El Departamento de Defensa de Estados Unidos debe evaluar los recursos que necesita para supervisar la exposición de sus tropas a explosiones y sus posibles consecuencias. Esa es una de las principales conclusiones de un nuevo informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), que examinó la capacidad del Pentágono para controlar este riesgo dentro de las Fuerzas Armadas.

La exposición a explosiones puede acumularse con el tiempo. No se limita a situaciones de combate: también puede producirse durante entrenamientos militares, ejercicios con armas y disparos repetidos de artillería. El costo neurológico del entrenamiento para los soldados en servicio suele ser evaluado de forma periódica para preservar su salud.

Pero el dato más preocupante que señala el reporte de la GAO es que el Departamento de Defensa enfrenta dificultades para supervisar las evaluaciones cognitivas y registrar de forma adecuada la exposición de los miembros del servicio.

Para elaborar el informe, la GAO revisó las políticas del Departamento de Defensa, entrevistó a funcionarios y visitó cuatro instalaciones militares. Entre sus recomendaciones, pidió al secretario de Defensa que evalúe los recursos necesarios para cumplir con las evaluaciones cognitivas y los requisitos de seguimiento de la exposición a explosiones.

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Uno de los datos centrales corresponde al año fiscal 2025. Durante ese período, 198.161 nuevos miembros de las Fuerzas Armadas completaron evaluaciones cognitivas como parte de su incorporación al servicio militar.

La GAO revisó las políticas del Departamento de Defensa. Foto de archivo.

Sin embargo, funcionarios del Departamento de Defensa señalaron que la falta de personal y tecnología limita su capacidad para realizar estas pruebas y ampliar el programa. Al cierre del año fiscal 2025, el 86% de los militares considerados de alto riesgo, 119.479 de los 138.488, habían completado la evaluación.

Ninguna de las tres ramas militares alcanzó el objetivo de evaluar a todos los miembros de alto riesgo. El Ejército llegó al 87%, la Fuerza Aérea al 81% y la Armada al 59%, según informó Military.com.

El seguimiento de la exposición también presenta dificultades

El Departamento de Defensa señaló que ya comenzó a implementar un sistema centralizado para registrar estos casos, pero la GAO detectó limitaciones de recursos. Entre ellas aparece la falta de personal especializado en higiene industrial, necesario para controlar las condiciones de exposición.

El reclamo llega en medio de una creciente preocupación por los efectos de las explosiones sobre la salud mental y neurológica de los militares. La sobrepresión producida por estos eventos puede representar un riesgo para las tropas, incluso cuando la exposición ocurre durante actividades rutinarias.

La GAO pidió al secretario de Defensa que evaluara los recursos necesarios para cumplir con las evaluaciones cognitivas. Foto: AP Photo/Charles Dharapak, File.

En 2024, el Pentágono anunció nuevas políticas para reducir estos riesgos. Entre las medidas incluyó evaluaciones cognitivas para nuevos reclutas y mayores distancias de seguridad para los instructores durante el uso de determinadas armas.

Las conclusiones de la GAO también coinciden con un estudio que analizó 3,64 millones de notas clínicas de 10.000 veteranos. La investigación detectó una asociación entre la exposición ocupacional a explosiones militares y una mayor frecuencia de episodios de ira, agresión y violencia. Los investigadores aclararon que se trata de una asociación y no de una prueba de causalidad.

El informe de la GAO plantea así un desafío para el Pentágono: contar con los recursos y sistemas necesarios para identificar con mayor precisión cuánto están expuestos sus militares y mejorar el seguimiento de los posibles efectos sobre su salud.