En la gobernación de Axel Kicillof sostienen que era un partido con cancha inclinada y resultado cantado: Aubasa -la empresa vial de la Provincia- quedó descalificada del proceso de licitación de 1.350 kilómetros de rutas en territorio bonaerense que promovió el ministerio de Economía de Nación.

La decisión se conoció sobre el filo del fin de semana a través de un dictamen de Precalificación de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0013-LPU25, correspondiente a la Red Federal de Concesiones – Etapa II. Esa decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, recomienda “la desestimación de la oferta” de la compañía estatal de la Provincia.

Ya lo habían anticipado funcionarios de Axel Kicillof: el Gobierno de Javier Milei haría “maniobras” para impedir que una compañía con mayoría de acciones estatales, manejada por el gobierno bonaerense, llegue al manejo, operación y mantenimiento de carreteras que recorren buena parte de la geografía de Buenos Aires. El negocio que licita Nación implica una inversión de -al menos- $ 170 mil millones en dos años, para después comenzar a cobrar peajes en todos los tramos concesionados.

El lunes pasado el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, dijo en conferencia de prensa que entre diciembre y febrero “se emitieron al menos cuatro circulares que alteraron las condiciones originales”. Todo -según su posición- para perjudicar la participación de Aubasa.

“La decisión de exclusión se encuentra fundada en criterios que no se ajustan a las condiciones establecidas en el pliego licitatorio. Esto demuestra que la decisión adoptada se basa en criterios arbitrarios, afectando la transparencia y legalidad del proceso”, explicó la firma vial este fin de semana.

La Gobernación anticipó que hará una “impugnación formal” de dictamen, para “garantizar el respeto a las reglas del procedimiento, la transparencia del proceso licitatorio y la igualdad de condiciones entre los participantes”.

Según la explicación de Infraestructura, la determinación que dejó fuera de juego a Aubasa incorpora un requisito “inexistente en la documentación licitatoria”. Exige que la experiencia técnica sea acreditada exclusivamente mediante ejecución directa de obras, cuando el pliego solo requiere la acreditación de experiencia mediante contratos y certificaciones emitidas por autoridades competentes.

Al margen de tecnicismos, la disputa por los kilómetros de autopistas remite al enfrentamiento en todos los planos entre Kicillof y Milei. La Provincia denunció que el gobierno libertario dejó de enviar 22 billones de pesos en dos años y medio en concepto de fondos que le corresponden a la jurisdicción. Hizo una presentación en la Corte Suprema. Y esta semana tiene organizado marchas de intendentes ante el ministerio de Economía para pedir esos fondos.

No hay treguas en las peleas entre quienes ya se calzan el traje para competir en el próximo turno presidencial.

Aubasa maneja casi 1.000 kilómetros de caminos en el corredor del Atlántico (Autovía 2, rutas 11, 56, 63 y 74, entre otras). Tiene en ejecución un plan de repavimentación “en un contexto de parálisis nacional de la inversión en infraestructura vial”, según explican en la empresa.

En febrero cuando se llamó a reactivar trabajos en corredores de todo el país, Aubasa completó los formularios para competir con una decena de empresas privadas del sector construcción/vialidad. Si la oferta resultaba ganadora, la Provincia tendría que constituir una “nueva Aubasa” o una “Aubasa II”, según explicó a Clarín, el presidente de la compañía, José Arteaga.

En territorio bonaerense, la licitación incluye tramos de alto tránsito y relevancia regional: la ruta nacional 5, desde Luján hacia el límite con La Pampa; la ruta 205, entre Cañuelas y Bolívar; y la ruta 3, desde Cañuelas hasta Bahía Blanca. También figura la ruta 226, entre Bolívar y Mar del Plata, y el denominado Acceso Sur, que comprende las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

Katopodis plantea que “no es un proceso transparente” y sugiere que podría haber intenciones de favorecer a algún grupo económico.

La resolución dejó al margen a Aubasa, SACDE (del grupo Techint), y descalificaron a las constructoras JCR-Rovella Carranza, Edmacar, Pelque-OCSA y el consorcio IEBC-Cecosa.

Por ahora compiten por el negocio carretero del tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur las firmas Roggio-Chediak; Vial Agro-Fontana Nicastro; Panedile-Supercemento-Eleprint; CreditechCeosa; Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco; y CPC, la constructora de Cristóbal López

La propuesta de Nación prevé la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de corredores. Además, la prestación de servicios al usuario y el desarrollo de explotaciones complementarias para generar ingresos bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, tal como lo establece la Ley 17.520.