A fines de los años 60, los argentinos éramos más ricos que los españoles. Pero desde entonces nuestro desempeño fue calamitoso: pasamos de ser un país próspero y con índices de pobreza bajísimos a uno donde, cuando asumió Javier Milei, el 70% de los niños vivía en la pobreza.

Se esgrimieron las más variadas hipótesis para explicar ese fracaso: algunas lo atribuían a una suerte de anomia social, otras a la inestabilidad macroeconómica, otros a una puja distributiva sin fin; hubo quienes inventaron el fantasma de la restricción externa, y otros señalaron un complot del resto del mundo por los que debíamos vivir con lo nuestro.

No vale la pena repasarlas todas -su cantidad lo haría imposible-, pero sobre todo porque la explicación resultó ser algo mucho más sencillo: simplemente habíamos prohibido el crecimiento. Lo hicimos prohibiendo toda actividad económica en la que teníamos potencial.

La ley de glaciares prohibió la minería; las provincias salmoneras prohibían la acuicultura; la actividad petrolera tuvo sus detractores mientras los ambientalistas bloqueaban el acceso a los pozos; el litio iba a arruinar las salinas; el ganado en pie no se podía exportar por sarasa; tampoco los cueros; propiedad intelectual para nuestras industrias y científicos, no; para las semillas tampoco, por eso la productividad en algodón, trigo y soja se rezagó respecto del mundo; navegar los ríos, no; importar bienes de capital usados, no; plantas de celulosa, no; turismo en el glaciar Perito Moreno, no; producir más yerba, no; conectar los pueblos por avión, no; internet satelital, no; cosechar sin autorización del INTA, no; vender productos industriales sin una autorización del INTI, que nunca llegaba o requería una coima, tampoco. Hasta les prohibimos a nuestros empresarios pymes exportar por correo postal.

Entonces, ¿por qué sorprende que no hayamos crecido? Lo verdaderamente insólito hubiera sido crecer con semejante cantidad de trabas. Por suerte, en 2023 la gente eligió el cambio, y ese cambio tiene como componente central justamente eliminar esas prohibiciones. Es un proceso en el que el gobierno está embarcado desde el comienzo de la gestión, pero que este año, de la mano del Congreso más reformista de la historia, necesita dar un paso decisivo.

La reforma a la Ley de Glaciares, aprobada en el Congreso la semana pasada, es un buen ejemplo del proceso de derrumbe de esas trabas, ya que permitirá el desarrollo de las minas de cobre, plata y oro más grandes del mundo, que insólitamente habíamos elegido ignorar.

Al tiempo que se votaba en el Congreso, el ministro Luis Caputo estimaba exportaciones mineras por 165.000 millones para los próximos 10 años. Un impacto similar, aunque en este caso sobre la producción agropecuaria y las economías regionales, tendría la derogación parcial de la Ley de Tierras 26.737 del kirchnerismo, que prohibió la compra y, por ende, limitó significativamente la inversión extranjera en el sector. El efecto más relevante no se daría tanto en la zona pampeana, hoy bien y eficientemente explotada, sino en tierras que requieren inversiones que el capital local no puede proveer.

Las trabas impuestas por la ley impiden asociaciones entre propietarios locales e inversores externos que podrían transformar la fisonomía del país. Repasemos las posibilidades que, según la Secretaría de Agricultura, se abrirían con la modificación propuesta a la Ley 26.737.

En el NEA, la derogación de la Ley de Tierras habilitaría el desarrollo foresto-industrial de manera radical. Como los procesadores de madera necesitan el control de la calidad del stock forestal, la inversión industrial viene de la mano de la adquisición de plantaciones de bosques implantados en una de las regiones más aptas del mundo.

Así se destrabaría el potencial para la construcción de dos plantas de celulosa Fluff/BSKP/DP, insumo para productos de higiene personal, con una inversión de 2.200 millones de dólares cada una; dos plantas de celulosa Kraftliner, para embalaje, cajas y bolsas de papel, de 1.500 millones cada una; inversiones por 300 millones en aserraderos para tabla, glulam, molduras, CLT y vigas estructurales; una biorrefinería para productos de alto valor agregado (lyocel, viscosa, biocomposites) de 2.500 millones; e infraestructura portuaria por 300 millones.

En total, el NEA, esto es, las provincias de Misiones, Entre Ríos y Corrientes, desbloquearían inversiones por 10.500 millones de dólares. En el Chaco las inversiones en algodón y un puerto en Barranqueras cambiará el potencial de la provincia y la podrían convertir en el nuevo centro logístico del norte del país.

El NOA, en particular las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, no sería ajeno al cambio. Allí se sumarían inversiones por un total de 320 millones de dólares en riego e industrialización en unas 100.000 hectáreas en productos tan diversos como arándanos, limones, ganadería o legumbres.

En la región pampeana, las inversiones podrían alcanzar casi 1.000 millones de dólares, distribuidos entre el desarrollo de la industria láctea, inversión en riego e infraestructura portuaria. De la provincia de Buenos Aires al norte de Santa Fé, la producción agrícola, y la ganadera podrán capitalizarse como nunca antes.

Cuyo sería uno de los grandes beneficiados, con una inyección de capital en actividades intensivas como el pistacho, los frutos secos y la industria olivícola. Se estima que esos recursos se destinarían al desarrollo de riego por goteo, reservorios de agua y plantas de procesamiento de agroproductos en más de 100.000 hectáreas, a las que se sumaría el desarrollo para la producción de forraje con riego para la ganadería.

La suma estimada de inversiones supera los 2.000 millones de dólares. Finalmente, la Patagonia: La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz verían una transformación radical en su fisonomía (Neuquén con la energía tiene de sobra). En un futuro no muy lejano, al viajar a la Patagonia no veremos la estepa a la que estamos acostumbrados, sino praderas verdes con rindes excepcionales producto de su larga exposición a la luz solar.

Las inversiones en desarrollo de tierras agrícolas con riego y en actividad ganadera involucrarían más de 150.000 hectáreas, a las que se añadirían inversiones en fruta fina y cultivos intensivos en valles fértiles por unas 20.000 hectáreas más, superando en conjunto los 1.000 millones de dólares.

En total, podríamos esperar inversiones por casi 15.000 millones que modificarían radicalmente el potencial productivo del país. Solo debemos dejar atrás los miedos y los intereses que nos habían condenado al pobrismo y la decadencia al que nos había llevado el kirchnerismo. Hoy es tiempo de reafirmar el desafío del progreso que este gobierno de Javier Milei desde el primer día. Argentina será próspera. ¡VLLC!