Las resonancias del reciente fallo dictado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en el marco del juicio por YPF han puesto de manifiesto, entre otros aspectos, la muy valiosa actuación de los abogados del Estado Nacional.

La abogacía pública se refiere a la actividad que ejerce un cuerpo de profesionales del derecho en defensa y representación del Estado, ya sea en el ámbito nacional, provincial o municipal, a través de múltiples funciones como el asesoramiento preventivo, la representación judicial y el patrocinio letrado, la intervención en sumarios y el control de legalidad de la actividad administrativa.

A nivel provincial estas tareas son llevadas a cabo en la mayoría de los casos por al menos dos órganos (Fiscalía de Estado y Asesoría General de Gobierno), mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran concentradas en la Procuración General. A nivel nacional, la responsabilidad máxima recae en la Procuración del Tesoro de la Nación a la cual quedan reservadas las cuestiones de mayor trascendencia institucional, incluyendo los juicios que tramitan en el exterior y en los que es parte el Estado Nacional.

Este ha sido, precisamente, el caso del juicio derivado de la expropiación de YPF, que comenzó en 2015 y que viene siendo defendido por el citado organismo con coherencia y responsabilidad durante sucesivas gestiones de gobierno de diverso signo político.

Más allá de algunas posibles diferencias en el énfasis y formas de trabajo, lo cierto es que una de las claves del exitoso resultado ha sido la continuidad de las líneas argumentales de la defensa, en particular las vinculadas a la primacía del derecho público por encima de las previsiones estatutarias de la empresa petrolera, y la adecuada interpretación de la ley argentina que resultaba aplicable al caso.

Como bien se ha dicho, hubo en el caso una política de Estado como fruto de la actuación coherente y profesional de los abogados intervinientes. No podría soslayar, por cierto, el orgullo que sentimos en nuestra universidad porque varios de los protagonistas de esta historia son graduados y profesores de nuestra Facultad.

Tengo la plena convicción de que la gran mayoría de quienes integran la abogacía pública de nuestro país son profesionales competentes y responsables. Pero, para alcanzar un mejor y más pleno desenvolvimiento de esa función, siempre será necesario contar con un órgano cuya dirección se oriente genuinamente hacia la defensa del interés público, así como con un plan definido de gestión. Es preciso además que el propio Estado se ocupe de la capacitación permanente de su cuerpo de abogados, con políticas apropiadas de retribución, buenas prácticas profesionales y condiciones de trabajo.

La vigencia de concursos públicos para el ingreso y el diseño de una carrera administrativa basada en el mérito constituyen dos reaseguros para garantizar la calidad del organismo jurídico asesor y la idoneidad de sus integrantes.

Cuando muchas veces parece instalada en la consideración social una visión crítica acerca del rol de los abogados en general y del funcionamiento del sector público, este significativo éxito judicial en el caso YPF pone de relieve el talento y capacidad técnica de nuestra abogacía pública, así como la conveniencia de jerarquizar su funcionamiento para que alcance niveles de mayor excelencia.