo suavice el precio de los combustibles e invierta en el mantenimiento de rutas. Las urgencias económicas y de gestión se mezclan con la construcción de puentes políticos de cara a 2027 y con el aumento de piquetes y conflictividad social en las provincias.

El nuevo jefe del PJ bonaerense se pliega a la exigencia de que el Gobierno cumpla con el pago de las asignaciones específicas de la ley de combustibles líquidos que debieran destinarse al mantenimiento de las rutas, un pedido que cada tanto levantan incluso los gobernadores aliados a la Casa Rosada, que el miércoles ayudaron a sancionar este miércoles la ley de Glaciares.

El mandatario bonaerense piensa sumarse a la firma del documento que alcaldes de todas las provincias escenificarán el martes en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Los alcaldes llevarán luego el texto hasta la mesa de entrada del Palacio de Hacienda. Según sus cálculos, la deuda por la falta de mantenimiento en rutas asciende a los tres billones de pesos.

Gabriel Katopodis. El ministro de Kicillof motoriza uno de los reclamos. Foto: Fernando de la Orden

Gabriel Katopodis intenta sumar a intendentes de todos los colores políticos. Acompañados por alcaldes del peronismo, el ministro de infraestructura Kicillof demandó el año pasado a la Nación por el incumplimiento. La denuncia está paralizada en el juzgado federal de San Martín a cargo de Osca Papavero. La falta de reacción del Gobierno podría tener -al igual que el incumplimiento de ley de Discapacidad y del financiamiento universitario- consecuencias penales para funcionarios del Ejecutivo.

“El costo del gasoil es un problema que cruza a todos los sectores y las actividades. Se ve en la caída del transporte público. Está la decisión de muchísimos intendentes de todo el país de hacer un reclamo para que el Gobierno baje el gasoil y el precio de la nafta para proteger a todos los que trabajan y producen”, expresó el ministro bonaerense en declaraciones a Radio Con Vos.

El CEO de YPF Horacio Marín comunicó el congelamiento de los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de la petrolera de mayoría estatal hasta el 1 de mayo. “Eso significa que ese día va a haber un aumento”, razonan en la Provincia.

La Federación Argentina de Municipios que lidera el ejecutivo de La Matanza Fernando Espinoza se sumó a la protesta, pero cerca de Kicillof también quieren tender puentes con dirigentes nucleados en el más transversal Consejo Federal de Intendentes (Cofein).

El ente que incluye a alcaldes de 14 provincias y en el que se destacan el mandatario de la capital cordobesa Daniel Passerini, el rosarino Pablo Javkin y también el platense Julio Alak se reunió la semana pasada en Paraná y exteriorizó la misma consigna. Sin embargo, apuestan a llevar el pedido a otras ventanillas.

El consejo federal de Intendentes también presiona.

En vez de apuntar a Caputo, pidieron una audiencia con el ministro del Interior Diego Santilli mientras que la diputada Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, elevará el pedido al presidente de la Cámara Baja Martín Menem y al presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala. Esos intendentes volverán a verse las caras el 13 y 14 de mayo en Rosario.

Los ejecutivos municipales también exigen más fondos de la Nación por la caída de la recaudación que afecta la coparticipación que llega a las provincias que a su vez distribuyen parte de esos recursos a los municipios. “Ese es un tema que tienen que derivar a sus gobernadores; no a la Nación”, se desentienden en la Rosada.

La conflictividad social va en aumento y se siente más en las provincias. Además de los cien cortes que efectivizaron el martes organizaciones sociales por el final del programa de Volver al Trabajo (VAT), la conflictividad va en aumento por reclamos sectoriales, de fuerzas de seguridad, docentes, empleados públicos y privados. Aunque tienen menos poder de convocatoria, la estrategia de focos simultáneos complica la aplicación del protocolo antipiquetes. "Ningún distrito, salvo la Ciudad, ayuda", reconocen en la Cartera Seguridad.

Milei y Caputo no incluyeron a Buenos Aires en la última ola de Aportes del Tesoro Nacional y tampoco entre los doce distritos que podrían solicitar adelantos de coparticipación con una tasa del 15 por ciento.

Kicillof en tanto sorprendió al presentar a la empresa estatal Aubasa, que administra casi 1.000 kilómetros de autopistas y carreteras (la Autovía 2 y la Buenos Aires-La Plata) como una de las oferentes en la licitación para concesionar 2500 kilómetros de rutas nacionales, un negocio de $170 mil millones. “El Estado no se retira de su rol de sostener la infraestructura provincial”, fue el argumento.

El mandatario bonaerense choca con sus pares del Norte que acompañaron la ley de glaciares y otras iniciativas del oficialismo. “Que Axel Kicillof se dedique a ver qué hacer con el Riachuelo. Nosotros nos vamos a dedicar a lo nuestro. Es un avance del federalismo “Me hubiera gustado que el peronismo cambie la agenda y apoye este proceso”, sentenció el gobernador de Catamarca Raúl Jalil en una entrevista con el streaming Gelatina.