El gobierno de Estados Unidos avanza con una iniciativa que podría modificar de forma sustancial el acceso al sistema financiero. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que el gobierno de Donald Trump exigirá a los bancos recopilar datos sobre la ciudadanía y el estatus legal de las personas que abran cuentas y, eventualmente, de clientes actuales.

La medida se encuentra en etapa de preparación y podría implementarse a través de una orden ejecutiva que, según Bessent, “está en proceso”. Según informó CNBC, el funcionario sostuvo que las entidades financieras deberán cumplir si así lo establecen el Tesoro y los reguladores bancarios. “Si es su trabajo, es su trabajo”, afirmó durante el foro Invest in America en Washington.

Actualmente, en Estados Unidos no se requiere acreditar ciudadanía para abrir una cuenta bancaria. Las entidades sí deben verificar la identidad de sus clientes bajo las normas de “conozca a su cliente”, que buscan prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Estas regulaciones incluyen la recopilación de datos como el número de Seguridad Social o el ITIN, nombre, fecha de nacimiento y dirección.

Sin embargo, el gobierno considera que ese esquema resulta insuficiente. Bessent cuestionó que personas extranjeras puedan acceder al sistema bancario sin que se determine su situación migratoria. Para el funcionario, conocer el estatus legal de los clientes es clave para reforzar el control financiero.

En esa línea, legisladores del Partido Republicano ya impulsan propuestas en el Congreso. El senador Tom Cotton presentó un proyecto de ley para obligar a bancos y cooperativas de crédito a verificar que los titulares de cuentas sean ciudadanos, residentes permanentes o cuenten con una visa válida.

La medida podría implementarse a través de una orden ejecutiva que, según Bessent, “está en proceso”. Foto: Mattie Neretin/Bloomberg.

El plan, no obstante, enfrenta resistencias. Desde el sector bancario advierten sobre el impacto operativo y económico que implicaría la medida. Un análisis del American Action Forum estimó que el nuevo requisito podría generar entre 30 y 70 millones de horas adicionales de trabajo administrativo y costos que oscilarían entre 2.600 y 5.600 millones de dólares.

Problemas de la medida

También existen preocupaciones en torno a sus efectos sociales. Especialistas en políticas públicas sostienen que restringir el acceso al sistema bancario podría empujar a sectores vulnerables hacia una economía basada en efectivo. Esto dificultaría el pago de impuestos, reduciría las oportunidades de crecimiento económico y limitaría la inclusión financiera.

En la actualidad, muchos inmigrantes sin estatus legal acceden a cuentas bancarias mediante el uso del ITIN. Este mecanismo permite su integración parcial en el sistema económico formal. Según CNBC, la posible eliminación de esta vía genera inquietud entre organizaciones que promueven la inclusión financiera.

Bessent, sin embargo, mantiene una postura firme. “Los inmigrantes ilegales no tienen derecho a formar parte del sistema bancario”, afirmó.

Actualmente, en Estados Unidos no se requiere acreditar ciudadanía para abrir una cuenta bancaria. Foto: AP Photo/Michael Dwyer, File.

El debate recién comienza y anticipa tensiones entre control migratorio, inclusión financiera y el funcionamiento del sistema bancario en Estados Unidos.