La expareja del consultor político Fernando Cerimedo, la abogada boliviana Nadia Beller, rarificó que declarará como testigo ante la fiscalía de Franco Picardi en el caso por supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y que su testimonio será canalizado por las autoridades de Bolivia. "Como ya había manifestado públicamente mi voluntad de colaborar con la Justicia y, por sobre todo, porque soy respetuosa de la ley, asistiré a la convocatoria y prestaré mi declaración ante el Ministerio Público argentino", escribió Beller en sus redes sociales.
Beller también publicó la orden de citación, que prevé su declaración para el próximo 23 de septiembre en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, como parte de un caso por defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita y cohecho en la oficina que dirigía Diego Spagnuolo y en la que había trabajado la exesposa de Cerimedo.
"La ANDIS funcionó como un centro de operaciones para la canalización de pagos indebidos a determinadas empresas que, a su vez, poseían acuerdos entre sí para la distribución de ganancias", señala el documento compartido por Beller en redes.
La joven, víctima de un atentado por el que está detenido Cerimedo, y del que pudo salvar su vida, declaró que su ahora expareja le hizo comentarios sobre presunta corrupción en Argentina y que estaba dispuesta a presentar las grabaciones de esas conversaciones si las autoridades de dicho país lo requerían.
Cerimedo está detenido en Bolivia desde el 18 de agosto y enfrenta una investigación por intento de feminicidio contra Beller, además de otra causa por presunto enriquecimiento ilícito, por la que el martes fue trasladado de un penal en Santa Cruz a otro en el altiplano de La Paz.
También enfrenta una tercera causa por presunta violencia de género contra Beller, por hechos que habrían ocurrido en julio.
En septiembre de 2025, Cerimedo declaró ante la Justicia argentina en la causa que investiga un supuesto esquema de sobornos en ANDIS, uno de los grandes escándalos del gobierno de Milei, y aportó información que apunta a la autenticidad de las grabaciones que desataron el caso.
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