El reclamo de una huelga general que el sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid impulsa desde que plantó una acampada en la Puerta del Sol por la crítica situación de la vivienda en España ya tiene fecha: sería el 11 de noviembre, dos días antes de que arranque la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de ese mismo mes.

Es la fecha que proponen las dos organizaciones sindicales mayoritarias, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, y que acordarán con el resto de sindicatos en las próximas horas. Será la primera huelga general en España después de 14 años.

La propuesta de una huelga general, que al principio circulaba sólo como una intención en las protestas, se convirtió en un grito de batalla cuando el Congreso rechazó los decretos que el gobierno de Pedro Sánchez había aprobado para aliviar la tensión de los inquilinos.

Sánchez consideró que esa negativa parlamentaria planteaba un escenario político del que podría salir menos dañado si convocaba un adelanto de las elecciones generales.

Así lo anunció el lunes. El martes el Parlamento quedó disuelto y el calendario electoral establecido: habrá campaña electoral entre el 13 y el 27 de noviembre, el 28 será el día de reflexión y los españoles votarán el domingo 29.

Una nueva manifestación en Madrid este martes, en rechazo a los desalojos y la especulación con los alquileres. Foto: REUTERS

“Respetarlo”

Sobre la posibilidad de una huelga general, Sánchez dijo: “Es un derecho constitucional. No podemos hacer otra cosa como gobierno que respetarlo”.

“Asistimos a una situación inédita -señaló la ex ministra de Hacienda de Sánchez y actual directora de estrategia de la campaña electoral del PSOE, María Jesús Montero-. Habitualmente las huelgas generales se convocan contra los gobiernos, en este caso se convoca contra la oposición.”

Para Montero, el reclamo se produce “a raíz de que la oposición ha derribado el decreto de vivienda”.

En Barcelona también hubo protestas esta semana por la crisis de los alquileres. Foto: BLOOMBERG

¿Puede haber una huelga por la vivienda?

La huelga general que hace más de diez días propone el sindicato de inquilinas generó dudas ya que se la considera una potestad de los trabajadores y, para el empresariado, el reclamo que tiene movilizada a toda España “no es de naturaleza laboral”.

Desde la agrupación que lucha por el acceso a la vivienda y alquileres asequibles habían propuesto una “huelga general de alquileres”, pero incentivar que los inquilinos dejen de pagar la renta podría acarrear consecuencias perjudiciales para quienes adhieran.

“La ley dice que cuando se hace una huelga es como consecuencia de un conflicto laboral y yo creo que, sinceramente, lo que se está planteando ahora es una huelga que va en otro sentido”, dijo Antonio Garamendi, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), equivalente a la UIA en Argentina.

La respuesta del sindicato de inquilinas no se hizo esperar. Una de sus voceras, Valeria Racu, subraya que “esto no es simplemente una huelga política. Es una huelga que está directamente relacionada con las condiciones de los trabajadores”.

“No se puede separar la economía de la política -insiste-. Y el mercado de vivienda, al día de hoy, está intervenido con políticas públicas pero a favor de la especulación, no a favor del derecho a la vivienda.”

“Salarios, vivienda, carestía de la vida van de la mano y la huelga general va sobre todo ello a la vez”, dice Racu.

“No podemos obviar que la vivienda es el lugar donde se va todo nuestro salario -reclama la portavoz de los inquilinos-. ¿De qué sirve subir el salario mínimo interprofesional si lo que vemos es que la vivienda sube 3, 4 o 5 veces más que el salario mínimo interprofesional? Es el principal desagüe por donde se va la riqueza de la clase trabajadora. Entonces es una huelga directamente vinculada a la calidad de la clase trabajadora.”

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, llamó a elecciones anticipadas. Foto: REUTERS

Según ella, la huelga general “va a ser la gran herramienta con la que lograremos avanzar en derecho a la vivienda en este país”.

Los nuevos decretos

El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles los nuevos decretos que Pedro Sánchez aprobó con su gabinete y que, como el Parlamento está disuelto por el adelanto electoral, tendrán que ser convalidados por la Diputación Permanente, una representación de los partidos que integran el Congreso pero integrada por menos diputados.

En esta Diputación, los votos de los grupos parlamentarios que hicieron caer los primeros decretos de vivienda de Sánchez -Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya- no tienen el peso que sí ostentaron en las Cortes y es casi seguro que uno de los decretos será aprobado.

Es el que suspende los desalojos a inquilinos vulnerables hasta 203o y también prohíbe, hasta entonces, que grupos inmobiliarios compren casas y departamentos por debajo del valor de mercado para especular.

Activa la renovación automática de los contratos de alquiler vigentes que venzan hasta 2029 y ofrece ventajas impositivas a inquilinos y a propietarios que ofrezcan vivienda a precio asequible.

Establece, además, que los alquileres de temporada tributen IVA como una actividad comercial y habilita una línea de créditos inmobiliarios de hasta 50 mil euros sin interés.

Para el sindicato de inquilinas, éstas son medidas “de mínima”. Reclaman, en cambio, “cambios estructurales”.

“Y esos cambios estructurales se empiezan por una bajada drástica de los alquileres, por la expropiación de los fondos buitre y de los bancos que jamás tuvimos que haber rescatado con dinero público y, por supuesto, con los contratos indefinidos”, enumera la vocera Racu.

Mientras tanto, la acampada en la Puerta del Sol de Madrid reúne a unas dos mil carpas que resisten los chaparrones de este otoño en la capital.

La Comunidad de Madrid reclamó ante la Justicia su desalojo y la delegación del gobierno argumenta que no irá en contra del derecho a reunión de los ciudadanos.

El Tribunal Superior de Justicia resolverá en las próximas horas el desalojo o no de la acampada que lleva ya doce días.

Hace 14 años que España no vive una huelga general. La última fue en 2012, cuando el presidente del gobierno era Mariano Rajoy, del Partido Popular, y el reclamo era por su reforma laboral y el ajuste de sus políticas de austeridad.