El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una reforma para flexibilizar la construcción de viviendas asequibles en el estado. La ley HB 1389, que entró en vigor en julio de 2026 como una actualización de la Live Local Act, cambió el paquete estatal creado para ampliar la oferta habitacional en medio de una crisis de costos.

El principio general de la norma es que obliga a los gobiernos locales a autorizar desarrollos residenciales multifamiliares o de uso mixto en zonas comerciales, industriales o mixtas, siempre que al menos 40% de las unidades sean accesibles para hogares con ingresos de entre 80% y 120% del ingreso medio del área, conocido como AMI.

Cómo la ley HB 1389 de Florida quita potestad a los municipios

La ley también limita la capacidad de municipios para imponer restricciones de altura, retiros o escalonamientos que obstaculicen proyectos con densidad habitacional.

Además, amplía los terrenos elegibles, incluyendo tierras públicas y propiedades religiosas, lo que abre la puerta al uso residencial de parcelas subutilizadas cerca de empleos y transporte.

El resumen oficial del Senado de Florida indica que la HB 1389 exige que condados y municipios autoricen determinados desarrollos de vivienda asequible bajo condiciones específicas. También prohíbe discriminar decisiones de uso de suelo o permisos por el financiamiento de un proyecto asequible.

Por qué la ley es importante para Florida

Florida enfrenta una tensión conocida: crece la población, suben los alquileres, aumentan los seguros y muchas familias trabajadoras quedan fuera de las zonas donde viven, trabajan o estudian. La reforma busca responder con más oferta, menos discrecionalidad local y mayor previsibilidad para desarrolladores.

En Florida el costo de vivir se volvió un problema político central. DeSantis apuesta a que menos trabas se traduzcan en más unidades. Foto: collage Oficina del gobernador.

Para el sector inmobiliario, la ley ofrece un marco más claro. Para gobiernos locales, en cambio, implica menos margen para bloquear o demorar proyectos por reglas de zonificación. Esa es la tensión principal: desde Tallahassee, el gobierno estatal quiere acelerar viviendas, pero algunas ciudades defienden su control sobre los criterios de aprobación de los desarrollos inmobiliarios y cómo la altura, la densidad y el diseño urbano acaban impactando en sus condados.

La ley también incluye incentivos vinculados a viviendas para familias militares y ordena evaluar herramientas como financiamiento mezzanine o uso de casas pequeñas para necesidades habitacionales.

En un estado donde el costo de vivir se volvió un problema político central, DeSantis apuesta a que menos trabas locales se traduzcan en más unidades disponibles y precios menos asfixiantes.