El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenó la publicación oficial de más de 170.000 páginas de documentos archivados que detallan los niveles reales de contaminación ambiental en la Zona Cero durante los meses posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

https://t.co/xo8PaNzlap
Mayor Mamdani Holds Press Conference to Make a 9/11-Related Announcement

— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 8, 2026

La divulgación masiva, realizada a través de un portal digital público, coincide con la conmemoración del 25 aniversario del ataque al World Trade Center e interrumpe más de dos décadas de secreto institucional sobre las toxinas liberadas en el Bajo Manhattan.

Impacto y datos clave de la desclasificación

Para concretar la apertura de estos registros, la administración municipal destinó una partida de 34,2 millones de dólares dentro del presupuesto del año fiscal 2027. Según el New York Times, La documentación abarca un compendio de informes técnicos sobre la calidad del aire, registros de contaminantes y correspondencia interna entre dependencias municipales que permanecieron guardados en 68 cajas dentro de una oficina pública hasta su hallazgo a mediados del año pasado.

On 9/11, FDNY first responders answered the call when New Yorkers needed them most. Day after day, they returned to Ground Zero to search for survivors through smoke and debris.

Their sacrifice came at a staggering cost. In the years since, our city has lost more than 600 FDNY… pic.twitter.com/yrZYkeTVmX

— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 2, 2026

El alcance de los datos revela que más de 400.000 personas estuvieron expuestas a concentraciones elevadas de asbesto, benceno y metales pesados en los alrededores del complejo colapsado. Los reportes médicos oficiales indican que el número de fallecidos por enfermedades derivadas de la inhalación de humo y polvo tóxico supera hoy las casi 3.000 víctimas fatales de la jornada del atentado.

Tan solo en el Departamento de Bomberos de Nueva York, más de 12.000 integrantes han recibido diagnósticos y certificaciones por afecciones pulmonares, cardíacas, psiquiátricas y diversos tipos de cáncer vinculados de forma directa con las labores de rescate y limpieza en el sitio.

Antecedentes y encubrimiento oficial en la Zona Cero

Durante los meses inmediatamente posteriores al colapso de las Torres Gemelas, las autoridades locales y federales aseguraron de manera reiterada a la ciudadanía que el entorno era seguro para el retorno a las actividades cotidianas. Sin embargo, las auditorías de laboratorio y los muestreos ambientales realizados entre fines de 2001 y mediados de 2002 demostraron la presencia de asbesto en niveles superiores a los límites permitidos hasta en un radio de 800 metros del epicentro.

Vista general de los escombros en el World Trade Center tras el atentado del 11 de septiembre de 2001. Foto: Andrea Booher/FEMA

Edificios residenciales y comerciales, como el número 15 de John Street y la estructura del Deutsche Bank en el 130 de Liberty Street, mostraron presencia sistemática de fibras cancerígenas, hongos y metales pesados en fachada, techos y conductos de ventilación casi un año después de los ataques.

Los documentos desclasificados exponen la brecha entre la comunicación pública y los análisis internos de la alcaldía. Entre los folios publicados figura el denominado "memorando de Harding", un reporte reservado donde los asesores legales de la ciudad evaluaban la responsabilidad civil y financiera ante eventuales reclamos masivos por daños a la salud.

El Memorando Harding (o "Harding Memo") es un documento interno del gobierno de la ciudad de Nueva York de gran importancia, fechado en octubre de 2001, que demostró que los líderes municipales preveían en privado demandas masivas por exposición a sustancias tóxicas durante las semanas inmediatamente posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre, aun cuando aseguraban públicamente a los residentes y trabajadores que el aire en los alrededores de la Zona Cero era seguro. Foto: CBS

A pesar de los informes del Departamento de Protección Ambiental sobre el incremento constante de benceno en el aire y la dispersión de partículas tóxicas en el vertedero de Fresh Kills, referentes gubernamentales de la época, entre ellos la administradora de la EPA Christine Todd Whitman y los exalcaldes Rudolph Giuliani y Michael Bloomberg, sostuvieron la narrativa de que la calidad del aire se mantenía dentro de los estándares aceptables.

Repercusiones socioeconómicas, judiciales y el testimonio de los afectados

La apertura completa de los archivos culmina una batalla legal iniciada por la organización 9/11 Health Watch y modifica de forma sustancial el escenario de disputas judiciales para las víctimas. Especialistas en derecho ambiental anticipan que la disponibilidad de estas 170.000 páginas servirá como prueba fundamental para respaldar nuevas demandas contra el ayuntamiento y acelerar los reclamos de asistencia financiera ante el Fondo de Compensación para las Víctimas del 11-S.

A su vez, exfuncionarios de la época como el congresista Jerrold Nadler señalaron que la prisa institucional por reactivar el centro financiero de Wall Street llevó a desatender los controles sanitarios en espacios cerrados y a delegar la descontaminación en los propios administradores de los inmuebles.

El costo humano del encubrimiento se evidencia en los testimonios de los sobrevivientes que habitaron el área. Marisa Ramírez de Arellano, de 80 años y residente de Rector Place en 2001, recuerda haber guardado muestras del polvo que cubría su apartamento antes de ser evacuada. A lo largo de las últimas dos décadas debió someterse a tratamientos pulmonares intensivos con esteroides producto de los daños respiratorios, tras haber confiado en las indicaciones oficiales que la autorizaban a regresar a su hogar.

Una perspectiva similar aporta Denise Verzi, viuda de Michael Verzi, un bombero neoyorquino que falleció en 2022 a causa de un linfoma desarrollado tras sus jornadas de trabajo en la montaña de escombros. Verzi remarcó que el conocimiento previo de las concentraciones reales de productos químicos habría permitido a los socorristas utilizar equipos de protección adecuados y cuestionó la decisión de las autoridades de ocultar los registros durante un cuarto de siglo mientras miles de personas continuaban enfermando.