El Gobierno se expresó este martes respecto al caso de Manuel Adorni, quien presentó en la Justicia un descargo para justificar su patrimonio con cuentas y cálculos basados en sus propias declaraciones juradas, donde buscó fundamental la aparición de más de medio millón de dólares en efectivo alegando que realizó inversiones tempranas en Bitcoin entre 2014 y 2018.

"En relación a Manuel Adorni es una persona que no forma parte de este Gobierno, todo lo relativo a la pregunta está en manos de la Justicia. Al respecto no vamos a agregar más información. Esperaremos que la Justicia hable", manifestó el vocero presidencial Adrián Ravier.

De esta forma escueta, el funcionario nacional evitó referirse a las controversias sobre el ex Jefe de Gabinete, quien presentó un escrito de 78 páginas ante el juez Ariel Lijo. La Justicia investiga la evolución de su patrimonio entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.

Ravier también aprovechó para desligar del caso Adorni a los proyectos de Inocencia Fiscal I y II, junto con los blanqueos, que aseguró buscan que las personas depositen sus ahorros en negro en los bancos.

"Seguimos pensando que es una ley fundamental (Inocencia Fiscal II), no vamos a mezclarlo con el tema Adorni, que es un tema que continuará en la Justicia y no vamos a expresarnos más al respecto", sentenció.

Las palabras del vocero presidencial fueron las únicas que se conocen, hasta el momento, sobre el caso Adorni, en medio del llamativo silencio en redes sociales por parte del presidente Javier Milei, quien no salió a respaldar a su ex funcionario.

Nueva foto de reunión de Mesa Política con Adorni en la cabecera.

Adorni buscó justificar su patrminio ante el juez Lijo con una presentación sobre los puntos centrales cuestionados por la Justicia, desde un incremento patrimonial del 119% y números inconsistentes hasta cifras sin sustento documental y tenencia de dólares sin respaldo

“Adelanto desde ya que, según se demostrará, la evolución patrimonial de Manuel Adorni durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”, indica el escrito presentado ante la Justicia.