India es el principal destino mundial de los aceites vegetales argentinos. Mi país importó alrededor de 3,53 millones de toneladas en 2025, un récord absoluto: India captura cerca del 53% de las exportaciones argentinas de aceite de soja y el 35% de las de girasol. La Argentina pasó a proveer más de la mitad del aceite vegetal que importa India, la nación más poblada del planeta.

El año pasado el comercio bilateral creció un 36,8% hasta rozar los 6.340 millones de dólares, con un superávit argentino cercano a los 4.000 millones; India es ya el cuarto destino de las exportaciones del país. Y, sin embargo, ninguna de estas cifras aparece en el diccionario político de Buenos Aires o Nueva Delhi.

Esta interdependencia profunda permanece en penumbras por dos razones: la financiarización global de los commodities y la complejidad contable de las grandes corporaciones de alimentos. El aceite que se embarca en Rosario rara vez viaja como una transacción simple entre un vendedor argentino y un comprador indio. Es un resultado de las redes globales de producción y de un opaco enjambre de intermediarios, filiales, vehículos financieros especulativos y un laberinto de jurisdicciones interpuestas.

La UNCTAD lo explica bien: un puñado de empresas —las ABCD: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill and Louis Dreyfus Company, más sus rivales asiáticos— controlan buena parte del comercio mundial de granos, y una porción mayoritaria de sus ingresos no proviene del grano físico sino de su sombra financiera de futuros y derivados. Sumados los precios de transferencia entre filiales, el más reciente informe de Global Financial Integrity estimó que cerca de 1,6 billones de dólares fugan cada año de 134 países en desarrollo a destinos en el Norte Global por esta vía. La opacidad no es un accidente: es un modelo de negocio. Quien la controla, controla la renta.

Volviendo a la India y la Argentina: el contraste lo dice todo. Mientras el comercio común supera los 6.000 millones de dólares, la inversión directa india en empresas argentinas es casi inexistente —apenas 8,6 millones en 2025, según el Banco Central de la Argentina—: dos economías que mueven miles de millones en mercancías aparecen, en los registros de inversión, como desconocidas entre sí. Las ganancias del capital circulan y se contabilizan en “otras” jurisdicciones.

En noviembre de 2025, la Comisión Extraordinaria de Expertos sobre Desigualdad Global —convocada por la presidencia sudafricana del G20, presidida por Joseph Stiglitz y que tuve el honor de integrar— entregó un informe contundente: el mundo enfrenta una emergencia exponencial de la desigualdad. Entre 2000 y 2024, el 1% más rico capturó el 41% de la riqueza nueva del planeta; al 50% más pobre le tocó apenas el 1%.

Este hallazgo resuena con fuerza en la Argentina como en India: los países con alta desigualdad tienen siete veces más probabilidades de sufrir retrocesos democráticos, porque la riqueza concentrada compra leyes, medios e influencia aun manteniendo intactas las formas. Por eso nuestra recomendación central es crear un Panel Internacional sobre la Desigualdad (IPI): un cuerpo técnico e independiente que monitoree la desigualdad y evalúe qué políticas la agravan o la alivian.

Milei y Modi: la desregulación como trampa

Y aquí la historia del aceite invisible se vuelve política. Los gobiernos de Javier Milei en la Argentina y de Narendra Modi en India hacen de la “desregulación” —una antífrasis, pues la palabra nombra lo contrario de lo que hace— el instrumento de una regulación explícita en favor de la fabricación de trillonarios: un proyecto de Estado al servicio de los hedge funds y las tecno-élites.

En la Argentina, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno libertario garantiza a los grandes capitales inéditos privilegios fiscales, cambiarios y aduaneros por treinta años, así como libre disponibilidad para fugar divisas. Y ahora el gobierno propuso agravar todas las variables. Lo llama proyecto “super-RIGI”. La estrategia internacional argentina apunta menos a atraer inversión productiva que capital especulativo, compitiendo con los paraísos fiscales por ser el destino más laxo.

En India, el patrón es similar. En 2019, el primer ministro Narendra Modi recortó violentamente el impuesto corporativo: las empresas beneficiadas casi cuadruplicaron sus ganancias mientras los salarios se estancaron y la inversión privada no logró crecer. El presupuesto indio de 2026 agravó el cuadro al sancionar una exención de veinte años para los data centers y mayor “certidumbre en precios de transferencia” para las firmas que operan sobre transacciones digitales, justo en momentos en que fallos de nuestra Corte Suprema intentan defender la base tributaria.

Una elección, no un destino

El aceite que viaja de la Argentina a la India es una buena metáfora del capitalismo pos-neoliberal: flujos inmensos de valor real, oscurecidos tras una arquitectura financiera global diseñada para que nadie rinda cuentas. Como escribimos en el informe del G20, la desigualdad es una elección y, como tal, puede revertirse con voluntad política. Hoy esa voluntad política enfrenta un dilema estratégico en la ONU, donde en agosto se retomarán las negociaciones de una Convención Tributaria de la ONU.

Algunos sectores en India, al menos, empezaron a tomar distancia del sistema que habilita la elusión fiscal: el fallo de su Corte Suprema en el caso Tiger Global —por el uso de una sociedad pantalla en Mauricio para no pagar impuestos en India sobre ganancias de US$1.600 millones— es un paso en esa dirección. Los negociadores tributarios de Nueva Delhi quieren jugar un papel protagónico en el diseño de las nuevas reglas junto a la Unión Africana y el G77 del Sur Global.

La Argentina, en cambio, permanece ausente: incluso quedó fuera de la PTLAC, la plataforma latinoamericana de cooperación en materia tributaria que, bajo las presidencias actual y anterior de República Dominicana y Brasil, viene coordinando activamente a sus miembros para que el resultado de las negociaciones refleje las necesidades de la región. Esto, en los hechos, le hace el juego a Washington pese a la contradicción con su propio interés nacional.

Socios mucho más cercanos de lo que reconocen sus dirigentes, ambos países enfrentan el mismo dilema: si sus gobiernos estarán del lado de los pueblos que producen y consumen aceite comestible, o del de los intermediarios que lo vuelven invisible.

Jayati Ghosh es Economista. Profesora de la Universidad de Massachusetts Amherst, copresidenta de ICRICT —organización de especialistas en reforma fiscal global— e integrante de la Comisión de Expertos sobre Desigualdad Global del G20.

Diego Llumá es Periodista. Gerente de Comunicaciones Globales de ICRICT.