Más allá de la disputa electoral por la presidencia de Brasil, que se definirá en balotaje el 25 de octubre, tanto Luiz Inácio Lula da Silva como Flávio Bolsonaro colocaron a los minerales estratégicos dentro de sus programas económicos, aunque con instrumentos diferentes.

Lula llega a la segunda vuelta con una política recién estrenada. El 16 de septiembre sancionó la ley 15.506, que creó la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos y un consejo específico, dependiente de la Presidencia, para coordinarla. El objetivo es que Brasil no se limite a extraer recursos: la norma alcanza la exploración y explotación, pero también el procesamiento, la transformación industrial y hasta el reciclado de minerales.

La estrategia incluye el Fondo de Garantía de la Actividad Mineral (FGAM), un fondo para financiar proyectos mineros de hasta 2.000 millones de reales. También, prioriza la incorporación de etapas de la cadena productiva dentro de Brasil y contempla el uso de proveedores y trabajadores locales, además de inversiones en investigación, desarrollo e innovación.

El programa de Flávio Bolsonaro coincide en un punto central: Brasil tampoco debería limitarse a exportar materia prima y apunta a desarrollar litio, niobio, grafito, níquel, uranio y tierras raras.

La diferencia aparece en los instrumentos: propone que el Estado actúe como “regulador y coordinador, no como empresario” -según dice su Programa de Gobierno-, promueve mayor participación privada y más capital y tecnología extranjeros, con procesos más rápidos para la obtención de derechos mineros.

La discusión se monta sobre una estructura minera que ya tiene una escala diferente a la argentina. Minas Gerais es uno de sus principales centros: allí conviven la minería tradicional de hierro y grandes compañías como Vale con nuevos desarrollos vinculados a litio, tierras raras y otros minerales estratégicos. Además, tiene una presencia relevante en potasio, un mineral clave para la producción de fertilizantes y la seguridad alimentaria.

A las grandes compañías se suma una red de empresas brasileñas de menor escala. En el sector minero argentino describen una clase empresarial brasileña fuerte, integrada por compañías medianas y pequeñas que incluso tiene mayor peso que los sindicatos. También señalan entre las características del mercado una política de protección de la inversión, tanto nacional como extranjera.

La nueva ley de Lula incorpora esa convivencia entre capital local y extranjero, aunque prevé mecanismos de revisión ante cambios de control societario o participación relevante de empresas extranjeras en compañías titulares de derechos sobre minerales críticos y estratégicos.

En tanto, Estados Unidos y China buscan asegurar el abastecimiento de minerales utilizados en baterías, redes eléctricas, vehículos, centros de datos y defensa. Brasil reúne varios de esos recursos y mantiene una fuerte relación comercial con China, al tiempo que busca inversiones y acuerdos con empresas occidentales.

Ahí aparece también Argentina. Los dos países buscan inversiones en minerales críticos, aunque parten de estructuras diferentes. Argentina concentra buena parte de sus expectativas en el litio y en grandes proyectos de cobre, con un modelo más orientado a producir y exportar, y utiliza al RIGI como principal instrumento para atraer capital.