Marta Pascual, la jueza que suspendió por 60 días la baja de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires, hace más de 35 años que está vinculada con áreas de niñez y adolescencia. Desde que recibió su título de abogada en la Universidad de La Plata (UNLP) sobre el ocaso de la década del ´80 comenzó a trabajar en temáticas de vulnerabilidad entre niños. Esa impronta llegó hasta el despacho de quien entonces era responsable de las políticas sociales de la Provincia, Hilda González de Duhalde, quien la acercó a la función pública. La esposa del gobernador Eduardo Duhalde (1991-1999) la designó durante sus dos gestiones en la repartición que se encargaba de las cuestiones de minoridad y adolescencia.

Pascual estuvo a la par de “Chiche” Duhalde quien mantuvo una sociedad marital y política en la década del 90 y se hizo cargo primero, del área social de la provincia de Buenos Aires a través del Consejo Provincial del Menor y la Familia, y luego del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano. Sobre el final fue designada ministra de Desarrollo Humano.

En todo ese recorrido, Pascual se encargó de los centros de contención, los institutos y los refugios para niños y adolescentes que funcionan en la Provincia. Tuvo intensos cruces con jueces que promovían en los años finales del duhaldismo -cuando ya estaba al tope de las preocupaciones el problema de la inseguridad ciudadana- sanciones contra menores que quedaron atravesados por hechos delictivos.

Duhalde siempre retribuyó bien a sus colaboradores fieles. Muchos de ellos terminaron con un asiento en un despacho del Poder Judicial provincial. Y a Pascual la Legislatura le aprobó el pliego para acceder a un juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, el fuero que interviene en hechos donde los menores de 18 (o de 16, según los casos) quedan imputados por delitos penales en la Provincia. Fue cuando comenzó este siglo y ya el duhaldismo se retiraba de los cargos formales en Buenos Aires.

En el ambiente judicial, Pascual es considerada parte del “sistema”. Es decir: mantiene los contactos y la cercanía con los actores políticos de la Provincia como para permanecer sin inconvenientes en su puesto. Esto incluye oficialismos y oposiciones.

En la entrega del diploma honorífico estuvo el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, secretario del PJ bonaerense, diputado provincial por Fuerza Patria y hombre de consulta de Axel Kicillof en temas legislativos. Y también el rector de la UNAB, Pablo Domenicchini, hasta hace unos meses presidente de un órgano de la UCR provincial.

Desde el estrado judicial siguió con tareas y acciones que excedían los límites de los códigos y las sentencias.

Tanto que hace un año recibió una distinción de la Universidad Nacional de Almirante Brown (UNAB). Pascual, presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único y jueza del juzgado 2 de Lomas de Zamora, recibió el Doctorado Honoris Causa “por su compromiso con las infancias vulneradas y su labor en la protección de los Derechos Humanos”.

“Soy hija de la universidad pública”, dijo el 14 de agosto de 2025, cuando le entregaron la condecoración. Recordó relatos y anécdotas sobre los hechos que marcaron su vocación por las infancias y los más vulnerables. “Siento alegría, siento emoción, acá está presente toda mi vida”, enfatizó.

Pascual dirige la carrera de Especialización en Derecho de la familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), fue docente en varias universidades nacionales e internacionales, publicó más de 30 trabajos especializados, y participó como conferencista y jurado en congresos internacionales sobre justicia restaurativa y derechos humanos.

Entre los argumentos para concederle el título, la UNAB enumeró “el desarrollo e impulso del programa innovador llamado "Involucrados".”. Una iniciativa que articula el trabajo del Poder Judicial con el municipio de Almirante Brown y la propia universidad para buscar alternativas al encierro, “logrando que los jóvenes reparen el daño causado y se revinculen positivamente con su comunidad”.

Y también la creación de proyectos comunitarios de inserción como la Red de Potreros Digitales, orientada a capacitar en tecnología a adolescentes en situaciones de alta vulnerabilidad.

Un funcionario que tiene relación con el fuero penal de Lomas de Zamora dijo a Clarín que “Pascual no puede ser encuadrada dentro del sector de la justicia garantista. Es estricta y hubo casos donde firmó sentencias duras”.

Explicó que “conoce como pocos el ambiente de minoridad y está convencida de que no puede aplicarse el cambio que impone la ley sin organizar una estructura que permita el alojamiento y el resguardo de los menores en conflicto con la ley”.

También reconocen en otros ámbitos cercanos a los derechos humanos que Pascual "se preocupa bastante por los pibes. En los centros de su jurisdicción controla mucho que no se vulneren los derechos".

PS