El senador del PRO y ex ministro de Seguridad Guillermo Montenegro advirtió que el fallo de la jueza Marta Pascual que suspendió durante 60 días la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires “es una trampa” que podría terminar extendiendo la medida más allá de ese plazo.

“Es una trampa para extender el miércoles la suspensión de la ley por más de 60 días”, sostuvo Montenegro, en referencia a la audiencia convocada para el próximo miércoles por la jueza de Lomas de Zamora.

Pascual citó a esa audiencia al Gobierno de Axel Kicillof para que explique si la Provincia cuenta con capacidad suficiente para albergar a una eventual mayor cantidad de jóvenes detenidos por delitos graves. Si la respuesta oficial fuera negativa, la magistrada podría disponer una extensión de la suspensión de la ley.

Montenegro cuestionó duramente esa posibilidad y pidió el jury de la jueza, a quien acusó de haber incurrido en prejuzgamiento y de haber dictado su polémico fallo sin aportar datos suficientes que justifiquen una suspensión de alcance provincial.

“Hay un grupo en la provincia de Buenos Aires que está pensando en cómo proteger al delincuente”, afirmó Montenegro en el programa Dato sobre Dato, de Ecomedios, en una referencia al gobierno de Kicillof y a la Comisión Provincial por la Memoria, que preside el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El senador sostuvo que el problema central está en “un exceso de la jueza Pascual en su función”. Y agregó: “Ella tiene que hacer cumplir la ley, no opinar sobre la ley. Carece de fundamento objetivo, no tiene datos y decide que no se aplique en toda la provincia”.

Montenegro cuestionó además que la magistrada haya tomado como referencia la situación del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para adoptar una decisión que alcanza a todo el territorio bonaerense.

“Da por supuesto que el resto de la provincia de Buenos Aires tiene el mismo problema que Lomas de Zamora. La jueza, por más que no esté de acuerdo con una ley, no la puede dejar de aplicar de esa manera”, sostuvo.

Y agregó: “Hay un exceso en lo que la jueza plantea con su función. Un juez no puede decir que una ley no se aplica porque no están dadas las condiciones. Está mal”.

Para el ex intendente de Mar del Plata, la resolución judicial “pone en crisis una política criminal” y genera una situación de “gravedad institucional”.

“La jueza Pascual no aplica la ley por 60 días porque entiende que en toda la provincia no están dadas las condiciones. Y no es así. Lo que genera es una gravedad institucional”, afirmó Montenegro.

Los números de Lomas de Zamora

La jueza Pascual fundamentó su decisión en buena medida en la situación que atraviesa el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, uno de los distritos judiciales más importantes y populosos de la provincia.

En ese contexto, los datos oficiales permiten dimensionar cuál es el universo de menores que durante 2025 estuvo vinculado a investigaciones penales juveniles en ese departamento.

Según un informe elaborado por el Departamento de Estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, con datos extraídos del Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP), durante 2025 fueron registradas 2.183 personas dentro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora. La procuración la dirige Julio Conte Grand.

De ese universo, 1.734 eran menores de 18 años.

La distribución por edades muestra que 220 tenían menos de 14 años, mientras que 481 tenían entre 14 y 15 años y 1.033 entre 16 y 17 años.

El dato adquiere particular relevancia a partir de la resolución de Pascual, que dispuso suspender durante 60 días la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil en toda la provincia de Buenos Aires.

La estadística permite observar que, solamente en Lomas de Zamora, el sistema judicial registró durante un año a 220 niños y niñas menores de 14 años vinculados a investigaciones penales juveniles.

El informe también muestra que la problemática no se concentra exclusivamente en los adolescentes de mayor edad. Dentro de los 1.734 menores de 18 años identificados en 2025, casi medio millar tenía entre 14 y 15 años.

La discusión que deberá afrontar la Justicia el miércoles, entonces, no se limita al caso de Lomas de Zamora. En esa audiencia quedará planteada una cuestión de mayor alcance: si la Provincia cuenta con la infraestructura necesaria para aplicar la nueva legislación penal juvenil o si, por el contrario, las deficiencias en el sistema de alojamiento y contención justifican mantener suspendida la ley.

Para Montenegro, esa decisión no puede quedar en manos de una interpretación judicial que, según su planteo, termine modificando en los hechos una política criminal definida por el Poder Legislativo.