El Gobierno oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) a través del Decreto 242/2026 publicado en el Boletín Oficial.

Es una herramienta que apunta a dinamizar proyectos productivos en todo el país y que, en el caso del agro, pone especial énfasis en el desarrollo de sistemas de riego.

La norma, firmada por el Presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que podrán acceder al régimen las micro, pequeñas y medianas empresas que realicen inversiones productivas en un plazo de hasta dos años desde su reglamentación operativa.

Dentro de ese universo, uno de los puntos más relevantes para el sector agropecuario es la inclusión de los sistemas y equipos de riego como bienes alcanzados por los beneficios fiscales. El decreto define a estas inversiones como aquellas destinadas a mejorar la gestión del recurso hídrico, optimizar la distribución de agua y potenciar la productividad mediante tecnología de precisión.

En un contexto de creciente variabilidad climática y mayor presión sobre los recursos, la decisión oficial busca incentivar la incorporación de infraestructura que permita estabilizar rindes y reducir riesgos productivos. La apuesta por el riego tecnificado también se alinea con estrategias de intensificación sostenible, donde la eficiencia en el uso del agua se vuelve un factor determinante.

El régimen contempla tanto la adquisición como la instalación y el desarrollo de equipos nuevos amortizables, lo que abre oportunidades para proyectos de riego por goteo, aspersión o pivote central, entre otros sistemas. Además, incluye los gastos asociados a su implementación, lo que mejora la ecuación económica de este tipo de inversiones, habitualmente intensivas en capital.

Otro aspecto clave es que el beneficio fiscal se activa al momento de la “puesta en marcha” del proyecto, es decir, cuando el sistema comienza efectivamente a generar ingresos gravados. Esto otorga mayor flexibilidad a los productores, ya que no exige que toda la inversión esté operativa dentro del plazo de dos años, sino que permite completar los desarrollos en etapas.

Actualmente, en la Argentina se riegan 2,1 millones de hectáreas, pero el estudio identifica un potencial de al menos 7,5 millones de hectáreas que podrían incorporarse bajo sistemas modernos y eficientes, de acuerdo a un nuevo informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

Más allá del riego, el decreto también abarca inversiones en mallas antigranizo, bienes de capital, tecnología y genética animal, pero el foco hídrico marca una señal clara en términos de política productiva. En regiones con limitaciones de precipitaciones o alta variabilidad interanual, el acceso a estos incentivos podría acelerar la adopción de tecnología y cambiar la matriz productiva.

La reglamentación prevé además que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto con la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Energía, definan en los próximos 30 días los aspectos operativos para la implementación del régimen.