Tras ser condenado a dos años y nueve meses de prisión por el desvío de fondos públicos del programa de construcción de viviendas Sueños Compartidos, Sergio Schoklender, se defendió ante los medios y acusó a Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo, de desviar dinero de la Fundación para diversas campañas políticas.

"Hebe estaba casada con Parrilli, con Cristina Kirchner, todo un entorno que la adulaba y ella veía todos los disparates que decían y más aún aportaba para campañas políticas, en carteles, sonido y otras cosas. Lo aportaba desde la única caja que había de la Fundación", dijo quien era junto a su hermano Pablo uno de los apoderados de Sueños Compartidos, el programa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que construía viviendas.

A partir de ello, Schoklender aseguró en diálogo con El Observador que "desde el punto de vista de la Fundación hay un desvío de fondos" que lo hizo "Hebe para sus campañas políticas". Pero afirmó también que no había delito desde el lado del Estado nacional "porque era plata que ya había ingresado a la Fundación por obras que ya había realizado".

A su vez negó irregularidades en los obradores y remarcó el papel que tuvo Amado Boudou en lo que fue el derrumbe final de la Fundación: "López, De Vido y Boudou la convencen a Hebe para que le ceda todo el manejo de las obras al Movimiento Evita de Emilio Pérsico. De la noche a la mañana, lo que eran trabajadores formales con sueldo y obra social pasaron a ser miembros de una de estas organizaciones piqueteras cobrando una beca. Pusieron a dos contadores que respondían a Boudou y desmantelaron la Fundación. Nosotros hicimos la denuncia, se armó una causa que pedí que tramitara con esto".

"Hebe terminó con la cabeza llena por toda esta runfla de atorrantes", agregó Schoklender, quien dijo que no volvió a hablar ni con la referente de las Madres ni con su hermano Pablo. "No hablé con nadie, con Hebe nunca más, por supuesto, vamos por caminos separados en la vida", cerró.

Sobre el juicio por el que fue condenado junto a José López, el exfuncionario de Planificación Abel Fatala y su hermano Pablo, Schoklender acusó a la jueza Adriana Palliotti de tener únicamente como preocupación "que la causa no prescribiese".

La causa comenzó en 2011 tras una investigación de Clarín y el veredicto se dio al filo de la prescripción tras 15 años de expediente. Es que este martes se cumplía el último plazo que interrumpía esa situación que fue la citación a juicio oral. De hecho, el tribunal rechazó planteos de las defensas para declarar prescripta la causa.

"Lo que hace esta jueza, más allá del disparate que hizo durante todas las audiencias protegiendo a la fiscalía y a sus testigos, es presionar al perito oficial de la Corte y este tipo termina presentando una pericia con toda documentación adulterada y clasificada, por lo cual hay una denuncia penal presentada", afirmó.

Dijo también que "se pudo demostrar" que mientras él estuvo a cargo de la Fundación como apoderado, "la totalidad de las obras comprometidas hasta sea fecha se hicieron" y que "no hubo un solo sobreprecio, ni una sola certificación ni factura trucha, que los pagos se recibieron después de realizadas las obras". Y acusó al fiscal de utilizar una IA para que elabore una acusación, pero que lo hizo con esa pericia que según él fue falsificada.

"Está probado que está falsificado. Presentaron la pericia, un certificado de obra en Santiago del Estero, donde dice que no está presente la firma del funcionario público. Nos sorprendió, fuimos a buscar el expediente original y descubrimos que habían escaneado tapando la parte de la firma del funcionario público. Esa pericia la utiliza el fiscal en esta IA. El problema del uso de que esta IA emita dictamen es que si le cargás basura emite basura", justificó.

Además, aseguró que "todos los funcionarios pedían coimas, pero a ninguno se le dio un mango", que "no hubo un puto faltante de dinero" y que los que lo acusan dicen que eso sí ocurrió "porque pudieron encontrar a través de un informe del Banco Central que había un montón de cheques de la Fundación que habían terminado en cuevas, en empresa agropecuarias y demás".

"Primero que era plata de la Fundación, no del Gobierno, tenían muchos ingresos que no eran solamente Sueños Compartidos. Resulta que las defensas comenzaron a investigar cada uno de los cheques, descubrieron que eran cheques que la fundación le pagaba a los proveedores. Lo que hacían los proveedores, como el 99% hace, van y lo cambian en una cueva, pero todos los cheques estaban dirigidos a proveedores", explicó.

Cuando le consultaron quiénes eran específicamente los que pedían coimas en Sueños Compartidos, Schoklender apuntó a intendentes, a López y a De Vido, de quien dijo que "está muy tranquilo en su quinta con sus palomas y su familia disfrutando de los miles y miles de millones de dólares que saquearon de obras públicas".

Sergio Schoklender fue condenado este lunes por el Tribunal Oral Federal 5 luego de casi 15 años desde el inicio de la causa. Su hermano Pablo recibió también una condena de dos años y cuatro meses, mientras que López y Fatala recibieron una pena de dos años y nueve meses de prisión. En tanto, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue absuelto.

Las penas son de cumplimiento condicional por lo que no irán a la cárcel. Los condenados deberán cumplir una serie de reglas de conducta.

Los jueces, que dictaron la sentencia por mayoría, los encontró responsables como coautores a López y Fatala y como partícipes necesarios a los hermanos del delito de administración fraudulenta agravada por ser cometida contra la administración pública. Los exfuncionarios también fueron condenados a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Además de De Vido fueron absueltos el ex presidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero, Daniel Nasif, la exfuncionaria de Jefatura de Gabinete de Santiago del Estero, Silvia Nasif y los exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal, Carlos Castellano y Claudio Freidin. Hebe de Bonafini, entonces titular de Madres de Plaza de Mayo, había sido enviada a juicio oral, pero falleció en 2022.

Juntos con las condenas, el tribunal dispuso que una vez que el veredicto quede firme los condenados tengan que devolver los más de 200 millones de pesos que se consideró que fueron desviados del estado nacional. Pero esa cifra debe ser actualizada por inflación.

D.D.