Una vecina de Martínez ganó una batalla judicial clave contra un importante banco que le exigía pagar más de 7 millones de pesos por consumos que nunca realizó. La Justicia en lo Contencioso Administrativo confirmó una fuerte multa contra la compañía por vulnerar los derechos de su clienta y por faltar a las audiencias de conciliación convocadas por el Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Isidro.

El calvario de la damnificada comenzó el 20 de mayo de 2024, cuando ingresó a su homebanking y descubrió el millonario fraude en el resumen de su tarjeta de crédito. En total, los estafadores habían gastado $7.116.189. De inmediato, la mujer radicó el desconocimiento de las operaciones ante la entidad emisora, pero recibió constantes respuestas negativas y rechazos a sus reclamos de forma sistemática.

En un confuso episodio que dejó en evidencia la falta de respuestas institucionales, la empresa procedió meses después a acreditarle únicamente dos de los consumos desconocidos (por un valor de $62.400 y $480.000), pero continuó exigiendo el cobro del resto de la deuda sin darle ningún tipo de justificativo técnico.

Para sostener que los consumos no fueron realizados por ella, la damnificada presentó los números de reclamos ante el banco y la denuncia policial.

Ante el desamparo y la falta de soluciones, la vecina radicó la denuncia formal que dio inicio al expediente ante la Dirección General de Defensa del Consumidor a mediados de octubre de ese mismo año. Sin embargo, el banco adoptó una postura de total desinterés durante el proceso: de las cuatro audiencias oficiales fijadas para intentar llegar a un acuerdo, no se presentó a dos de ellas, a pesar de estar debidamente notificado en tiempo y forma.

Tras concluir la etapa de investigación sumarial, el organismo de control determinó de manera tajante la responsabilidad de la empresa y le aplicó una doble penalidad económica que, en conjunto, roza los 9 millones de pesos. Desde la Dirección General de Defensa del Consumidor fundamentaron la sanción al advertir que la firma "no brindó a la denunciante información clara, inequívoca y suficiente respecto a las transacciones desconocidas", lo que motivó una multa de $7.396.800. A esto se le sumó otro castigo de $1.541.000 por "no haber comparecido a dos de las cuatro audiencias", una conducta que obstaculizó la resolución pacífica del conflicto.

El Dr. Guillermo Tear, Director General de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Isidro, resaltó que gracias a las sanciones aplicadas disminuyeron las inasistencias a las audiencias que fueron habituales en años anteriores. Además, Tear indicó que el fallo confirma la potestad administrativa para sancionar cuando la entidad no da respuestas documentadas y/o no concurre a conciliación. “El tribunal cita precedentes, por lo tanto es una decisión judicial de valor persuasivo y aplicable; tanto en el Departamento Judicial San Isidro como en casos semejantes en la provincia”, explicó.

El banco fue sancionado con multa de $7.396.800 por no brindar información clara. A esto se le sumó otro castigo de $1.541.000 porque no se presentaron a dos audiencias.

Desde el organismo de control municipal emitieron una fuerte advertencia dirigida a todo el sector financiero: "El 'faltazo' sistemático a las citas del Estado no es gratuito. Vamos a seguir sancionando con la máxima rigurosidad a las corporaciones que pretendan vaciar de contenido las instancias de conciliación obligatoria despreciando el tiempo de los ciudadanos".

A pesar de que el banco intentó apelar la resolución administrativa para evitar el desembolso, la Justicia en lo Contencioso Administrativo confirmó de manera definitiva la resolución de Defensa del Consumidor. El tribunal rechazó de cuajo los argumentos de la compañía y la obligó a abonar el total de las multas aplicadas, las cuales deberán ser liquidadas con los montos completamente actualizados al día de la fecha.