Miles y miles de comunicaciones telefónicas fueron analizadas durante la instrucción del caso Cuadernos. Llamados entre funcionarios del Ministerio de Planificación con secretarios privados y empresarios proveedores del Estado de diversos rubros con un único fin: acordar cómo y cuándo se pagaban las coimas. Se analizaron en dos tramos puntuales del expediente: en la causa madre y en el tramo de la cartelización de la obra pública. Los responsables de llevar a cabo esa medida de prueba pedida por el juez Bonadio declararon este martes en el juicio a puertas cerradas: avalaron la legalidad del procedimiento y brindaron detalles de cómo se hizo el trabajo.

La causa principal condujo al banquillo de los acusados a 19 ex funcionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios, todos acusados por liderar, organizar o conformar -de acuerdo a cada caso- una asociación ilícita entre 2003 y 2015. Durante ese período, recaudaron sobornos de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.

Los cuadernos escritos por Oscar Centeno (ex chofer de Roberto Baratta) detallaban lugares de reunión, horarios y fechas de los encuentros entre empresarios y ex funcionarios para la entrega de las coimas. En algunas ocasiones, anotó cifras del dinero entregado. Aquellas anotaciones, fueron calificadas por el juez Bonadio como una “bitácora de la corrupción”.

Para corroborar la veracidad de esos encuentros el juzgado ordenó un entrecruzamiento de llamados telefónicos, un estudio sobre las celdas de las líneas asignadas a empresarios como a ex funcionarios. Eso permitiría determinar si coincidieron en las fechas y lugares detallados en las anotaciones de Centeno.

Desde la semana pasada, en el marco del juicio que cuenta con la intervención del Ministerio Público Fiscal representado por Fabiana León, se comenzó a tomar declaraciones testimoniales a personal de inteligencia de la Policía Federal Argentina, a quienes se les había encargado el estudio de entrecruzamiento de llamadas telefónicas.

Estas declaraciones testimoniales se realizan a puertas cerradas: sin publicar en vivo la audiencia, ya que se trata de personal de inteligencia de la Fuerza Federal cuya identidad deben mantenerse en resguardo.

Los testigos brindaron detalles respecto a la metodología de trabajo, los equipos tecnológicos utilizados para sus tareas. Se trata de una medida de prueba que, según explicó a Clarín una fuente judicial, puede calificarse como “muy heterogénea”, ya que a veces lo que se consultaba en el oficio judicial “era únicamente la frecuencia (de las comunicaciones), en otras ocasiones la titularidad de las líneas, y también otras comunicaciones efectivas entre abonados consignados en la orden judicial y las fechas detalladas en el mismo oficio”.

Según relataron los testigos ante el TOF 7, la Fiscalía, la querella y las defensas, el entrecruzamiento de llamados demandó mucho tiempo de trabajo. Se trató de “muchas líneas, una década de registros de comunicaciones”, ya que en algunas ocasiones se analizaron llamadas entre 2003 o 2008 hasta 2015. ¿La cifra final? Miles y miles de comunicaciones estudiadas.

En cuanto al método empleado, contaron qué equipos tecnológicos usaron y qué información les pidió el juez instructor, Claudio Bonadio: el detalle de líneas asignadas a las personas involucradas en la maniobra de corrupción, información requerida a las empresas prestatarias del servicio y el soporte técnico a organismos especializados.

Ante las consultas respecto a cómo era la tarea emprendida, los testigos -siempre a puerta cerrada en resguardo de la identidad del personal de inteligencia-, indicaron cómo se cargaba la información, las planillas utilizadas y el ingreso de todo a un software especial que permitía el entrecruzamiento de los datos recabados y el producido final de ese trabajo.

Fuentes judiciales indicaron a Clarín que la tarea detallada por los testigos, “le da veracidad a la metodología de trabajo, a cómo se confeccionó la prueba incorporada a la causa”. En otros términos: se despejaron aspectos técnicos para avalar el entrecruzamiento que permitió validar parte de las fechas y puntos de encuentros que figuraban en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta.

“Hay fechas de pagos en los que se registran llamadas. También en ventanas temporales -algunos días previos como después- coincidente con los períodos investigados”, explicó una fuente judicial a Clarín.

Se trata de líneas telefónicas de los imputados desde 2003 a 2008 y dependiendo el caso, se entiende en algunos ejemplos puntuales, hasta 2015. Eso permite dimensionar la cantidad de comunicaciones estudiadas.

Según pudo reconstruir Clarín de fuentes judiciales, los testigos indicaron que se trató de uno de los entrecruzamientos más grandes que tuvo a su cargo la Policía Federal.

La importancia de los testimonios

¿Cuál es la relevancia de estos testigos? Mientras algunas defensas cuestionan que ciertas líneas consignadas en los oficios judiciales no eran las correspondientes a ciertos imputados -cuando tenían más de una línea-, para el Ministerio Público desde la etapa de instrucción a la actualidad en instancia de juicio, esa medida de prueba “se constituyó en una corroboración objetiva, muy potente, de las anotaciones o de los dichos -por ejemplo- de Ernesto Clarens”.

El financista K se acogió a la figura del imputado colaborador en 2018. En el tramo del expediente conocido como la “camarita”, Clarens estimó que el caudal de dinero que se movió por este circuito de recaudación “bien pudo llegar a los 30 millones de dólares”.

Clarens brindó un listado de empresarios que iban a su financiera a verlo y a entregarle el dinero, en algunas ocasiones en moneda nacional y que él se encargaba de cambiar a dólares.

Esas comunicaciones fueron analizadas en el procedimiento explicado por el personal de PFA. “Hay coincidencias en las fechas señaladas y las conclusiones del entrecruzamiento telefónico”, indicaron fuentes de la causa.

La validez de esta medida de prueba se conforma a través de diversos elementos. Desde la “legalidad de la medida que nunca estuvo en duda”, esto es: los registros/listados telefónicos que fueron pedidos con orden judicial. También, se evaluó que el cruce de comunicaciones fue “ordenado por el juez”. Es decir que todo fue legal y no puede reprocharse.

Los testigos confirmaron el procedimiento que llevaron adelante tras recibir la información del juzgado y que “todo se hizo conforme a las reglas establecidas para este tipo de tareas”. Esto, explicaron fuentes judiciales, es clave para la validez de la medida de prueba.

Hubo cuestionamientos puntuales a lo largo de la audiencia. Por ejemplo, cuántos segundos son requeridos para considerar una comunicación como una llamada. Para algunos abogados, dos segundos no pueden ser considerados una comunicación mantenida entre dos partes.

Este aspecto, expresó una fuente, “es interpretación, porque la llamada puede ser solo "llegué ","abajo " y ser facturada como de 1 o 2 segundos”.

De esta manera, las declaraciones testimoniales de estas audiencias constituyen un elemento relevante para los hechos investigados y que el Ministerio Público a lo largo de la pesquisa, dio por corroborados.