El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que establece un impuesto del 25% sobre los ingresos brutos de los centros de detención privados del estado. La medida alcanza a las instalaciones que tienen contratos con el gobierno federal, estatal o local y representa un nuevo enfrentamiento con la política migratoria del presidente Donald Trump.

Según informó Fox News, Newsom presentó la iniciativa como una respuesta a la privatización de la aplicación de las leyes migratorias federales. "Si no podemos expulsar a las instalaciones privadas, iremos tras sus ganancias", afirmó el gobernador en un comunicado.

La norma corresponde al proyecto AB 1633 y fue una de las leyes que Newsom firmó esta semana. Según informó CalMatters, la legislación establece la Ley de Impuestos a los Centros de Detención Privados, que comenzará a regir el 1 de julio de 2028.

El impuesto tendrá carácter anual y equivaldrá al 25% de los ingresos brutos obtenidos por cada operador durante el ejercicio fiscal anterior. El dinero recaudado será depositado en el Fondo de Debido Proceso para Todos, creado por la ley en la Tesorería Estatal. Los recursos deberán destinarse, una vez asignados por la Legislatura, a servicios relacionados con inmigración.

California cuenta con ocho centros de detención de ICE y todos tienen gestión privada, según los datos citados por Fox News. GEO Group posee cinco instalaciones y una pertenece a Imperial Valley Gateway Center. El Departamento de Seguridad Nacional adquirió otras dos en julio, aunque ambas continúan bajo administración de CoreCivic.

Newsom impone un impuesto del 25% a los centros de detención privados. Foto: AP Photo/Rich Pedroncelli.

Qué dicen los especialistas

La nueva norma genera dudas sobre el futuro de esas instalaciones y sobre la capacidad del gobierno federal para mantener su infraestructura de detención en California. Hans von Spakovsky, investigador jurídico sénior de Advancing American Freedom, sostuvo que el impuesto podría llevar a los operadores privados a abandonar sus contratos.

"Está muy claro que este gigantesco aumento de impuestos en California tiene un único propósito", afirmó Spakovsky a Fox News Digital. Según su análisis, el gobierno federal podría buscar propiedades de su propia jurisdicción para convertirlas en centros de detención, como almacenes o espacios de oficinas.

El especialista también señaló otra posibilidad. Si California deja de ofrecer suficiente espacio, el gobierno federal podría recurrir a estados vecinos. "Iría a Arizona. Posiblemente iría a Nevada", sostuvo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que establece un impuesto del 25% sobre los ingresos brutos de los centros de detención privados del estado. Foto: REUTERS/Leah Millis/File Photo.

Spakovsky explicó que ICE depende en parte de contratistas privados para evitar los costos asociados con la construcción de instalaciones propias. Según los datos que citó, el organismo tiene capacidad para albergar a unos 66.000 extranjeros en todo Estados Unidos.

Newsom también firmó otras medidas relacionadas con las operaciones migratorias. "También estamos prohibiendo la práctica orwelliana de usar guantes con descargas eléctricas en las actividades de aplicación de la ley", afirmó el gobernador.

La nueva legislación entrará en vigor el 1 de julio de 2028. Para entonces, el segundo mandato de Trump estará en su último año y el gobierno federal deberá evaluar cómo mantener su capacidad de detención frente a las nuevas restricciones en California.